El pasado 26 de mayo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) requirió al SAT para que exhibiera las normas internas que utiliza para tramitar las solicitudes de devolución en materia del impuesto al valor agregado (IVA), situación que el órgano recaudador, en un ejercicio de transparencia acató.
Del análisis a la normatividad interna que ha emitido el SAT para que sus Unidades Administrativas den cumplimiento a lo establecido por el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación (CFF) en materia de devoluciones, la PRODECON advirtió que “existen normas o regulaciones internas que inciden en violaciones a los derechos de los contribuyentes, mismas que se relacionan con requerimientos excesivos, facultades de comprobación sin la motivación adecuada, negativas de devolución injustificadas y desistimientos no previstos en el artículo 22 del CFF”.
En consecuencia, esa Procuraduría informó que notificó al SAT su propuesta para modificar la normatividad interna que sus Unidades Administrativas, especialmente las Administraciones Locales y Federal de Auditoría Fiscal, utilizan para tramitar dichas solicitudes de devolución.
Esa propuesta considera que se modifique la normatividad interna del SAT a efecto de que:
1. En los trámites de devolución no requiera al contribuyente documentación que ya obre en su poder, al haber sido aportada en trámites anteriores e incluso, diversos.
2. No se resuelvan desfavorablemente las solicitudes de devolución con base en una aplicación de “formalismos extremos”.
3. Autorice devoluciones parciales, cuando así proceda, en lugar de tener por desistidos en forma total a los solicitantes.
4. Al realizar una auditoría, como consecuencia de la solicitud de devolución, se indique de manera precisa qué la motivó y qué es lo que se pretende comprobar.
5. Elabore un solo documento en el cual se contenga el cúmulo de reglas internas que existen en materia de devoluciones del IVA, a fin de simplificar la tarea de los funcionarios del SAT.
El Ombudsman fiscal manifestó su expectativa por la respuesta que pueda formular el órgano recaudador ante esa serie de recomendaciones.
Cabe señalar que esa situación representa la posibilidad de materializar el espíritu garantista del artículo primero constitucional, en pro de los derechos de los contribuyentes.
| Fuente: | El Economista |
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