La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició una acción colectiva contra los gobiernos del Distrito Federal y el Estado de México por permitir la descarga clandestina de aguas negras en la presa San Joaquín, ubicada en Tecamachalco.
Se trata de la primera demanda presentada por la Profepa bajo la figura de la acción colectiva difusa, vigente desde 2012 para defender intereses de grupos indeterminados de personas.
El juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil inició el trámite de la demanda el 18 de marzo y emplazó a contestar al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) y la Comisión de Aguas del Estado de México.
La acción busca una sentencia en la que se declare que ambos órganos son "son ambientalmente responsables" por la contaminación de la presa, "ocasionando con ello daños al ambiente y por consecuencia a la salud de la población aledaña al lugar afectado".
De entrada, la Profepa pidió al juez Guillermo Campos ordenar seis medidas cautelares, con independencia de la responsabilidad que eventualmente se atribuya a los demandados cuando se dicte la sentencia final del juicio.
Las medidas incluyen: contener las descargas de aguas residuales; iniciar los trabajos de remediación y limpieza en la presa; analizar toxicidad de las aguas; e informar si hay empresas cercanas que estén arrojando aguas no tratadas.
El pasado 11 de febrero, el SACM adjudicó un contrato de 13.8 millones de pesos a las empresas Constructora Metafor y Tucán Interamericana para "rehabilitación para recuperar la capacidad de almacenamiento y mecanismo de control" de la presa.
La presa San Joaquín es una de las más grandes del Valle de México, con capacidad de 359 mil metros cúbicos, y si bien a mediados del siglo pasado se aprovechaba incluso para deportes acuáticos, durante más de 50 años ha recibido descargas de drenajes de la delegación Miguel Hidalgo y el municipio de Naucalpan.
A finales de 2013, vecinos de Tecamachalco y Lomas Hipódromo reclamaron públicamente la inacción de la Profepa ante la pestilencia y daños a vías respiratorias y otros padecimientos que afectan a unas cinco mil familias de la zona.
La Profepa presentó su demanda el 6 de enero. El juez Campos la desechó por improcedente, pero el 12 de marzo, un tribunal unitario de circuito revocó su fallo y ordenó dar trámite al expediente.
Fuente: Reforma
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