El próximo 4 de octubre se cumplirá
un año de que venció el plazo previsto en la Constitución para que el Congreso
emita la nueva Ley de Amparo.
La ausencia del ordenamiento ha
obligado a la Suprema Corte de Justicia y los tribunales federales a improvisar
reglas y criterios sobre aplicación de las novedades incluidas en la Carta
Magna.
El Congreso también tiene pendiente
expedir el Código Federal de Procedimientos Penales, indispensable para
aterrizar la reforma de juicios orales que fue publicada en junio de 2008 y
hasta ahora es letra muerta.
El plazo constitucional en este caso
vence en junio de 2016, pero los reclamos del Poder Judicial ante la ausencia
de reglas para un cambio tan relevante han sido cada vez más frecuentes.
En tanto, la Ley Federal de Justicia
para Adolescentes, que en teoría debería existir desde 2006, cuando entró en
vigor la reforma al artículo 18 de la Constitución, no pudo ser consensada por
la pasada Legislatura.
Al no existir dicha ley, la Corte ha
tenido que establecer que corresponde a los tribunales estatales especializados
en esta materia conocer de los delitos federales cometidos por menores de edad.
Varios ministros de la Corte se
quejaron durante su debate reciente sobre fuero de guerra por la inactividad
del Legislativo para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar,
tal y como ordenó hace tres años la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Tampoco se ha logrado aprobar
cambios a la Ley de Seguridad Nacional, que definirían el papel de las Fuerzas
Armadas en el combate a la delincuencia, ni existe aún la Ley del Sistema
Penitenciario para reemplazar a la que data de 1971, no obstante que el Ejecutivo
envió la iniciativa hace 17 meses y la Constitución ordenaba desde 2008 tener
listo el nuevo modelo de reinserción social a más tardar en junio de 2011.
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