Época: Décima Época
Registro: 2008404
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de febrero de 2015 09:00 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: 1a./J. 4/2015 (10a.)
ARRAIGO LOCAL. LA MEDIDA EMITIDA POR EL JUEZ ES INCONSTITUCIONAL.
La reforma constitucional a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; 73, fracciones XXI y XXIII;
artículo 115, fracción VII y la fracción XIII, del Apartado B, del numeral 123, todos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 18 de junio de 2008, fue
trascendente para el sistema de procuración e impartición de justicia en materia penal, pues
establece un nuevo modelo de justicia penal para pasar del llamado sistema mixto al acusatorio u
oral. Además, introduce la figura del arraigo a través de la cual se permite limitar la libertad
personal bajo ciertos requisitos que la propia Constitución señala en el artículo 16 párrafo octavo
adicionado. En esta reforma se establece la procedencia del arraigo única y exclusivamente para
delitos de delincuencia organizada, emitida por la autoridad judicial y a solicitud del Ministerio
Público. Hay que subrayar que en la misma reforma se modificó la fracción XXI del artículo 73, en
la que se establece como competencia exclusiva de la Federación el legislar en materia de
delincuencia organizada, quedando la facultad accesoria del arraigo como exclusiva de las 42
autoridades federales, y su artículo décimo primero transitorio modifica temporalmente el alcance
del arraigo hasta la entrada en vigor del sistema penal acusatorio federal, posibilitando la emisión
de órdenes de arraigo en casos distintos a los de delincuencia organizada, en un lugar específico y
por un término más limitado, para permitirlo en delitos graves, en el domicilio del indiciado y
hasta por un máximo de cuarenta días. Sin embargo, este artículo décimo primero transitorio en
ningún momento modifica la competencia federal para emitir una orden de arraigo, ni permite
que los ministerios públicos o jueces locales emitan estas órdenes. La racionalidad del transitorio
sólo se refiere a la entrada en vigor del sistema acusatorio a nivel federal, modificando las
circunstancias materiales, de tiempo, modo y lugar para emitir la orden de arraigo, pero no
modifica la competencia federal para hacer competentes a las autoridades locales para emitirla.
Por ello, una orden de arraigo emitida por un juez local, solicitada por un ministerio público del
fuero común, para el éxito de la investigación de un delito también local, no puede ser
considerada constitucional, ya que ni el juez es autoridad competente para emitirla, ni el
ministerio público para solicitarla, aun cuando el delito por el que se solicitó fuera considerado
grave y en la Federación o en el Estado no haya entrado en vigor el sistema penal acusatorio.
PRIMERA SALA
Amparo en revisión 164/2013. 30 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de
García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio. Ponente: José
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalba Rodríguez Mireles y Raúl M. Mejía Garza.
Amparo en revisión 38/2014. 30 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretarios: Rosalba Rodríguez Mireles y Raúl M. Mejía Garza.
Amparo directo en revisión 2048/2013. 3 de septiembre de 2014. Cinco votos de los Ministros
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio.
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Saúl Armando Patiño Lara.
Amparo directo en revisión 2049/2013. 3 de septiembre de 2014. Cinco votos de los Ministros
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio.
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Saúl Armando Patiño Lara.
Amparo directo en revisión 2063/2013. 3 de septiembre de 2014. Cinco votos de los Ministros
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio.
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Saúl Armando Patiño Lara.
Tesis de jurisprudencia 4/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en
sesión de fecha veintiuno de enero de dos mil quince. 43
Esta tesis se publicó el viernes 13 de febrero de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial de
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 de febrero de
2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2008403
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de febrero de 2015 09:00 h
Materia(s): (Constitucional, Penal)
Tesis: 1a./J. 5/2015 (10a.)
ARRAIGO LOCAL. EFECTOS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA MEDIDA EMITIDA POR EL JUEZ.
EXCLUSIÓN DE PRUEBAS DIRECTA E INMEDIATAMENTE RELACIONADAS.
Dada la inconstitucionalidad de una orden de arraigo emitida por un juez local, solicitada por un
ministerio público del fuero común, para el éxito de la investigación de un delito también local,
debe corresponder en cada caso al juzgador de la causa penal, como autoridad vinculada al
cumplimiento, determinar qué pruebas carecen de valor probatorio por encontrarse directa e
inmediatamente vinculadas con el arraigo, dado que dicho valor no se pierde en automático por la
declaración de invalidez de la orden de arraigo. Es por ello que para los efectos de la exclusión
probatoria, el juez de la causa penal deberá considerar aquellas pruebas que no hubieran podido
obtenerse a menos que la persona fuera privada de su libertad personal mediante el arraigo, lo
cual comprenderá todas las pruebas realizadas sobre la persona del indiciado, así como todas
aquellas en las que él haya participado o haya aportado información sobre los hechos que se le
imputan estando arraigado. En este sentido, se constriñe al juez de la causa penal a que, mediante
un auto que emita en la etapa procedimental en que se encuentre el juicio penal, determine qué
pruebas deben ser excluidas de toda valoración, lo cual debe hacer del conocimiento de las partes
en el juicio.
PRIMERA SALA
Amparo en revisión 164/2013. 30 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de
García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio. Ponente: José
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalba Rodríguez Mireles y Raúl M. Mejía Garza.
Amparo en revisión 38/2014. 30 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretarios: Rosalba Rodríguez Mireles y Raúl M. Mejía Garza.
Amparo directo en revisión 2048/2013. 3 de septiembre de 2014. Cinco votos de los Ministros
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 44
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio.
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Saúl Armando Patiño Lara.
Amparo directo en revisión 2049/2013. 3 de septiembre de 2014. Cinco votos de los Ministros
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio.
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Saúl Armando Patiño Lara.
Amparo directo en revisión 2063/2013. 3 de septiembre de 2014. Cinco votos de los Ministros
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio.
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Saúl Armando Patiño Lara.
Tesis de jurisprudencia 5/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en
sesión de fecha veintiuno de enero de dos mil quince.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de febrero de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial de
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 de febrero de
2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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