Por Juan E. Pardinas
A Luis Pérez de Acha y José Roldan Xopa.
En México hay tres clases de contribuyentes fiscales: de tercera, de primera y de primera VIP. Estas categorías no están formalmente establecidas en el Código Fiscal, pero sí tienen forma legal en las ofrendas tributarias que ha aprobado el Congreso mediante la Ley de Ingresos. La regulación de este sistema de castas la lleva a cabo el SAT. Para reflejar cabalmente su misión institucional, el Servicio de Administración Tributaria debería cambiar su nombre por el de Servicio de Administración de Privilegios Tributarios (SAPT).
Volvamos a nuestro sistema de castas. En el lumpen estamos los contribuyentes cautivos, los asalariados y empresas que pagamos regularmente nuestros impuestos. Los contribuyentes de primera pertenecen a un selecto grupo de 27 mil personas físicas y morales que se sumaron al programa del SAPT "Ponte al Corriente", el cual consiste en una serie de perdones y amnistías al pago de impuestos. En México, la elusión fiscal es un símbolo de estatus.
Los contribuyentes VIP se cuecen en olla aparte, ya que no sólo se les permite no pagar impuestos, sino se les concede la licencia de embolsarse los tributos ajenos. Para ilustrar la dimensión del privilegio pongamos un caso hipotético. La doctora Ana María González es una especialista en pediatría que labora en un hospital público del estado de Tabasco. Por lo cual, la doctora González recibe un salario bruto mensual de 15,500 pesos, de los cuales tiene que pagar cerca de 2,200 de Impuesto Sobre la Renta. Esta servidora pública genera más de 26 mil pesos de ISR al año que su empleador, el gobierno de Tabasco, tiene la "obligación" de entregar al SAT, al tratarse de un impuesto federal. Sin embargo, el gobierno de Tabasco tiene su charola de Contribuyente VIP. Este tratamiento preferencial, le permite a la autoridad estatal embolsarse el 60% del ISR que generó la doctora. Esos 9,300 pesos eran de Ana María González y se los clavó su patrón. Este tratamiento de contribuyente plusplatino es privilegio exclusivo para gobiernos estatales y municipales.
Si una empresa aplicara la misma estrategia de embolsarse el salario de sus empleados, su dueño o administrador podría pasar varios años en la cárcel. La Constitución de la República establece que los impuestos se deben cobrar de manera "proporcional y equitativa". Esta estructura de castas, diseñada por el Congreso y ejecutada por el SAPT, no parece reflejar cabalmente el espíritu de nuestra Carta Magna.
En febrero pasado un grupo de 19 personas presentamos un amparo en contra del Congreso de la Unión por conceder privilegios y obsequios fiscales a gobiernos estatales y municipales. El amparo estaba sustentado bajo la premisa de que los contribuyentes clase C, tendríamos que pagar impuestos para cubrir los agujeros fiscales dejados por los privilegios otorgados a los contribuyentes VIP. La semana pasada, Agustín Tello Espíndola, juez décimo primero de distrito en Materia Administrativa, resolvió que los quejosos carecemos de interés legítimo para impugnar esta discriminación frente a las obligaciones fiscales.
Cuando se solicitó al SAT las copias de los convenios con gobiernos estatales y ayuntamientos que regulan este perdón tributario, la respuesta fue que esa información era confidencial y estaba amparada bajo el secreto fiscal. Bajo este argumento, cualquier oficina de gobierno tiene el mismo derecho al secreto fiscal que una empresa o un ciudadano particular. A la hora de pagar, eludir y embolsarse impuestos tenemos distintas categorías de contribuyentes, pero el secreto fiscal protege a todos por igual.
La próxima reforma fiscal debería estar basada en el principio de que todos los contribuyentes tenemos la misma obligación de cumplir la ley. Antes de subir impuestos habría que acabar con la opacidad y los regímenes de privilegios. Algo se ha avanzado en transparentar cómo se usan los dineros públicos, pero muy poco sabemos sobre cómo se perdona el pago de impuestos.
Twitter: @jepardinas
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