Un juez de distrito de Zacatecas que se negó reiteradamente a desahogar testimonios de presuntos delincuentes de alta peligrosidad por medio de videoconferencias fue destituido e inhabilitado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Enrique Torres Segura, juez segundo de distrito en Zacatecas, era investigado por la PGR desde 2012 por la presunta protección que otorgó a Édgar García Ayala, hermano del dueño de las casas de cambio Prodira y quien fuera señalado por lavado de dinero.
Sin embargo, el CJF no lo destituyó por ese caso, sino por su rechazo a usar la videoconferencia en el proceso contra dos acusados por narcotráfico recluidos en Cieneguillas, Zacatecas.
Incluso la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del CJF le envió un oficio aclarándole que el uso de la videoconferencia era obligatorio, en términos del Acuerdo General 74/2008, el cual busca evitar traslados de reos peligrosos de un estado a otro.
Torres Segura alegó que la videoconferencia no está prevista en el código federal de procedimientos penales y no permite la intervención directa y personal del juez que lleva la causa.
El ex juez ya impugnó la sanción ante la Corte mediante una revisión administrativa.
Fuente: Reforma
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