martes, 15 de enero de 2013

PRI defiende los ajustes a reforma a DH; piden retirarla


La representación del PRI en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados promueve la aprobación de la reforma al artículo 1 constitucional en materia dederechos humanos que propone que en caso de que un tratado internacional y la Constitución se contrapongan, sea el criterio esgrimido en la segunda el que prevalezca.
La iniciativa presentada —el pasado 3 de enero— por el legislador Francisco Arroyo Vieyra, presidente de esa Cámara, ha sido criticada por defensores de derechos humanos como Jesús Robles Maloof y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Diputados del PAN y del PRD también han externado su rechazo a la propuesta.
Ante la oposición, Arroyo Vieyra aclaró que no movería un dedo por promover su iniciativa y que correspondería al órgano dictaminador definir qué haría con ella.
Al respecto, el diputado priísta Raymundo King De la Rosa, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales aclaró que la propuesta de Arroyo lo único que pretende es poner orden cuando pretextando la defensa de un derecho se quiera lesionar otro.
Por ello, aseguró que discutirán con el resto de los grupos parlamentarios las objeciones que puedan tener con la intención de lograr su dictaminación y aprobación en el Pleno de San Lázaro, en el periodo de sesiones que comienza en febrero y concluye en abril.
“Es una iniciativa que tiene un carácter fundamental para fortalecer el régimen legal de los derechos humanos desde un ámbito constitucional, creemos que consolida este apartado. Ahora que se ha turnado a la comisión la revisaremos para tener conocimiento a fondo y analizar las posiciones de los demás partidos políticos”, puntualizó el diputado.
Piden retirar iniciativa
Jesús Robles Maloof, integrante de la asociación Propuesta Cívica pidió al diputado Arroyo Vieyra retirar la iniciativa para evitar la dictaminación.
Robles Maloof y José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, recordaron que el artículo 1 constitucional ya aclara que en caso de que untratado internacional y la Constitución se contrapongan se optará por la interpretación que más favorezca a la protección de los derechos humanos.
De forma textual, el párrafo referido por los especialistas indica: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
Marroquín Farrera consideró que Francisco Arroyo desconoce la legislación internacional en materia de derechos humanos, porque ésta ha evolucionado y contempla mecanismos para actuar correctamente cuando la protección de un derecho implique lesionar otro.
“En el derecho internacional encontramos esas precisiones. Más que restringir derechos, lo que se ha hecho internacionalmente es ampliar estos derechos”, explicó el especialista.
De proceder la reforma propuesta por el diputado priísta, previó Marroquín, cabría la posibilidad de interpretar las disposiciones en materia de derechos humanos de forma restrictiva.
“Con el visto bueno del Presidente”
Robles Maloof, recordado por representar a los detenidos del pasado 1 de diciembre, aseguró que la reforma pretende regresar al régimen priísta del pasado “con toda su connotación regresiva en materia de derechos humanos”.
“La disposición para dictaminar la iniciativa significa que tiene el visto bueno del presidenteEnrique Peña Nieto. Conocemos las formas del PRI, no se mueven sin tener línea coincidente con el gobierno”, consideró Robles.
De aprobarse la reforma propuesta, explicó, se eliminaría el principio pro persona, que justamente establece queen caso de contradicciones se aplicará la visión más garantista para el individuo.
El integrante de la asociación Propuesta Cívica exhortó a los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a frenar la iniciativa del priísta, pues al tratarse de una reforma constitucional necesitaría de la dos terceras partes de los diputados para ser aprobada.

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