El debate sobre la forma en que se deben aplicar en México los derechos humanos previstos en tratados internacionales mantiene dividida a la Suprema Corte de Justicia, que ayer cumplió tres sesiones dedicadas al tema sin llegar a una resolución.
El asunto es crucial porque podría estar en riesgo la aplicación de restricciones a derechos previstas en la Constitución, pero probablemente contrarias a los tratados, entre ellas el arraigo y prisión preventiva de presuntos delincuentes, el trato carcelario diferenciado a la delincuencia organizada y la extinción de dominio, la no reinstalación de policías y ministerios públicos despedidos y la prohibición de que ministros de culto ocupen cargos públicos.
El pleno de la Corte debate un proyecto del Ministro Arturo Zaldívar que propone una tesis de jurisprudencia que, según sus opositores, podría llevar a que jueces de todo el País dejen de aplicar la Constitución en los casos mencionados, y otros que les pudieran parecer violatorios de derechos humanos.
Hasta ahora, sólo los Ministros José Ramón Cossío y Olga Sánchez Cordero han apoyado sin reservas la propuesta de Zaldívar; mientras que Margarita Luna, Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Fernando Franco y Alberto Pérez Dayán se han manifestado en contra por considerar que las restricciones a derechos humanos previstas en la Constitución deben prevalecer siempre.
Aunque parecen apoyar la mayor parte de la propuesta de Zaldívar, la postura de Sergio Valls y Alfredo Gutiérrez no está del todo clara.
En la sesión de ayer se refirieron a la deferencia que se debe tener al Constituyente como representante de la voluntad popular, así como al Artículo 29 de la Carta Magna, que permite la suspensión de garantías en casos de emergencia.
Fuentes de la Suprema Corte indicaron que, incluso, en conversaciones en corto no ha quedado claro cómo votarán estos Ministros y parecería que están a la espera de saber si Zaldívar hará modificaciones al proyecto y con qué alcance.
El presidente Juan Silva Meza aún no ha hecho uso de la palabra, aunque es previsible que en la sesión del lunes apoyará la jurisprudencia y podría tener una postura más radical.
La clave de la discusión es el Artículo Primero de la Constitución, reformado en junio de 2011, que dice que todas las personas gozan de los derechos humanos previstos en dicha norma y en los tratados, mismos que no podrán restringirse ni suspenderse "salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece".
Sánchez Cordero, al defender el proyecto, manifestó que se debe abrir la posibilidad de no aplicar reglas de la Constitución contrarias a derechos humanos previstos en los tratados.
"Cualquier antinomia entre los postulados de la Constitución y el resto de las normas derivadas, quedará resuelto automáticamente en favor del texto supremo", dijo en la oposición el Ministro Pérez Dayán.
Decisión crucial
La Corte busca aclarar el lugar que ocupan en el orden jurídico los derechos humanos previstos en tratados internacionales:
Artículo 1 Constitucional
- "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece".
- "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia".
*Proyecto de Jurisprudencia
- "Las normas de derechos humanos no se relacionan en términos jerárquicos, sino que deben armonizarse a través de la utilización del principio pro persona. En este sentido, los derechos humanos, con independencia de su fuente, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos de autoridad que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano".
*Propuesta del Ministro Arturo Zaldívar
Fuente: Reforma
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