Reticencias de operadores jurídicos e interpretaciones distintas sobre el contenido y alcance del artículo primero constitucional son dos de los obstáculos que enfrenta la reforma en derechos humanos.
Así lo advierte el "Diagnóstico sobre la Implementación de la Reforma de 2011. Evaluación a Tres Años de Entrada en Vigor", elaborado por los tres poderes de la Unión.
"Debemos tener en cuenta los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y no discriminación. Y es aquí, justamente, donde se encuentra uno de los obstáculos más fuertes de la implementación", señala.
"Pues la conjugación de estos principios, como base de la actuación de cualquier autoridad, es algo que en nuestros días sólo realiza, no sin obstáculos, y a veces con interpretaciones controvertidas, el Poder Judicial Federal", indica el análisis, presentado esta semana.
El documento desglosa en 164 páginas los objetivos, metas, avances, obstáculos, retos y hasta "temas pendientes" del Ejecutivo, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial de la Federación ante esta reforma, que modificó 11 artículos en materia de derechos humanos.
Entre otras "complejidades" que señala el diagnóstico está la inexistencia de un sistema o una metodología que permita monitorear el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
También, la existencia de un sistema penal poco receptivo a los derechos de los reclusos, el llamado populismo penal y las interpretaciones reduccionistas de la propia reforma, considerada el cambio constitucional en la materia más trascendente desde 1917.
"La labor legislativa frecuentemente se enfrenta con interpretaciones reduccionistas que circunscriben el derecho a la mera letra de la norma, sin aproximarse al contenido substancial de los principios y valores que impregnan la labor legislativa", indica el reporte.
"De ahí que se requiera de una visión valorativa y principialista que influya en la producción legislativa en materia de derechos humanos, para que cada disposición normativa, desde su concepción, tienda a la máxima protección", agrega.
En el rubro de pendientes, se señala la necesidad de concretar la Ley General de Ejecución Penal y armonizar la Ley sobre Celebración de Tratados y la Ley de Extradición Internacional.
Además, emitir la ley reglamentaria del artículo 29 y armonizar diversas leyes nacionales con los tratados internacionales suscritos por México.
"Uno de los objetivos fundamentales es consolidar una nueva metodología legislativa que permita dotar de una perspectiva integral y transversal en materia de derechos humanos a todos los dictámenes legislativos (independientemente de su materia)", abunda el texto.
Vigilantes ciudadanos
El Gobierno federal anunció la integración de un consejo ciudadano para la implementación de la reforma en derechos humanos. Éstos serán sus integrantes:
1. Ana Laura Magaloni, CIDE
2. Diego Valadés, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
3. Enrique Fernández, ANUIES
4. José Luis Caballero, Comisión para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
5. José Narro Robles, Rector de la UNAM
6. José Roldán Xopa, del CIDE
7. Katia D'Artigues, periodista
8. Mariclaire Acosta, Freedom House
9. Miguel Concha Malo, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Votoria
10. Miguel Sarre, ITAM
11. Regina Tamés, directora del GIRE
12. Sandra Serrano, FLACSO
13. Pedro Salazar Ugarte, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
14. Ricardo Raphael, CIDE
15. Roy Campos, Mitofsky
16. Santiago Corcuera, miembro del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU
*Falta designar un consejero.
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