El derecho penal, que debería ser el último recurso para resolver un conflicto, en México suele ser considerado una herramienta para atender problemas sociales, advierte un estudio de Guillermo Zepeda Lecuona en el libro "La transformación del sistema penitenciario federal: una visión de Estado".
En el País, precisó el investigador especializado en reforma judicial, seguridad ciudadana y justicia penal, el espectro penal crece de forma desbordada y cerca del 95 por ciento de los delitos tiene contemplada una pena de prisión, sin considerar que el uso de medidas penales genera violencia institucional y problemas más graves que los que podría resolver.
"Si los contribuyentes incumplen obligaciones, se impulsa la creación de tipos delictivos fiscales; si los ciudadanos no respetan el Reglamento de Tránsito, incurren en complicados delitos derivados del tránsito vehicular; si no se respeta un reglamento ecológico, también se generan delitos especiales en la materia", observó Zepeda Lecuona.
"De la misma forma, los problemas y tensiones en los hogares reciben por parte del Estado la posibilidad de penalizar la resolución de sus conflictos (como el delito de violencia familiar)".
Los códigos penales federal y locales contemplan distintas medidas alternativas a la prisión; sin embargo, en la práctica sólo se registran de manera significativa la prisión, la multa y la reparación del daño, por lo que sanciones como el tratamiento en libertad, el trabajo en favor de la comunidad o la semilibertad se utilizan en raras ocasiones, casi cayendo en el desuso.
"Entre las principales razones por las que no se ha desarrollado el potencial de estas medidas, menos gravosas que la prisión y más adecuadas para la reinserción o la recomposición social en delitos menores, están el que no se ha regulado su instrumentación y, principalmente, que no existe la infraestructura, los recursos y la organización para darles seguimiento", dijo Zepeda Lecuona.
En el desenlace de los procesos penales puede apreciarse que en 2009, año del estudio, a nivel local sólo a 3.6 por ciento de los condenados no se les puso una pena privativa de libertad; en el caso de los procesados federales, el 0.6 por ciento tuvieron una pena distinta a la prisión.
Ante el incremento de los índices delictivos y de violencia, puntualizó Zepeda Lecuona, la respuesta preferente del Estado ha sido incrementar penas, y la prisión preventiva se ha convertido en un pilar de la política criminológica. El impacto de estas medidas se ha visto reflejado en el aumento de internos por cada 100 mil habitantes.
Mientras en las últimas 2 décadas México había tenido una proporción de entre 80 a 100 internos por cada 100 mil habitantes, en 2011 la proporción ya era de 205 internos por cada 100 mil habitantes.
"El agraviamiento de esta variable en tan breve lapso ilustra la tendencia del sistema penal a endurecer su aparato de intimidación punitiva", consideró Zepeda Lecuona.
Esperan a la sombra
Los detenidos en prisión preventiva van en aumento.
· En la última década el número de internos sin sentencia se duplicó, al pasar de 47 mil 874 en 1996 a 87 mil en 2007.
· En 2011, las personas recluidas sin condena ascendían a 99 mil 730.
· En el DF, por cada 100 mil habitantes, hay 463.9 personas internas en los penales por delitos locales o federales.
· Existe una tendencia a convertir en delitos asuntos que podrían resolverse por otras vías: problemas de tránsito, faltas fiscales o daños ecológicos.
ASÍ LO DIJO
"Si los contribuyentes incumplen obligaciones, se impulsa la creación de tipos delictivos fiscales; si los ciudadanos no respetan el Reglamento de Tránsito, incurren en complicados delitos".
Guillermo Zepeda Lecuona,
investigador
Fuente: Reforma
No hay comentarios:
Publicar un comentario