La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 32/2013, dirigida al jefe de Gobierno del Distrito Federal, al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del DF y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por las acciones y omisiones en que incurrieron servidores públicos del gobierno capitalino y del citado tribunal, por las cuales la ex esposa del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimental, que fue privada de su libertad durante 12 meses de manera ilegal e injusta por reclamar una pensión alimenticia.
El organismo dirigido por Raúl Plascencia Villanueva consideró que con la actuación de estos funcionarios "se configura un tipo de violencia contra la mujer al revictimizarla por exigir esa retribución para sus hijos, lo que constituye una violación de las leyes y tratados internacionales que tutelan los derechos humanos".
De igual forma, condenó el hecho de que las autoridades de la esfera judicial quebranten las leyes al ponerles trabas y obstáculos para acceder a esas pensiones, pues "este tipo de violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres".
A través de un comunicado, la CNDH recordó que en agosto de 2011 Ana María Orozco Castillo había demandado a Góngora una pensión alimenticia a su favor y el de sus hijos menores de edad, quienes sufren una discapacidad. En respuesta, él la acusó por los delitos de fraude genérico y actos de violencia familiar en contra de los niños, delitos que, como se demostró más tarde, nunca existieron.
Al ver que se violaban sus derechos de presunción de inocencia y al debido proceso, la mujer solicitó -desde el penal de Santa Martha Acatitla, donde estaba recluida- la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que le apoyaran a ella y a sus hijos, pero no fue posible, ya que dicho organismo concluyó el caso mes y medio después de su radicación bajo el argumento de que “no existen suficientes elementos para acreditar la violación a derechos humanos”.
Orozco interpuso entonces un recurso de impugnación ante la CNDH, organismo que constató la existencia de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad, al acceso a la justicia, al acceso a las garantías y al debido proceso legal, de la mujer y de sus dos menores hijos con discapacidad, a quienes se les violentó el derecho de los niños y al desarrollo integral de la niñez.
Por ello, en su recomendación 32/2013 pide al jefe de Gobierno del Distrito Federal y al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del DF implementen las acciones necesarias para reparar los daños causados a la mujer y sus dos hijos.
También solicita que en un acto público, ante la presencia de las víctimas y familiares, se les ofrezca una disculpa institucional, lo cual implique el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron servidores públicos de esas dependencias, dando a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron lugar a esta recomendación.
Les pide colaborar en el trámite de las quejas que promueva ante la Contraloría General del Distrito Federal, la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del DF y ante el Consejo de la Judicatura de esta capital, respectivamente.
Al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, solicita se investiguen de forma integral las acciones y omisiones de algunos servidores públicos de ese organismo local.
Asimismo, impartir capacitación y/o actualización a ese personal sobe los derechos de las niñas y los niños, así como de las mujeres, con el objetivo de garantizar la no repetición de actos similares a los referidos.
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