Un juez federal puso al descubierto las omisiones en que incurre la Secretaría de Educación Pública (SEP) para evitar y erradicar el abuso, maltrato y acoso sexual entre alumnos en planteles escolares.
Por esa razón, estableció la ruta que deben tomar las autoridades federales para solucionar este tipo de problemas que se presentan frecuentemente en las escuelas del país.
Lo anterior derivó de un amparo que Fernando Silva García, juez octavo de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, concedió a una menor de edad que cursa el sexto año de primaria, debido a “las omisiones de las autoridades educativas federales que han producido tolerancia del bullying” entre alumnos.
En la resolución se menciona que en el caso de la niña de 11 años de edad, las autoridades de la SEP no adoptaron las medidas necesarias para proteger su integridad personal en relación con posibles riesgos de abusos a sus derechos fundamentales dentro de la escuela pública en la que estudia.
Esto a pesar de que hay declaraciones de padres de familia y estudiantes, de que uno de los alumnos se había masturbado dos veces en clase frente a sus compañeras; que ese mismo niño amagó a otros menores en el baño y los amenazó con objetos punzocortantes para hacerles propuestas de carácter sexual.
Fue el tío de la niña, quien funge como su tutor, quien promovió la demanda de amparo en noviembre de 2013, para obligar a la SEP a tomar cartas en el asunto.
“En auto de 3 de diciembre de 2013, este juzgado le reconoció el carácter de representante especial a… respecto a la niña…, de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Amparo; asimismo, este juzgador tuvo por ampliada la demanda de amparo, en relación a la omisión de la autoridad responsable de tomar las medidas necesarias para proteger la integridad personal de la niña…”, indica la sentencia.
Un día después, el juzgador ordenó la apertura del incidente de suspensión y dictó las medidas cautelares para proteger a la menor del acoso escolar, entre ellas, que se identificara la situación de forma clara y precisa.
Asimismo, que se comunicara al conjunto de profesores de la situación, así como que se asignara a una persona del plantel para que protegiera a la menor y la vigilara en espacios comunes de encuentro, y darle la opción para que si ella así lo deseara, fuera cambiada de grupo, y se escuchara a la menor para que se expresara sobre dichas medidas.
Además, se ordenó la valoración física y psicológica de la niña y de otras alumnas en el Hospital Regional de Iztapalapa y se ordenaron talleres para sensibilizar sobre diversos temas a los niños.
Sin embargo, existió omisión por parte de las autoridades educativas federales, entre ellas la directora Regional de Servicios Educativos Centro de la SEP y el supervisor de la Zona Escolar Siete.
El amparo ordena que se continúe asignando a una persona (mujer) del plantel para que proteja a la menor, de manera discreta, y vigile los espacios comunes de encuentro de la menor con sus compañeros, es decir, durante las entradas, cambios de clase, recreos y almuerzos, a fin de evitar el acoso escolar.
“Escuchar a la menor, a fin de que se exprese sobre las medidas que se han tomado, y si es su deseo cambiar de grupo o si han subsistido las agresiones a su persona e indique qué otras medidas puedan dictarse para que se sienta protegida y en confianza en el centro escolar”.
Y que las autoridades responsables informen mensualmente al representante especial de la menor de las medidas que se sigan adoptando para salvaguardar la integridad de la niña en el centro de estudios durante todo el año escolar.
Claves
“Acciones concretas”
- La Comisión por la Defensa de la Niñez en el DF y la creación de la Defensoría del Menor serían acciones concretas para atender a los niños, más allá de declaraciones o cortes de listón de obras de dudosa relevancia, dijo la asambleísta Polimnia Romana.
- En conferencia de prensa, la diputada local y promotora de esas instancias en la capital del país lamentó que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal haya frenado la aprobación de leyes en defensa del menor, por cuestiones presupuestales.
- Las acciones en beneficio del menor, explicó, deben responder a obligaciones constitucionales y legales y no morales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario