Especialistas y abogados laborales demandan una "limpia" en las juntas de conciliación y arbitraje para terminar con procesos dilatados, corrupción, coyotaje, falta de capacitación de funcionarios e ineficiencias; coinciden en que la reforma laboral no es suficiente y "queda limitada".
Procesos dilatados, corrupción, coyotaje, falta de capacitación en funcionarios en todos los niveles, sueldos bajos en algunos empleados, ineficiencias como falta de control en el archivo de expedientes, son algunos de los problemas que enfrentan trabajadores y abogados en las juntas de conciliación y arbitraje.
De acuerdo con testimonios de litigantes y trabajadores, la mayoría coincide en su desacuerdo con las situaciones adversas que viven en esas instituciones.
La reforma laboral no es suficiente, queda limitada, pues lo que se requiere es hacer una limpia a fondo en las juntas, señalan los consultados.
Jesús Luna Arias, especialista en Derecho Laboral y abogado litigante expone: “Los cambios no ayudarán a modificar la situación ahí. Hay tres problemas fundamentales: uno administrativo, que tiene que ver con quienes son presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje, que pudiera ser que cuenten con experiencia jurídica, pero no tienen experiencia administrativa.
“En segundo lugar, falta de capacitación a los funcionarios de todos los niveles, y en tercero, están rebasados en su totalidad por la cantidad de juicios que existen y por el personal que traen. Esos y otros problemas, como bajos salarios, si no son resueltos, de nada servirá la reforma laboral”.
Rosalinda Vélez Juárez, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), sostiene lo contrario y subraya que sí beneficiará. Por ejemplo, explica que la indebida prolongación de los juicios provoca que los trabajadores tarden años en recibir la indemnización que conforme a la Constitución les corresponde, que tiene por objeto hacer frente en los primeros meses a la situación de desempleo.
“Lo anterior, pone en riesgo la viabilidad y subsistencia de las micro y pequeñas empresas, ante reclamaciones impagables que crean incertidumbre y desalientan la contratación”, dijo.
“Con la reforma, en primer lugar, se modifican procedimentales para agilizar los juicios ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y por otra parte, se cambia el mecanismo para el cálculo de los salarios vencidos; hay que aclarar, serán cubiertos durante todo el juicio.
“Se pagará a los trabajadores el 100% de su salarios durante el primer año del juicio; si continúa, se pagará una tasa de interés de 2% mensual, sobre la base de 15 meses de salario, es decir, 24% anual”, refiere la funcionaria.
Paralelamente, precisa, se establecen sanciones a los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral (multa de hasta mil veces el salario mínimo).
También se fijan sanciones para los servidores públicos cuya conducta irregular haga que los juicios se retrasen más allá de los plazos que establece la ley. Se fija para ellos como sanción la suspensión ó destitución, y se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de un delito.
En complemento a lo anterior y ante la necesidad de modernizar y hacer más pronta y eficiente la impartición de la justicia laboral, con lo que se aprobó en la Cámara de Diputados se retomó de la Iniciativa Preferente los temas relativos al servicio profesional de carrera para los servidores públicos de las Juntas, con el fin de que tengan mayor especialización y conocimientos en la resolución de los conflictos.
Se prevé la utilización de herramientas electrónicas para facilitar la impartición de justicia laboral, y un procedimiento ágil para resolver con mayor rapidez las controversias entre las instituciones de seguridad social y los derechohabientes, conflictos que no son entre patrones y trabajadores, sino que tienen un carácter administrativo, señala Rosalinda Vélez.
“Desafortunadamente, de los más de 200 mil casos que se tramitan ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 50% son de este tipo, juicios de seguridad social, que provocan retrasos en juicios ordinarios como los de despido injustificado”.
Malas experiencias
Hugo Manuel Bautista Martínez, trabajador de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) del Distrito Federal, comenta que fue rescindido injustificadamente por una presunta agresión a trabajadores bancarios al reclamar sobre ineficiencias en el pago a través de tarjeta de débito y su caso se llevó tres años.
Finalmente fue reinstalado, pero en ese lapso se queja de que el trato en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fue “bastante injusto” porque su caso se alargó por el mal trabajo en ese lugar. “Siempre buscan tener alguna ventaja para obtener más dinero y por otro lado los patrones también quieren sacar ventajas por encima de los derechos del trabajador. Por eso no creo que la reforma laboral funcione. Y lo referente al pago a sólo un año de los salarios caídos es injusto porque beneficiará sólo al patrón”.
Sashenka Gutiérrez Espinosa abogada laborista patronal coincide en que es malo el trabajo que se realiza en las juntas.
“Yo defiendo a patrones y desde este ámbito es muy buena la reforma en cuanto a los salarios caídos. Obliga a la autoridad a que el procedimiento sea más veloz y eficaz, simplemente que los salarios caídos se reduzcan a cobrarlos por un periodo determinado evitará el coyotaje, porque si un juicio se infla y sube la cantidad, es más que nada por los salarios caídos y todas las prestaciones que se van acumulando”.
“Ayudará a frenar a los coyotes, que lo único que hacen es pedir, llevar asuntos de los cuales se hacen ricos por salarios caídos y muchas veces hacen que el procedimiento se retrase, pagándole al actuario para que lo esconda, pagándole al archivo para que lo guarde”.
Mauricio Caballero, trabajador despedido de una empresa donde realizaba trabajos de electricidad, asegura que de acuerdo a su experiencia, el trabajo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal es bueno.“Trabajan bien, con la gente de ahí no tengo ningún problema, hacen bien su trabajo”. El problema, indica, es con la empresa que los despidió hace dos años y que negó la relación de trabajo, por lo que su caso sigue y teme que se alargue más.
Por eso, dijo estar en contra de que se establezca a sólo un año el pago de salarios caídos, pues considera que las empresas incurrirán en más abusos una vez que corran a sus empleados injustificadamente.
En eso coincide la litigante Daniela Martínez de la Garza, quien sostiene que limitar a un año el pago de salarios caídos, “es como si no les interesara si el trabajador fue despedido o no. A las empresas tal vez si les convenga, porque ya no tendrán que desembolsar tanto, pero no va a existir tanta equidad entre empresas y actores. No pensaron bien que los salarios caídos en la reforma laboral se va más por beneficiar a las empresas”.
Para los abogados mencionados, así como para los litigantes David González Vega y Caros Ojeda Estrada, se requiere ir más a fondo de lo que establece lo aprobado en el Congreso respecto a la reforma laboral, porque para mejorar la situación en las Juntas de conciliación y arbitraje, se requiere hacer una depuración de funcionarios incompetentes, atacar frontalmente y no sólo con paliativos el fenómeno del coyotaje, y mejorar la situación de los funcionarios que hacen bien su trabajo, pára impedir prácticas corruptas, entre otras cambios que permitan una asistencia real al trabajador en defensa de sus derechos laborales.
Fuente: El Universal
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