En un capítulo más de la pugna entre la PGR y el Poder Judicial de la Federación, una juez federal suspendió los citatorios que fueron girados por la SEIDO para que ayer acudieran a declarar dos secretarios de juzgados especializados en medidas cautelares.
Martha Gabriela Sánchez Alonso, Juez Séptimo de Distrito en Amparo del DF, suspendió provisionalmente los citatorios a Moisés Ramírez Serrano y Edgardo Israel Vargas Pérez, secretarios de los juzgados Segundo y Cuarto Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada falló hace dos meses en su intento por conseguir órdenes de aprehensión contra dichos funcionarios, así como contra sus superiores jerárquicos, los jueces Osbaldo López García y Martín Adolfo Santos Pérez.
Buscaba detenerlos por revelación de secretos y obstaculización de la investigación de un hecho delictuoso o favorecer que un inculpado se sustraiga a la acción de la justicia, pues negaron órdenes de cateos a los domicilios de Efraín Cázares López, el juez del "Michaocanazo".
Una vez que esa solicitud de aprehensión fue negada, aunque está pendiente el fallo de la apelación, el pasado jueves María Magdalena Gante Navarro, fiscal de la SEIDO, citó a los secretarios para que comparecieran ayer a las 19:00 horas ante la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos.
Debían hacerlo dentro de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIARV/081/2012, iniciada por delincuencia organizada, aunque los detalles de los hechos indagados hasta ahora son desconocidos públicamente. Ramírez y Vargas se ampararon contra los citatorios y lograron congelarlos.
"Se concede la suspensión provisional a la parte quejosa, respecto de los citatorios de fecha 25 de octubre de 2012 o comparecencia o presentación, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para que la parte quejosa no se presente ante la autoridad ministerial, hasta en tanto se notifique la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva", resolvió la juez.
Fijó a los secretarios el pago de una garantía de mil 500 pesos para gozar de la suspensión.
Fuente: Reforma
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