Las acciones colectivas para defensa de los intereses de los consumidores, vigentes desde febrero pasado, han tenido un arranque lento y poco prometedor.
A tres meses de la entrada en vigor de la reforma legal que por primera vez permite en México este tipo de demandas judiciales, que tienen cierto parecido con las famosas class actions estadounidenses, sólo se tiene registrado un caso, que ni siquiera ha sido admitido a trámite.
Se trata de una demanda presentada en Guadalajara contra Teléfonos de México y Telcel por un grupo de 32 consumidores que exigen compensación por falta de bonificaciones ante constantes interrupciones de servicio y que se les deje de aplicar el cobro por el concepto el que llama paga.
Los demandantes también reclaman que la Comisión Federal de Telecomunicaciones proponga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la revocación del título de concesión de ambas empresas por sus actitudes monopólicas y falta de cumplimiento a las condiciones de dichos títulos.
La demanda lleva más de dos meses atorada en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en Guadalajara, porque de los cuatro demandados, el único que ha sido emplazado y ya contestó es Telcel, mientras que los demás, incluidas las dependencias oficiales, no han sido notificados pese a que cuentan con múltiples domicilios conocidos.
"Nos encontramos ante una demanda frívola y temeraria, cuya materia no corresponde a las contempladas limitativamente para una acción colectiva, y que en realidad constituye un ejemplo claro de las razones que causaban recelo y reservas en nuestro orden jurídico para que se permitieran y contemplasen en ley las acciones colectivas", afirmó Telcel en su contestación.
Uno de los problemas, según especialistas, es que la redacción de la ley sobre los alcances de las diferentes modalidades de acciones es confusa, y hay pocos incentivos económicos para los litigantes, que en Estados Unidos son los principales promotores de estas demandas.
De hecho, varios de los despachos más prominentes especializados en casos civiles y mercantiles, luego de estudiar el tema, han concluido que sólo participarán defendiendo a empresas demandadas, pero no como iniciadores de estas acciones.
Fuentes del Consejo de la Judicatura Federal, en tanto, informaron que ese órgano ya estableció formalmente el registro de asociaciones civiles que pueden dedicarse a patrocinar este tipo de demandas, tal y como prevé la reforma, pero que hasta ahora no hay una sola interesada.
La reforma al artículo 17 de la Constitución que abrió el espacio para las acciones colectivas señala que sólo los juzgados federales conocerán de ellas, lo que pone en duda la legitimidad de figuras similares que ya estaban previstas en entidades como el DF, Puebla y Querétaro.
En contraste, en Estados Unidos sólo en 2011 se promovieron 188 acciones colectivas ante cortes federales contra empresas del sector financiero.
Ese dato sólo es una pequeña muestra, pues cada año se presentan miles de acciones en todos los Estados, y contra toda clase de proveedores de bienes y servicios.
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