En medio del escándalo sobre las intrigas entre comisionados, el IFAI recibió un revés del Poder Judicial.
Una jueza federal ordenó al Instituto responsable de facilitar el acceso a la información gubernamental aclarar si la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, puede ser considerada como una grave violación de derechos humanos y, por tanto, si se debe permitir el acceso público a la averiguación previa respectiva.
Jéssica Villafuerte Alemán, jueza sexta de distrito en materia administrativa, concedió un amparo a la organización Artículo 19 México, que impugnó una resolución de junio de 2012 en la que el IFAI confirmó el criterio de la PGR en el sentido de que la averiguación de esa matanza es información reservada.
La negativa en el IFAI para abrir el expediente de la Procuraduría se dio con el voto del actual presidente, Gerardo Laveaga, y las comisionadas Sigrid Arzt y María Elena Pérez-Jaén, quienes están citados a comparecer en el Senado la próxima semana.
Con el amparo, ahora el IFAI debe estudiar el argumento de Artículo 19 de que la matanza fue un delito de lesa humanidad y, con plenitud de jurisdicción, determinar si procede confirmar o revocar la clasificación de reserva aplicada por la PGR.
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