La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima instancia en la materia, tiene como referente a una primera generación de magistrados que hizo relevantes aportaciones a la justicia comicial, si bien en la etapa final de su gestión cometió el grave error de declarar válidas, con un dictamen endeble y contradictorio, las cuestionadas elecciones presidenciales de 2006. En cambio, los magistrados de su actual segunda generación son más recordados por sus inconsistencias en importantes fallos y por sus escándalos administrativos.
El más sonado affaire obligó a Flavio Galván Rivera a renunciar como presidente, tras detectarse una irregular operación de compraventa de un inmueble, atribuida a una cercana colaboradora suya. Lo suplió María del Carmen Alanís Figueroa, quien anteriormente había sido secretaria ejecutiva del IFE. Después de una gestión de altibajos en el tribunal, no logró la reelección y fue designado presidente el decano, Alejandro Luna Ramos.
Filias y fobias
Por momentos pareciera que dominan entre los magistrados filias y fobias inadmisibles. Dos partidos en particular han sido receptores de sus simpatías: el PRI y el PVEM, que en el proceso electoral en desarrollo participan como aliados.
Ejemplos:
a). La revocación (mayo de 2009) de las millonarias sanciones impuestas por el IFE al Partido Verde, con motivo de su abusiva propaganda electoral disfrazada de informe de labores legislativas, en una sentencia que se apartó de la Constitución, de la ley y del sentido común. El TEPJF abrió así una brecha para vulnerar uno de los más caros logros de la reforma de 2007: la prohibición de la compra de tiempos para propaganda política en radio y televisión. Sin sonrojos y pese a las críticas generalizadas de entonces, hace unas semanas el TEPJF volvió a exculpar al mismo partido por una causa semejante.
b). La exoneración al ahora candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto, quien fue acusado por el PAN de violar la legislación electoral al difundir en todo el país (con excepción del estado de Tlaxcala) más de 3 mil spots (impactos) de su quinto informe de gobierno, cuya transmisión sólo podía hacerse en territorio mexiquense. En contra de eximir al gobernador votaron los magistrados Luna, Salvador Olimpo Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos.
En sentido contrario, hay varios casos que parecen denotar fobia hacia los partidos de izquierda. Uno de los más importantes es el de la actual jefa delegacional en Iztapalapa, Clara Brugada, quien originalmente fue despojada por el TEPJF de su candidatura perredista para favorecer a su adversaria, Silvia Oliva. Impulsada por Andrés Manuel López Obrador y después del barroco episodio de Juanito, finalmente Brugada llegó a la jefatura delegacional.
Aciertos en 2011
En contraste con esas pifias, el TEPJF emitió en 2011 una sentencia que obligó a la Cámara de Diputados a nombrar, con más de un año de demora, a los tres consejeros faltantes en el Consejo General del IFE. Ese fallo se dio en el insólito juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, presentado por el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT). La Sala Superior (ponente Constancio Carrasco Daza) le dio la razón al legislador y requirió a la Cámara, el 30 de noviembre de 2011, que designara a los consejeros, lo cual ocurrió dos semanas después.
Sin embargo, aun los aciertos del TEPJF a veces se ensombrecen. En este caso, 28 días antes del mencionado fallo, el 2 de noviembre, la misma Sala Superior había rechazado por mayoría un proyecto de la magistrada Alanís Figueroa que proponía justamente exigirle a la Cámara el nombramiento de los consejeros, al resolver otro juicio de protección a derechos político-electorales. Una versión creíble sobre este rechazo indica que si el vanguardista proyecto hubiera sido presentado por otro magistrado y no por Alanís, muy probablemente habría sido aprobado.
El 28 de diciembre, el Tribunal emitió una de sus más importantes resoluciones de 2011 y no provino de su Sala Superior sino de su Sala Regional con sede en Toluca: la anulación de los comicios municipales de Morelia, debido a las irregularidades ocurridas ahí. La nulidad se decidió por votación dividida: el ponente, Santiago Nieto Castillo, y el magistrado presidente, Carlos Morales Paulín, a favor, y la magistrada Adriana Favela Herrera, en contra. La sala Toluca apoyó su sentencia en una innovadora interpretación de las disposiciones legales sobre nulidades, al establecer que las irregularidades graves no deben ser rechazadas como causas de invalidez, por el solo hecho de no estar previstas en leyes, es decir en normas inferiores a la Constitución. Si se producen violaciones constitucionales graves y determinantes para el proceso comicial, ello puede conducir a la anulación, como ocurrió en el caso de Morelia.
Conclusión
Con sus aciertos y desaciertos, con sus defectos y escasas virtudes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictaminará la validez o no de los comicios presidenciales de julio de 2012. No es prudente, entonces, descalificar a esta instancia jurisdiccional, pero es tal el cúmulo de sus desaciertos que sería poco ético no exhibirlos.
Es exigible al TEPJF que corrija extravíos. Decir que la Constitución y las leyes deben conformar el norte de su brújula, es una obviedad insuficiente porque entra en juego un elemento determinante: la interpretación. Es preciso evitar interpretaciones que impliquen fraude a la ley o, peor aún, que la traicionen.
El autor es periodista, ex consejero del IEDF y editorialista de Reforma.
Twitter: @EduardoRHuchim
Mail: omnia08@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario