En un hecho sin precedentes, la Suprema Corte de Justicia solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigar a fondo la presunta corrupción en juzgados y tribunales de Baja California que ha permitido que miles de autos usados ingresen al país desde Estados Unidos sin cumplir los requisitos.
La investigación fue pedida con base en el Artículo 97 de la Constitución, que faculta a la Corte para pedir que se "averigüe la conducta" de funcionarios de ese nivel, el cual no había sido utilizado.
El Ministro José Ramón Cossío fue quien planteó al pleno de la Corte solicitar la investigación en 2013.
El pasado 19 de mayo, el funcionario solicitó a sus colegas requerir al CJF para presentar un informe actualizado sobre las acciones que ha adoptado sobre el tema.
Cossío pidió la indagatoria luego de que la Corte resolvió en 2012 siete expedientes derivados de la importación de autos usados, algunos de ellos atraídos por los Ministros por solicitud del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
"Al estudiar las constancias me pude percatar de ciertas situaciones y posibles inconsistencias que, en mi opinión, ameritan una averiguación concreta al respecto", afirmó Cossío, quien elaboró las sentencias en los siete asuntos.
Los casos involucran a cinco Magistrados de circuito que otorgaron amparos y luego insistieron en ordenar la importación de autos sólo con los requisitos del Tratado de Libre Comercio, sin tomar en cuenta los planteamientos de un decreto presidencial de 2011.
El tema de los autos usados ha sido motivo de quejas recurrentes del SAT y de la industria automotriz desde 2010, pero, hasta ahora, el CJF no ha sancionado a los juzgadores.
En julio de 2011, el SAT denunció ante el CJF a los presidentes del Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Mexicali, Benjamín Castro y José Aguilar Moya, porque, sin tener facultades, giraron oficios a todas las aduanas fronterizas para que siguieran permitiendo importar a dos empresas.
En mayo de 2012, el CJF suspendió a dos jueces de distrito de Mexicali para investigarlos por los mismos hechos, pero a ninguno se le inició procedimiento de responsabilidad.
Uno de estos jueces, Daniel González Vargas, estuvo suspendido dos meses, fue reinstalado en Mexicali y en diciembre de 2013 otorgó una suspensión a la compañía Automotores Triple R para que siguiera importando, con lo que ignoró jurisprudencia de la Corte.
En mayo pasado, el CJF readscribió a González a un juzgado de Veracruz, y el 16 de junio anunció que otra vez lo suspendió para iniciar una nueva visita extraordinaria al juzgado de Mexicali en el que despachaba.
Irregularidades
Casos que motivaron la investigación de la Corte sobre el ingreso de autos usados de EU.
QUEJA 90/2012
· El Primer Tribunal Colegiado amparó a una importadora y luego modificó el alcance del amparo para ordenar a todas las aduanas del país que le permitieran el ingreso de autos.
Magistrados implicados: Benjamín Castro, Irineo Lizárraga e Iliana Reyes.
QUEJA 131/2012
· El Cuarto Tribunal Colegiado amparó a una importadora y luego aclaró oficiosamente que se le debía exentar de todo requisito, salvo los del TLCAN, para importar vehículos.
Magistrados implicados: Faustino Cervantes y Miguel Ángel Montalvo (secretario en funciones de Magistrado).
AMPARO EN REVISIÓN 614/2012
· El juzgado 12 de distrito amparó a una empresa que no acreditó ser importadora de vehículos.
Juez: Francisco Domínguez Castelo (ascendió a Magistrado en 2013).
CASO DIFUNDIDO POR EL CJF
· Amparo 757/2013
El juez segundo de distrito otorgó una suspensión para importar autos usados.
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