El Juez Séptimo de Distrito en Chilpancingo concedió
el amparo a la comunidad Mini Numa contra la negativa del Gobierno de Guerrero
a garantizar su derecho de acceso a la salud.
Para el juez, el estado violó los artículos
constitucionales primero, segundo y cuarto, relativos a la igualdad, a la protección
de los pueblos indígenas, y a la salud.
Con la resolución, el Gobierno y la secretaría de
Salud estatales deberán enviar personal médico para atender las 24 horas, así
como mobiliario, servicios de luz, agua, drenaje y medicamento la casa de salud
que construyó la comunidad con recursos propios.
"Sin que para el caso las autoridades sanitarias
primarias del Estado de Guerrero puedan alegar falta de presupuesto, porque se
trata de un motivo injustificable para cumplir con un imperativo
constitucional", advirtió el juez en su resolución.
Las autoridades demandadas tienen 10 días hábiles
para interponer recurso de revisión contra la sentencia. De ser así, el caso
iría a un Tribunal Colegiado que podría remitirlo a la Corte o ésta misma
ejercer la facultad de atracción.
Abel Barrera, presidente de "Tlachinollan",
resaltó que luchar por los derechos económicos, sociales y culturales ha sido
como "abrir camino en La Montaña".
"Los pueblos de La Montaña, a pesar de estos
caminos intransitables, han sabido abrir estas veredas de justicia y derechos
humanos en medio de burlas, discriminación, en medio de la guerra que hace el
Ejército contra las drogas y que se traduce contra los pobres".
Edgar Cortés, secretario técnico de la Red Nacional
de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y
Todos, resaltó la importancia de darle seguimiento a la forma en que la
autoridad cumplirá la resolución.
Para Mario Patrón y Rodrigo Gutiérrez, académico de
la UNAM y miembro de Espacio DESC, la resolución es progresista porque se basa
en estándares internacionales de protección a los derechos, como el Pacto de
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los
Derechos del Niño, la Convención para Eliminar todas las formas de
Discriminación y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,
relativo a los pueblos indígenas.
Todos ellos reconocidos por encima de una norma
local, el Modelo Integrador de Atención a la Salud (MIDAS), la cual determina
la imposibilidad de establecer médicos en comunidades con una población menor a
2 mil 500 habitantes.
"La lucha que llevó a cabo esta comunidad ha
sentado un precedente muy relevante en el poder judicial -para una cantidad muy
importante de comunidades en el país que viven en exclusión y discriminación-
al considerar a los DESC como derechos justiciables y no programáticos",
destacó Gutiérrez.
El Gobierno de Guerrero les dijo a los indígenas de
Mini Numa que no tenían derecho a la salud porque en su comunidad vivían menos
de 3 mil personas. Les dijo que construyeran una clínica para mandarles un
médico, y no cumplió. Les dijo que se enfermaban porque no se bañaban. Les
negaba la atención, incluso de emergencia, porque se acababan las fichas.
"Todo eso, en lugar de desanimarnos, nos dio
coraje, mucho coraje y empezamos a luchar, y fue cuando nos organizamos
nuevamente", cuenta Alfonso Montealegre, el principal de Mini Numa.
Luego de tres años y seis muertos por falta de
atención médica, su lucha floreció: la comunidad de indígenas mixtecos –apoyados
por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"– logró
el primer amparo a nivel nacional en contra del estado por incumplir su derecho
a la salud, a la vida y a la no discriminación. El precedente legal para que
otros, excluidos y discriminados como ellos, hagan justiciables sus derechos.
La lucha seguirá para lograr que la Ssa estatal
construya una casa de salud digna en la comunidad y se otorgue la clave
correspondiente para evitar que la asignación del médico quede sujeta a criterios
burocráticos o políticos.
Seguirá para que se construya un hospital de segundo
nivel en Metlatónoc, y se dé atención médica a los más de 25 mil indígenas de
la región.
"Le exigimos que cumpla todo lo que el juez
pidió. No le estamos pidiendo, le estamos exigiendo, porque es un derecho que
el médico esté 24 horas, porque la enfermedad no avisa", dice Alfonso
Montealegre, en representación de sus compañeros que viven en uno de los
municipios más pobres del país, sin acceso a agua, drenaje, luz y vivienda
adecuada.
Además del amparo otorgado, la comunidad logró que la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero emitiera la
recomendación 16/2008 por violar su derecho a la salud y la inadecuada
prestación del servicio público.
Fuente: Reforma
No hay comentarios:
Publicar un comentario