Ponen bajo lupa cuentas de jueces

La situación patrimonial de los juzgadores y del personal judicial en México está bajo lupa.

Las dependencias encargadas de prevenir el lavado de dinero y fraude fiscal se acaban de sumar a la vigilancia sobre más de mil 200 jueces y Magistrados federales y unos 30 mil empleados del Poder Judicial.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) firmó en junio y julio sendos convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y con el Servicio de Administración Tributaria para hacer más ágiles las investigaciones de casos de posible corrupción.

En noviembre de 2011, el CJF firmó un acuerdo similar con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero, según fuentes judiciales, los resultados han sido escasos tanto por trabas burocráticas como por el hecho de que las funciones de la comisión no están enfocadas a la detección de delitos asociados con la corrupción judicial.

Las bases de colaboración con la UIF fueron firmadas el 11 de junio y permiten al CJF tener contacto directo, vía correo electrónico, con la oficina que diariamente recibe y analiza miles de reportes sobre operaciones sensibles y sospechosas previstas en la nueva ley contra lavado de dinero, que entró en vigor el 17 de julio, y que obliga a bancos, casas de bolsa, agentes inmobiliarios, casinos, joyeros, empresas y profesionistas.

"Las partes se comprometen a generar grupos de trabajo a efectos de producir un intercambio de experiencias en el manejo, sistematización y control de la información, para el establecimiento de medidas y procedimientos para detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran prestar ayuda de cualquier especie para la comisión de delitos, así como de operaciones con recursos de procedencia ilícita", dice el convenio.

Así como el CJF podrá requerir información a la UIF, ésta podrá solicitarle datos sobre situación y evolución patrimonial del personal judicial y estadísticas y criterios de los tribunales en materia de lavado de dinero.

La UIF, que encabeza el ex Procurador mexiquense Alberto Bazbaz, ha adquirido una relevancia central este año, al ser la encargada de armar las acusaciones en los dos casos penales más importantes del sexenio: contra la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo y el ex Gobernador tabasqueño Andrés Granier.

El convenio con el SAT, en tanto, fue firmado el 9 de julio y es distinto al de la UIF, pues no establece la obligación de aportar información fiscal al CJF -que ya está prevista en la ley-, sino que contempla las formalidades de los requerimientos de información que presentará el órgano judicial.

"(En los formatos) se indicará la información requerida por parte del CJF, especificando si se trata de una declaración de impuestos, datos relacionados con el RFC, avisos y/o trámite realizados con contraseña", explica el convenio.

El objetivo es dar seguimiento al patrimonio de los jueces, el personal judicial, sus cónyuges y dependencias y, en su caso, aplicar sanciones administrativas, a diferencia del convenio con la UIF, que está claramente encaminado a detectar delitos.

Sancionados

Algunos juzgadores que han sido suspendidos de sus funciones por irregularidades en sus labores:

MAGISTRADO DE CIRCUITO

Jesús Guadalupe Luna Altamirano

· Titular del Tercer Tribunal Unitario Penal en el DF

· Suspendido desde: 1 de junio de 2012

· Bajo sospecha por: absolver a Arturo Culebro Arredondo, "El Tito", presunto lavador de dinero del cártel colombiano Valle Norte, entre otros casos

JUECES DE DISTRITO

Álvaro Tovilla León

· Juez noveno en materia administrativa en el DF

· Suspendido desde: 30 de junio de 2011

· Bajo sospecha por: enriquecimiento ilícito de 50 millones de pesos de Esiquio Martínez, uno de sus secretarios de acuerdos, preso desde mayo de 2011

Hiram Barbosa Alanís

· Juez tercero en materia administrativa en Monterrey

· Suspendido desde: 31 de mayo de 2011

· Bajo sospecha por: suspensión provisional que permitió al casino de San Pedro seguir operando, entre otros casos

Luis Armando Jerezano

· Juez primero del Centro Auxiliar de la Décima Región

· Suspendido desde: 20 de septiembre de 2011

· Bajo sospecha por: amparo a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, por el que la Secretaría de Gobernación tuvo que otorgarle permiso para explotar 41 casinos. También fue suspendido el secretario de acuerdos Gerardo Tiscareño Mercado

Fuente: Reforma