El Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió al Estado mexicano a abolir la figura del arraigo y lo instó a aprobar una ley general sobre desapariciones forzadas.
En sus observaciones a los informes que le presentaran a mediados de este mes autoridades mexicanas, el grupo de expertos planteó su preocupación por denuncias de actos de tortura y malos tratos en contra de personas privadas de libertad en virtud de órdenes de arraigo, algunas de ellas cumplidas en instalaciones militares.
"A pesar de lo recomendado (por el CAT) en sus anteriores observaciones finales, el Estado parte elevó a rango constitucional la figura del arraigo en 2008, estando también regulada por algunas entidades federativas, como el estado de Jalisco", indica.
"El Comité constata la ineficacia del recurso de amparo frente al internamiento en régimen de arraigo. Constata también que dicho régimen ha propiciado la utilización como prueba de confesiones presuntamente obtenidas bajo tortura", alerta.
Por ello, insiste, a la luz de lo establecido en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, reitera su recomendación de que el Estado parte elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal.
Destaca el establecimiento de garantías constitucionales sobre la inadmisibilidad de los elementos de prueba obtenidos con vulneración de los derechos fundamentales, pero lamenta que ciertos tribunales continúen aceptando confesiones presuntamente obtenidas bajo coacción o tortura en aplicación del principio de "inmediatez procesal".
"El Comité considera que el caso de Israel Arzate Meléndez resulta paradigmático para ilustrar la persistencia de esas prácticas incluso en aquellas jurisdicciones en las que ya ha sido implantado el nuevo sistema de justicia penal", apunta.
De acuerdo con el CAT, la falta de tipificación adecuada de la tortura en los códigos penales locales y federales y en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura deriva en impunidad y en la nula reparación del daño para las víctimas.
Según datos aportados por autoridades mexicanas al Comité, se han dictado únicamente seis sentencias por tortura desde 2005.
AUSENTES
El CAT remarca, por otra parte, su preocupación en el el número de denuncias de desapariciones forzadas presuntamente cometidas por autoridades públicas o grupos criminales en estados como Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
Recomienda ante ello aprobar una ley general sobre desapariciones forzadas y promover que las entidades tipifiquen y sancionen el delito de conformidad con lo establecido por la normativa internacional en la materia.
Pide además "garantizar que los casos de desapariciones forzadas sean investigados de forma pronta, exhaustiva y eficaz, que se enjuicie a los sospechosos y se castigue a los culpables con sanciones adecuadas a la gravedad de los delitos" y "garantizar que toda víctima que haya sufrido daños como resultado de una desaparición forzada tenga acceso a la información sobre la suerte de la persona desaparecida, así como a una reparación".
Pendientes
Recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU al Estado mexicano:
· Homologar las definiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura con las de la convención internacional en la materia
· Tipificar en todas las entidades el delito de tortura
· Garantizar la pronta puesta a disposición del juez o del Ministerio Público de las personas arrestadas
· Restringir el uso de la detención en flagrancia al momento preciso de la comisión del delito
· Garantizar la correcta identificación de los miembros de las fuerzas de seguridad y sus vehículos
· Eliminación de la detención mediante arraigo a nivel federal y estatal
· Aprobación de una ley general sobre las desapariciones forzadas
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