Guatemala. En este país, donde las cúpulas económicas, militares y políticas mantienen un estrecho pacto, y donde el sistema judicial garantizó por décadas la impunidad de los criminales de guerra, despacha en la Fiscalía General una mujer que llegó al cargo procedente de un territorio incómodo para el poder, los derechos humanos. Es Claudia Paz y Paz, jefa del Ministerio Público que ha juzgado y logrado sentencias contra una docena de Los Zetas mexicanos arraigados en el país vecino; que capturó a los jefes de las estructuras del narcotráfico regional, a centenares de perpetradores de feminicidios; que incluso llevó a juicio a un ex dictador, Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio.
Entre los sectores que dan voz al tradicional conservadurismo –el Cacif, la Fundación contra el Terrorismo, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala– se han desatado las presiones para removerla cuanto antes de ese despacho donde, según ella misma admite, se sienta
el mayor poder que tiene el Estado en democracia, que es la facultad de encerrar a alguien.
En los años 90 fue asesora jurídica del arzobispado cuando se elaboró el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico para los acuerdos de paz; durante el periodo de la posguerra fue perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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