La situación de inseguridad y violencia en México no amerita la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI), afirmó ayer Bernardo Sepúlveda Amor, vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
En noviembre de 2011, alrededor de 20 mil personas firmaron una demanda contra el Presidente Felipe Calderón, posteriormente presentada ante la CPI, para exigir que ese órgano internacional someta a juicio por diversos delitos a los responsables de la guerra contra el narcotráfico, incluidos capos y funcionarios.
Cuestionado sobre el tema, Sepúlveda aclaró que esa demanda "no ha sido resuelta ni tramitada siquiera por la CPI", y rechazó que México esté en una situación de completo desplome institucional.
"La CPI sólo interviene... si se han desplomado las instituciones judiciales, y el caso mexicano no es ese, es evidente que el Poder Judicial mexicano tiene competencia clara y eficacia evidente con relación a conocimiento de acusaciones relacionadas con derechos humanos en general, y eso incluye amenazas a periodistas o cualquier otra persona".
Sepúlveda, quien participa en la Cumbre de Cortes Supremas, Constitucionales y Regionales, es juez de la CIJ, que tiene su sede en La Haya y es el órgano de impartición de justicia de la ONU, mientras que la CPI tiene su propio estatuto e históricamente sólo ha intervenido en países en situación de guerra civil declarada o genocidio.
"La CPI en principio no tiene competencia para conocer asuntos, salvo en aquellas circunstancias que se demuestra clara y evidentemente la incapacidad de autoridades judiciales de cumplir su mandato legal", dijo en conferencia de prensa.
Sentencias de la CIDH
Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo sentirse "optimista" sobre el cumplimiento que México ha dado a las cinco condenas que ese tribunal dictó contra el País entre 2009 y 2010 por violación a derechos fundamentales.
"Tengo una percepción positiva y optimista", afirmó el juez en rueda de prensa, en el marco de la Cumbre de Cortes Supremas, Constitucionales y Regionales.
"Las sentencias de la Corte no son simples, tienen elementos de reparación que abarcan una serie de componentes que requieren mecanismos administrativos que son complejos".
En noviembre de 2009, la CIDH ordenó al Congreso reformar el Código de Justicia Militar, para que delitos cometidos por soldados contra civiles sean procesados por tribunales ordinarios. Esa orden no ha sido cumplida, aunque la Corte ya declaró que el código es inconstitucional.
García Sayán evadió responder de manera directa sobre un posible desacato del Legislativo mexicano a esa sentencia y tres más que reiteraron ese mandato, pero admitió que la CIDH no tiene medios coercitivos para forzar el cumplimiento de sus fallos, sólo supervisa el cumplimiento.
"La Corte no se limita a dictar sentencia, a diferencia de otros tribunales, (supervisa) directamente el cumplimiento de sus propias sentencias, y pide informes a las partes, y se genera una dinámica muy rica de diálogo a través de la cual a veces se llega a audiencias de supervisión de cumplimiento con buenos resultados.
"Siempre hay componentes que pueden hacer pensar que el vaso está medio vacío (en relación con el cumplimiento de México), pero básicamente está lleno.
"Hay un esfuerzo importante que hay que destacar y hay una dinámica similar en el resto de América Latina", agregó, al destacar que alrededor de 80 por ciento de las reparaciones económicas ordenadas por la Corte se cumplen.
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