Tan sólo ocho de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal consideran delito el lavadode dinero dentro de sus códigos penales estatales, situación que dificultará la aplicación de la recién aprobada ley antilavado.
Esa contradicción regulatoria también dificultará imponer las sanciones que contempla la legislación federal, advirtió Alejandro Lozano Curiel, presidente de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero.
Lozano Curiel dijo que los únicos estados que sí consideran ese delito son: Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Baja California Sur, Michoacán, Chiapas, Chihuahua y el Distrito Federal, lo que se traduce en que 24 estados no lo hacen.
Sumado a esto, el experto también criticó las contradicciones y errores del texto de la nueva Ley para la Prevención de Lavado de Dinero, promulgada el pasado 16 de octubre por el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.
"En compra de inmuebles o de automóviles", ejemplificó, "se habla de 200 mil pesos en efectivo para considerar una operación riesgosa y, en tarjetas departamentales, operaciones por 50 mil pesos, pero hay otras actividades en las que no se habla de límites, lo que podría dar lugar a que todos los actos contemplados pudieran excluirse o incluirse", afirmó.
La legislación también tiene términos ambiguos, como "podría ser sujeto", lo que despierta incertidumbre en su aplicación y puede dar pie a quejas, reclamos o hasta amparos.
La nueva ley considera la creación de una Unidad Especial de Análisis Financiero enfocada a la investigación de estos ilícitos, que estará en manos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Asimismo, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita considera también restricciones para el flujo de efectivo en operaciones monetarias y adquisición de bienes, particularmente la compra de autos de lujo, yates y aviones.
Las nuevas disposiciones establecen un sistema permanente para identificar y dar seguimiento a las operaciones económicas "vulnerables e inusuales", y dotan a las instituciones hacendarias y de procuración de justicia de mayores facultades para prevenir y sancionar el uso de recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la nueva legislación, se aclara que los funcionarios responsables de la aplicación del sistema de identificación y seguimiento serán sometidos a controles de confianza para garantizar su profesionalismo y la honestidad.
Fuente: Reforma.com
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