Los gobiernos estatales carecen de facultades para legislar o ejecutar el arraigo domiciliario de presuntos delincuentes, resolvió la Suprema Corte.
Con ocho votos contra dos, el Pleno declaró la invalidez de una reforma de 2012 en Aguascalientes que establecía la posibilidad de arraigar a detenidos durante la investigación de delitos graves.
La mayoría de los ministros consideró que, a partir de la reforma constitucional en materia penal de 2008, el arraigo sólo es aplicable en delincuencia organizada y está reservado a la Federación.
Por ahora no está claro cómo impactará esta decisión a entidades como el Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León, que siguen contemplando el arraigo, pero es un hecho que crecerá la promoción de amparos en contra de esta medida.
Así, los jueces federales podrían empezar a conceder suspensiones para levantar los arraigos implementados por autoridades estatales o, en su defecto, para limitarlos severamente.
El presidente del Poder Judicial de Aguascalientes, Fernando González de Luna, anticipó que las personas que actualmente están arraigadas podrían ser liberadas, pero que eso se precisará este martes cuando se discutan los alcances del acuerdo.
"Si se declara inconstitucional (el arraigo), hay que dejarlos en libertad en ese momento, los que se encuentren en arraigo", dijo el magistrado al ser consultado sobre el tema.
Fuente: Reforma
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