Los últimos cuatro años hemos aprendido que
una reforma de justicia con los alcances de la aprobada en 2008 requiere más
que instructivos uniformes de implementación. No es lo mismo un país unitario
que uno federal; una coyuntura de relativa paz social que una de violencia. No
es lo mismo México en 2012 que Chile en los 90. De la misma manera, estar junto
a la mayor potencia económica y con el régimen de comercio de armas más liberal
del mundo también cuenta.
Hace unos días salió publicada "La
reforma penal que México necesita" de Miguel Carbonell (disponible en
renace.org.mx y que lo encontrarás en el link siguiente: La reforma penal que México necesita), que
precisamente busca aportar criterios para allanar el camino a la reforma a
nuestro sistema de justicia penal en una coyuntura en extremo difícil. El
ensayo se puede leer también como la lista de obstáculos y retos que el próximo
Gobierno habrá de enfrentar si en verdad hay interés en convertir las
modificaciones legales en nuevas realidades prácticas para la justicia
mexicana.
La invitación de Carbonell en el libro
patrocinado por Renace, A.B.P. y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM es a reconocer que el contexto cuenta.
Son cinco los temas puestos sobre la mesa:
1. Tráfico de armas. Parece inevitable
endurecer la postura frente a Estados Unidos. Según un estudio del Instituto
Transfronterizo de la Universidad de San Diego, citado en la publicación, entre
2005 y 2009 los cárteles mexicanos recibieron aproximadamente 15 mil armas
procedentes de EU. Imposible ponerle fin a la violencia en México sin ponerle
límites al flujo -prácticamente libre- de la herramienta de trabajo más
importante de las bandas de delincuentes que han creado la escalada de
violencia en México.
2. Policías. México entró a la guerra contra
el crimen organizado sin policías. El tema es relevante, no sólo por el papel
de éstos en el combate al crimen organizado; también por el nuevo rol que les
asigna la reforma a los policías. Ellos son el primer y más importante eslabón
de la investigación criminal. La próxima administración recibirá una fuerza
policial con una escolaridad promedio de 8.8 años; con el 70 por ciento de los
policías municipales por debajo de los 10 años de estudios y el 60 por ciento
de ellos ganando alrededor de 4 mil pesos al mes. Si hay un servidor público
que debe ser impulsado a una transformación radical es éste. ¿Quién tiene las
mejores propuestas para ello?
3. Control de territorio y violencia.
Carbonell sintetiza en dos parámetros el éxito o fracaso de la lucha del
Gobierno federal contra la ola de criminalidad: control del territorio y de la
violencia. En lo primero algo se ha avanzado, en lo segundo está ampliamente
medido que la sociedad se siente crecientemente insegura. Mientras esta
situación prevalezca es muy difícil crear un ambiente en el que la sociedad
exija a las autoridades cumplimiento con el debido proceso penal y respeto a
las garantías del imputado. Predomina -lamentablemente- un ánimo más proclive a
exigir capturas sin importar el método.
4. Las cárceles. Los centros penitenciarios
mexicanos albergan a alrededor de 230 mil internos. De ellos, el 42 por ciento
está en prisión preventiva: alrededor de 100 mil personas a las que no se les
ha comprobado delito alguno, pero que hoy dormirán privados de su libertad.
Adicionalmente, el 30 por ciento de las cárceles tienen fenómenos de
"autogobierno". Se ha vuelto lugar común decir que las cárceles son
infiernos de impunidad y universidades del crimen. Pero es cierto. Los centros
de reclusión constituyen un eslabón fundamental de nuestro sistema penal.
Podremos decir que tenemos un nuevo sistema de justicia cuando en las cárceles
estén sólo quienes ya han sido condenados; cuando en ellas se respeten las
garantías de los procesados y cuando en su interior el Gobierno garantice
Estado de derecho.
5. Ruta a seguir. Todo lo anterior trata sólo
del contexto de crisis de violencia que inevitablemente envuelve la
implementación de la reforma a la justicia penal. Además urge una política
pública directamente derivada de la propia enmienda constitucional:
modernización legislativa, capacitación, infraestructura. Seguramente los
candidatos a la Presidencia alinearán su discurso a la implementación del nuevo
sistema de justicia penal. Es políticamente correcto hacerlo.
¿A quién creerle? Al que explique cómo le
hará, de qué manera trabajará en cada uno de los factores clave para su éxito.
Fuente: Juan Ciudadano
Reforma 23 abril 2012
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