ENERO
Época: Décima Época
Registro: 2008222
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 16 de enero de 2015 09:00 h
Materia(s): (Común)
Tesis: P./J. 72/2014 (10a.)
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PUEDEN INTEGRARSE LEGALMENTE CON UN
MAGISTRADO TITULAR Y DOS SECRETARIOS EN FUNCIONES DE MAGISTRADO, AUN CUANDO UNO
HAYA SIDO DESIGNADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y OTRO POR EL PROPIO
TRIBUNAL.
De los artículos 94, párrafos primero y quinto, 97, párrafo primero, y 100, párrafo cuarto, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1o., 26, 33, 35, 36 y 81, fracción
XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que si bien es cierto que los
Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito deben ser designados por el Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo con los requisitos y
procedimientos que establezca la ley, es decir, mediante un sistema de selección y nombramiento
que permita que reúnan las condiciones de independencia, imparcialidad, honestidad y capacidad,
también lo es que los secretarios de los Tribunales Colegiados de Circuito designados por dicho
Consejo para desempeñar las funciones de Magistrado, se convierten en verdaderos titulares de
los órganos jurisdiccionales respectivos mientras duren sus funciones, teniendo incluso la facultad
de designar secretarios interinos; sin que el hecho de que el Tribunal designe a un secretario en
suplencia de un Magistrado y el Consejo de la Judicatura Federal a otro, implique que aquél quede 2
integrado sólo por un Magistrado y por dos secretarios, en tanto que el autorizado por el Consejo
no es un secretario, sino un Magistrado provisional; de ahí que, en esa hipótesis, el órgano
jurisdiccional correspondiente se encuentra debidamente integrado para resolver los asuntos de
su competencia.
Contradicción de tesis 218/2014. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 13 de noviembre de 2014. Mayoría de seis votos de los
Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo
Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva
Meza; votaron en contra: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando
Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Sergio A. Valls
Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.
Tesis y/o criterios contendientes:
El sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los
conflictos competenciales 33/2014 y 43/2014, y el diverso sustentado por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 31/2014.
El Tribunal Pleno, el ocho de diciembre de dos mil catorce, aprobó, con el número 72/2014 (10a.),
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de diciembre de dos mil
catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 16 de enero de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de enero de
2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2008221
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 16 de enero de 2015 09:00 h
Materia(s): (Común)
Tesis: P./J. 70/2014 (10a.)
OPORTUNIDAD PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO
218 DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, EN CONTRA DE ACTOS DICTADOS DURANTE LA VIGENCIA
DE ESA LEY Y RESPECTO DE LOS CUALES, A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ACTUAL LEY DE AMPARO,
AÚN NO HABÍA VENCIDO EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN. SE RIGE POR LO DISPUESTO EN ESE
PRECEPTO DE LA LEY ABROGADA.
El régimen transitorio de la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna respecto de la
oportunidad para promover el juicio a partir del 3 de abril de 2013, contra actos que causen
perjuicio a los derechos individuales de ejidatarios o comuneros, sin afectar los derechos y el
régimen jurídico del núcleo de población al que pertenezcan, respecto de los cuales no hubiera 3
vencido el plazo de 30 días previsto en el artículo 218 de la Ley de Amparo abrogada, para la
presentación de la demanda. Por ende, con la finalidad de tutelar los derechos fundamentales de
seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia
absoluta de alguna norma expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es
necesario proveer de contenido integrador al artículo quinto transitorio de la nueva Ley de
Amparo para establecer que la impugnación de los actos en cita se rige por las disposiciones de la
abrogada, esto es, son impugnables a través del juicio de amparo en el plazo de 30 días previsto en
el artículo 218 de la Ley de Amparo abrogada, contados a partir del día siguiente a aquel en que
surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a
aquel que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución; lo que
además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona
contenido en el párrafo segundo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que
si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones
jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normativa,
a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición
transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la
misma previsión que regía al darse el supuesto jurídico de que se trate.
Contradicción de tesis 397/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en
Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito (actual Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito), Segundo en Materias Administrativa y de
Trabajo del Décimo Primer Circuito y Segundo del Trigésimo Circuito. 6 de noviembre de 2014.
Unanimidad de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío
Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, en contra de algunas consideraciones, Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo en contra de algunas consideraciones, Luis María Aguilar
Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza.
Ausentes: José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Luis María
Aguilar Morales. Secretaria: Leticia Guzmán Miranda.
Tesis y/o criterios contendientes:
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo
Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 366/2013, el sustentado por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el
amparo directo 378/2013, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo
Circuito, al resolver el amparo directo 442/2013.
Nota: De la sentencia que recayó al amparo directo 366/2013, resuelto por el Primer Tribunal
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, derivó la tesis
aislada XVI.1o.A.T.16 K (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA SU
PRESENTACIÓN, PREVISTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA
LEY RELATIVA, AL DAR EFECTOS RETROACTIVOS A UNA NORMA EN PERJUICIO DE LOS
GOBERNADOS ES INCONVENCIONAL Y TRANSGREDE AL ARTÍCULO 14, PRIMER PÁRRAFO, DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", publicada
en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas y en la
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Tomo IV, enero de 2014,
página 3044.4
El Tribunal Pleno, el ocho de diciembre de dos mil catorce, aprobó, con el número 70/2014 (10a.),
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de diciembre de dos mil
catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 16 de enero de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de enero de
2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2008220
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 16 de enero de 2015 09:00 h
Materia(s): (Común)
Tesis: P./J. 69/2014 (10a.)
OPORTUNIDAD PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO
218 DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, EN CONTRA DE ACTOS DICTADOS DURANTE LA VIGENCIA
DE ESA LEY Y RESPECTO DE LOS CUALES, A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ACTUAL LEY DE AMPARO,
AÚN NO HABÍA VENCIDO EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN. NO SE RIGE POR EL ARTÍCULO
QUINTO TRANSITORIO DE ESTE ÚLTIMO ORDENAMIENTO.
De la interpretación teleológica del artículo quinto transitorio, párrafo segundo, de la Ley de
Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, y tomando en cuenta
los términos en que se incorporó en el proceso legislativo correspondiente, se sigue que la
finalidad esencial de su inclusión fue que ante la propuesta legislativa de incrementar el plazo para
interponer la demanda de amparo para impugnar determinados actos -tratándose del general de
15 a 30 días y del específico para impugnar leyes con motivo de su entrada en vigor, de 30 a 45
días- estos nuevos plazos también beneficiaran a los quejosos que a partir del 3 de abril de 2013
promovieran la demanda respecto de actos dictados antes de la entrada en vigor de la nueva Ley
de Amparo, siempre y cuando en esa fecha no hubiesen vencido los plazos previstos al respecto en
los artículos 21 y 22 de la legislación abrogada, en la inteligencia de que el nuevo plazo se
computaría a partir del momento indicado en el primero de estos numerales; lo que permite
concluir que el párrafo segundo del artículo quinto transitorio en cita no rige la oportunidad para
promover el juicio de amparo a partir del 3 de abril de 2013, contra actos que causen perjuicio a
los derechos individuales de ejidatarios o comuneros, sin afectar los derechos y el régimen jurídico
del núcleo de población al que pertenezcan respecto de los cuales, a esa fecha, no había vencido
el plazo de 30 días para su impugnación, previsto en el artículo 218 de la Ley de Amparo abrogada,
ya que estimar lo contrario sería tanto como considerar que mediante el referido párrafo se
pretendió violar el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de los justiciables sin que
exista elemento hermenéutico alguno para arribar a esa conclusión, salvo el derivado de la lectura
aislada de la disposición transitoria de mérito.
Contradicción de tesis 397/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en
Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito (actual Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito), Segundo en Materias Administrativa y de
Trabajo del Décimo Primer Circuito y Segundo del Trigésimo Circuito. 6 de noviembre de 2014.
Unanimidad de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío
Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, en contra de algunas consideraciones, Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo en contra de algunas consideraciones, Luis María Aguilar
Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dáyan y Juan N. Silva Meza.
Ausentes: José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Luis María
Aguilar Morales. Secretaria: Leticia Guzmán Miranda.
Tesis y/o criterios contendientes:
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo
Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 366/2013, el sustentado por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el
amparo directo 378/2013, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo
Circuito, al resolver el amparo directo 442/2013.
Nota: De la sentencia que recayó al amparo directo 366/2013, resuelto por el Primer Tribunal
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, derivó la tesis
aislada XVI.1o.A.T.16 K (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA SU
PRESENTACIÓN, PREVISTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA
LEY RELATIVA, AL DAR EFECTOS RETROACTIVOS A UNA NORMA EN PERJUICIO DE LOS
GOBERNADOS ES INCONVENCIONAL Y TRANSGREDE AL ARTÍCULO 14, PRIMER PÁRRAFO, DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", publicada
en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas y en la
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Tomo IV, enero de 2014,
página 3044.
El Tribunal Pleno, el ocho de diciembre de dos mil catorce, aprobó, con el número 69/2014 (10a.),
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de diciembre de dos mil
catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 16 de enero de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de enero de
2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2008219
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 16 de enero de 2015 09:00 h
Materia(s): (Común)
Tesis: P./J. 71/2014 (10a.)
DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL
CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD
LÍQUIDA.
Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están
representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el
tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal
contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una
condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo
con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el
poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible
advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de
México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular
los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del
tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la
garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses
futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las
ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena
durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al
rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés
que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
(TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial
de la Federación.
Contradicción de tesis 42/2014. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 11 de noviembre de 2014. Mayoría de seis votos de los
Ministros José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar
Morales, Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; votaron en contra
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausentes:
Margarita Beatriz Luna Ramos y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Sergio A. Valls
Hernández. Secretario: Miguel Ángel Burguete García.
Tesis y/o criterios contendientes:
El sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la
contradicción de tesis 285/2013, y el diverso sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 48/98.
El Tribunal Pleno, el ocho de diciembre de dos mil catorce, aprobó, con el número 71/2014 (10a.),
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de diciembre de dos mil
catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 16 de enero de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de enero de
2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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