“Decide regresarle el caso a la juez en Baja California para que ella dicte finalmente que el tema está cumplido por parte del gobierno del estado, de tal forma que este pendiente que tenía el gobierno de pagar 589 millones de pesos –incluso se había hablado de la propia destitución del gobernador Osuna Millán- pues ha quedado ya resuelto por parte de la sala del máximo tribunal del país”, dijo.
El 16 de marzo pasado, el Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito propuso la destitución y consignación del gobernador.
El predio, de dos kilómetros de largo por 20 metros de ancho, se encuentra en una zona conocida como “El Monumento” y se utilizaría para construir un segundo acceso a la delegación Playas de Tijuana, proyecto que no se concretó.
Fue expropiado por el exgobernador Eugenio Elordouy Walther, cuya administración había pagado 200 millones de pesos, pero surgió una superposición de títulos de propiedad, dijo previamente el mismo García Burgos.
Entrevistado por Milenio Radio Tijuana, el funcionario dijo que con esta resolución quedó resuelto el tema en el máximo tribunal del país. Esa instancia resolvió que el gobernador Osuna Millán no incurrió en desacato por negarse a pagar la cantidad exigida.
El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito decretó en primera instancia el pago de los 589 millones de pesos, lo que el gobierno bajacaliforniano consideró lesivo e injustificado.
El mandatario acusó en octubre pasado que los jueces que impusieron ese pago valuaron el predio a precios de La Jolla, California, o Manhattan, Nueva York.
Sobre el proyecto vial que originó el conflicto por la tierra, el secretario general de Gobierno aseguró que antes de que concluya la presente administración estatal se concluirá con el segundo acceso a Playas de Tijuana, delegación ubicada al noroeste del municipio.
Fuente: Milenio
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