sábado, 20 de octubre de 2012

Gana Mini Numa amparo por salud


El Juez Séptimo de Distrito en Chilpancingo concedió el amparo a la comunidad Mini Numa contra la negativa del Gobierno de Guerrero a garantizar su derecho de acceso a la salud.

Para el juez, el estado violó los artículos constitucionales primero, segundo y cuarto, relativos a la igualdad, a la protección de los pueblos indígenas, y a la salud.

Con la resolución, el Gobierno y la secretaría de Salud estatales deberán enviar personal médico para atender las 24 horas, así como mobiliario, servicios de luz, agua, drenaje y medicamento la casa de salud que construyó la comunidad con recursos propios.

"Sin que para el caso las autoridades sanitarias primarias del Estado de Guerrero puedan alegar falta de presupuesto, porque se trata de un motivo injustificable para cumplir con un imperativo constitucional", advirtió el juez en su resolución.

Las autoridades demandadas tienen 10 días hábiles para interponer recurso de revisión contra la sentencia. De ser así, el caso iría a un Tribunal Colegiado que podría remitirlo a la Corte o ésta misma ejercer la facultad de atracción.

Abel Barrera, presidente de "Tlachinollan", resaltó que luchar por los derechos económicos, sociales y culturales ha sido como "abrir camino en La Montaña".

"Los pueblos de La Montaña, a pesar de estos caminos intransitables, han sabido abrir estas veredas de justicia y derechos humanos en medio de burlas, discriminación, en medio de la guerra que hace el Ejército contra las drogas y que se traduce contra los pobres".

Edgar Cortés, secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos, resaltó la importancia de darle seguimiento a la forma en que la autoridad cumplirá la resolución.

Para Mario Patrón y Rodrigo Gutiérrez, académico de la UNAM y miembro de Espacio DESC, la resolución es progresista porque se basa en estándares internacionales de protección a los derechos, como el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a los pueblos indígenas.

Todos ellos reconocidos por encima de una norma local, el Modelo Integrador de Atención a la Salud (MIDAS), la cual determina la imposibilidad de establecer médicos en comunidades con una población menor a 2 mil 500 habitantes.

"La lucha que llevó a cabo esta comunidad ha sentado un precedente muy relevante en el poder judicial -para una cantidad muy importante de comunidades en el país que viven en exclusión y discriminación- al considerar a los DESC como derechos justiciables y no programáticos", destacó Gutiérrez.

El Gobierno de Guerrero les dijo a los indígenas de Mini Numa que no tenían derecho a la salud porque en su comunidad vivían menos de 3 mil personas. Les dijo que construyeran una clínica para mandarles un médico, y no cumplió. Les dijo que se enfermaban porque no se bañaban. Les negaba la atención, incluso de emergencia, porque se acababan las fichas.

"Todo eso, en lugar de desanimarnos, nos dio coraje, mucho coraje y empezamos a luchar, y fue cuando nos organizamos nuevamente", cuenta Alfonso Montealegre, el principal de Mini Numa.

Luego de tres años y seis muertos por falta de atención médica, su lucha floreció: la comunidad de indígenas mixtecos –apoyados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"– logró el primer amparo a nivel nacional en contra del estado por incumplir su derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación. El precedente legal para que otros, excluidos y discriminados como ellos, hagan justiciables sus derechos.

La lucha seguirá para lograr que la Ssa estatal construya una casa de salud digna en la comunidad y se otorgue la clave correspondiente para evitar que la asignación del médico quede sujeta a criterios burocráticos o políticos.

Seguirá para que se construya un hospital de segundo nivel en Metlatónoc, y se dé atención médica a los más de 25 mil indígenas de la región.

"Le exigimos que cumpla todo lo que el juez pidió. No le estamos pidiendo, le estamos exigiendo, porque es un derecho que el médico esté 24 horas, porque la enfermedad no avisa", dice Alfonso Montealegre, en representación de sus compañeros que viven en uno de los municipios más pobres del país, sin acceso a agua, drenaje, luz y vivienda adecuada.

Además del amparo otorgado, la comunidad logró que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero emitiera la recomendación 16/2008 por violar su derecho a la salud y la inadecuada prestación del servicio público.

Fuente: Reforma

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