Solicitar un informe sobre las auditorías a las diferentes áreas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administración, así como los resultados de los juicios en línea, donde se han gastado más de 300 millones de pesos, le costó al Magistrado David Jiménez González su destitución de la Junta de Gobierno de este órgano.
El 2 de enero pasado, Jiménez fue nombrado miembro de la Junta de Gobierno. Desde febrero, empezó a pedir, tanto al Contralor, como el presidente del Tribunal, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, la información referida, además de un reporte sobre el ejercicio del presupuesto para 2014.
Sin embargo, nunca se la presentaron.
El pasado martes 29 de abril, al llegar a la sesión de la Junta, se le notificó que se le revocaba el nombramiento y que sería reasignado a la Tercera Ponencia de la Décima Primera Sala Regional Metropolitana de este órgano.
Mediante un comunicado se le hizo saber que la Junta de Gobierno y la Sala Superior le revocaban el cargo, aunque ambas instancias no tienen facultades para hacerlo.
"El Contralor y Presidente Magistrado siempre se molestaron de que les pidiera transparencia en los recursos públicos que maneja el Tribunal. Nunca respondieron a ninguna de mis peticiones, sólo han actuado con absoluta impunidad", sostuvo Jiménez en entrevista.
"También le cuestioné a Hallivis Pelayo la contratación de 106 personas en áreas administrativas, y el despido injustificado de empleados que cumplían con su trabajo, y tampoco tuve respuesta".
El Magistrado refirió que además documentó que la secretaria particular del titular del Tribunal gana 100 mil pesos mensuales, y la secretaría de la Junta de Gobierno, Elizabeth Ortiz, percibe 113 mil pesos, mientras que otros empleados, con el mismo nombramiento, tienen un sueldo al mes de 14 mil pesos.
El funcionario, quien lleva 7 años en el Tribunal, y que el año pasado fue ratificado por 10 más, denunció también que el Magistrado Presidente ocultó actos de alteración en el turno de expedientes delicados en los que habría incurrido Thelma Semíramis Calva, secretaria general de Acuerdo.
A la funcionaria, dijo, sólo le pidió la renuncia, sin investigar el asunto.
"Hallivis Pelayo sabía que se había cometido una falta que podría tener hasta castigo penal, y en donde había otros involucrados de la Junta de Gobierno o de la Sala Superior, por eso encubrió el acto", aseguró.
Para el Magistrado Jiménez, otro hecho injustificable es el proyecto de reformas al Reglamento Interior del Tribunal, pues Hallivis Pelayo, aseveró, pretende dirigir la ejecución de las funciones de la Junta de Gobierno y Administración, así como suscribir convenio de colaboración con todo tipo de instituciones.
"En la sesión del 24 de abril pasado, el Magistrado Presidente presentó las reformas con las que quiere convertirse en rey, a lo cual me opuse, ya que esto implica disminuirle las facultades a la Junta de Gobierno y se llegaría a lo injusto, que una facultad reglamentaria podría ser superior a las que establece la Ley Orgánica del Tribunal", puntualizó.
"Esta reforma aún no se aprueba, pero Hallivis Pelayo anda maniobrando para lograrlo, pues aún debe ser votada por la Junta de Gobierno y por la Sala Superior".
Jiménez se amparó el miércoles 30 de abril y la jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa lo restituyó en el cargo de la Junta de Gobierno, desde donde, asegura, continuará denunciando la corrupción, la injusticia y la falta de transparencia.
"Se lo he manifestado públicamente a Manuel Luciano Hallivis, que no voy solapar ni a encubrir ni a convertirme en cómplice de conductas irregulares que se estén dando en el Tribunal", destacó.
David Jiménez
Magistrado del TFJFA
"El Contralor y Presidente Magistrado siempre se molestaron de que les pidiera transparencia en los recursos públicos que maneja el Tribunal. Nunca respondieron a ninguna de mis peticiones, sólo han actuado con absoluta impunidad".
"En la sesión del 24 de abril pasado, el Magistrado Presidente presentó las reformas con las que quiere convertirse en rey, a lo cual me opuse, ya que esto implica disminuirle las facultades a la Junta de Gobierno".
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