La Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó a todos los jueces del País que revisan litigios mercantiles a reducir las tasas de interés que les parezcan abusivas.
"Si el juzgador adquiere convicción de oficio de que el pacto de intereses es notoriamente usurario acorde con las circunstancias particulares del caso, entonces debe proceder, también de oficio, a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente", estableció la Primera Sala de la Corte.
En jurisprudencia obligatoria aprobada el 21 de mayo, la Sala emitió ocho lineamientos que facultan a los jueces para apreciar si el interés pactado en un crédito fue excesivo, tema sobre el cual no existía criterio detallado del máximo tribunal.
Los lineamientos incluyen "la existencia o no de alguna situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor respecto del acreedor".
De acuerdo con especialistas, este concepto, no definido en la ley, podría poner a los bancos y otras entidades financieras a la defensiva a la hora de otorgar préstamos a poblaciones vulnerables o de escasos recursos.
También se considerará el tipo de relación entre las partes, si el acreedor es una institución financiera o un prestamista particular, monto y plazo del crédito, condiciones del mercado, tasas que cobran otros bancos e inflación durante la vida del préstamo, entre otros aspectos.
La jurisprudencia derivó de una contradicción entre tribunales federales, algunos de los cuales sostuvieron que el artículo 174 viola la Constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos por permitir la usura y "la explotación del hombre por el hombre".
Uno de los casos que originó la contradicción fue un amparo de Banco Azteca en contra del fallo de un juez federal que, de oficio, calificó como usureras las tasas que pactó en 2010 con una cliente.
El interés ordinario era 63 por ciento anual y 180 por ciento de intereses moratorios al año. En 2012, el juez redujo las tasas, en ambos casos, a 6 por ciento anual.
En tanto, una fuente de la Asociación de Bancos de México (ABM) indicó que la problemática más grave de explotación a sectores vulnerables tiene lugar con prestamistas no regulados.
Armando Sánchez Porras, presidente de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, aseveró que la tesis de la SCJN puede ser sana para el mercado siempre que el nivel de usura quede bien definido.
En tanto, la Asociación Mexicana de Entidades Financieras, que agrupa a las Sofomes desreguladas, dijo no tener información suficiente para dar una opinión.
Fuente: Reforma
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