miércoles, 25 de julio de 2012

Juicios Orales con Peña


La reforma al Sistema de Justicia Penal y la Seguridad Pública tiene ahora una oportunidad única de ser implementada, apoyada en un amplio consenso nacional.

De todas las propuestas planteadas en la reciente campaña electoral, la de juicios orales es la que ha sido mayormente consensada entre la ciudadanía: no más Presuntos Culpables.

Los legisladores federales del PRI y PAN están dispuestos a convocar a sesión extraordinaria del Congreso de la Unión para su aprobación.

¿Cómo encajan estos cambios con la política sobre seguridad pública de Enrique Peña Nieto, virtual ganador de la elección? Precisamente, esta reforma ayudará a proveer al nuevo Gobierno el elemento adicional de legitimación a la guerra contra el narco que busca Peña Nieto. El punto clave es el énfasis del nuevo sistema acusatorio en la Policía, como piedra angular de todo el proceso penal.

El nuevo sistema está basado en policías profesionales, con capacidad investigadora y de inteligencia, soporte del cambio de enfoque de Peña Nieto contra el crimen organizado.

Así, la diferencia con la guerra de Calderón es que éste la emprendió fundado en un sistema de justicia penal fracasado, que arrojaba un índice de impunidad del 98 por ciento, por la falta de confianza de las víctimas para denunciar delitos, sólo el 15 por ciento de éstas acuden a las autoridades a presentar sus querellas o proporcionarles información.

Mucho se ha hecho a nivel federal para transformar las Policías, en cuanto a capacitación, certificación, evaluación y profesionalización, pero no contamos aún con la columna vertebral que conduzca la actuación policial hacia la justicia. Engranar las acciones policiales en nuevas leyes es crear las condiciones para que la sociedad tenga confianza en la autoridad como garante de la paz social, dentro de un Estado de Derecho.

El nuevo Código Federal de Procedimientos Penales constituye el cuerpo de leyes para implementar la reforma de los juicios orales, y se encuentra en la antesala de su aprobación; procesos penales transparentes, eficientes, diferenciados y abreviados, con derechos iguales a las partes, jueces más cercanos a la historia del crimen, limitando la prisión preventiva para casos de peligro a la sociedad y un sistema carcelario en el que exista supervisión judicial, son características del proyecto del nuevo Código.

Con un sistema de justicia penal robusto, creíble para la sociedad, blindado contra la corrupción, en el que la Policía, en su primer contacto con el hecho delictivo, se comporte con estándares que verdaderamente ayuden a la investigación y persecución de los transgresores de las leyes, la guerra contra el crimen organizado entrará en otra etapa, muy superior a la actual en cuanto a posibilidades de éxito y de disminución de víctimas inocentes.

La razón de la reforma penal es que tenga un impacto contundente en la seguridad pública; el enemigo a vencer es el crimen organizado del narcotráfico, por la penetración y violencia con que actúa.

Cierto que esta lucha involucra no sólo al Gobierno federal, sino también a los estados y municipios que están más cercanos a la comisión de los crímenes, incluyendo los cárteles, pues éstos empiezan siempre con delitos del orden común o local; sin embargo, no hay duda de que es la Federación la que cuenta con mecanismos e instrumentos para conducir al País entero, de manera que todas las diferentes instancias queden debidamente coordinadas en este esfuerzo de seguridad pública.

El poder de los ingresos federales puede acabar con la corrupción y las malas Policías municipales y estatales; por la dimensión del problema de violencia, el criterio distribuidor del presupuesto nacional amerita que sea en función del cumplimiento de requisitos de calidad para los cuidadores del orden.

¿Mando único o coordinación entre los cuerpos policiales? Ése no es el meollo del problema, no refleja que la seguridad pública se encuentra ante carencias más primitivas, como la de policías sin sueldo, preparación, ni estructura correspondientes a la responsabilidad que se les confía, tornándose en presas fáciles para el crimen organizado.

Juicios orales con Peña
Reforma 24 Jul. 12
Ernesto Canales Santos
El autor es presidente de Renace y miembro de la Red de Apoyo a Juicios Orales.

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