La reforma
al Sistema de Justicia Penal y la Seguridad Pública tiene ahora una oportunidad
única de ser implementada, apoyada en un amplio consenso nacional.
De
todas las propuestas planteadas en la reciente campaña electoral, la de juicios
orales es la que ha sido mayormente consensada entre la ciudadanía: no más
Presuntos Culpables.
Los legisladores federales del PRI y PAN están
dispuestos a convocar a sesión extraordinaria del Congreso de la Unión para su
aprobación.
¿Cómo encajan estos cambios con la política sobre seguridad
pública de Enrique Peña Nieto, virtual ganador de la elección? Precisamente,
esta reforma ayudará a proveer al nuevo Gobierno el elemento adicional de
legitimación a la guerra contra el narco que busca Peña Nieto. El punto clave es
el énfasis del nuevo sistema acusatorio en la Policía, como piedra angular de
todo el proceso penal.
El nuevo sistema está basado en policías
profesionales, con capacidad investigadora y de inteligencia, soporte del cambio
de enfoque de Peña Nieto contra el crimen organizado.
Así, la diferencia
con la guerra de Calderón es que éste la emprendió fundado en un sistema de
justicia penal fracasado, que arrojaba un índice de impunidad del 98 por ciento,
por la falta de confianza de las víctimas para denunciar delitos, sólo el 15 por
ciento de éstas acuden a las autoridades a presentar sus querellas o
proporcionarles información.
Mucho se ha hecho a nivel federal para
transformar las Policías, en cuanto a capacitación, certificación, evaluación y
profesionalización, pero no contamos aún con la columna vertebral que conduzca
la actuación policial hacia la justicia. Engranar las acciones policiales en
nuevas leyes es crear las condiciones para que la sociedad tenga confianza en la
autoridad como garante de la paz social, dentro de un Estado de
Derecho.
El nuevo Código Federal de Procedimientos Penales constituye el
cuerpo de leyes para implementar la reforma de los juicios orales, y se
encuentra en la antesala de su aprobación; procesos penales transparentes,
eficientes, diferenciados y abreviados, con derechos iguales a las partes,
jueces más cercanos a la historia del crimen, limitando la prisión preventiva
para casos de peligro a la sociedad y un sistema carcelario en el que exista
supervisión judicial, son características del proyecto del nuevo
Código.
Con un sistema de justicia penal robusto, creíble para la
sociedad, blindado contra la corrupción, en el que la Policía, en su primer
contacto con el hecho delictivo, se comporte con estándares que verdaderamente
ayuden a la investigación y persecución de los transgresores de las leyes, la
guerra contra el crimen organizado entrará en otra etapa, muy superior a la
actual en cuanto a posibilidades de éxito y de disminución de víctimas
inocentes.
La razón de la reforma penal es que tenga un impacto
contundente en la seguridad pública; el enemigo a vencer es el crimen organizado
del narcotráfico, por la penetración y violencia con que actúa.
Cierto
que esta lucha involucra no sólo al Gobierno federal, sino también a los estados
y municipios que están más cercanos a la comisión de los crímenes, incluyendo
los cárteles, pues éstos empiezan siempre con delitos del orden común o local;
sin embargo, no hay duda de que es la Federación la que cuenta con mecanismos e
instrumentos para conducir al País entero, de manera que todas las diferentes
instancias queden debidamente coordinadas en este esfuerzo de seguridad
pública.
El poder de los ingresos federales puede acabar con la
corrupción y las malas Policías municipales y estatales; por la dimensión del
problema de violencia, el criterio distribuidor del presupuesto nacional amerita
que sea en función del cumplimiento de requisitos de calidad para los cuidadores
del orden.
¿Mando único o coordinación entre los cuerpos policiales? Ése
no es el meollo del problema, no refleja que la seguridad pública se encuentra
ante carencias más primitivas, como la de policías sin sueldo, preparación, ni
estructura correspondientes a la responsabilidad que se les confía, tornándose
en presas fáciles para el crimen organizado.
Juicios orales con Peña |
Ernesto Canales Santos
El autor es presidente
de Renace y miembro de la Red de Apoyo a Juicios Orales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario