Esta semana, durante la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que enviará al Congreso la iniciativa de Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. ¿Qué son estos mecanismos alternativos? ¿Cuál es su importancia y su impacto en la calidad de la justicia?
Los sistemas de justicia en el mundo se construyeron bajo una premisa equivocada: todos los casos debían ser tratados procedimentalmente de manera idéntica. Es decir, no se podía diferenciar el tipo de respuesta ni la ruta a seguir según las características peculiares del caso. Ello sucede en todos los ámbitos jurisdiccionales. En materia penal, por ejemplo, esta falta de diferenciación de respuestas se traduce en un sistema de administración de casos en donde toda averiguación previa sigue exactamente el mismo procedimiento de integración, sin que existan mecanismos, al interior de las agencias del MP, para dar respuestas diferenciadas, por ejemplo, el que roba sin violencia paga lo robado y el que mata se va a la cárcel. Tampoco se permite establecer prioridades en función de los tipos de delitos, por ejemplo, se le puede dar prioridad a los delitos violentos sobre los no violentos, o a los delitos predatorios sobre los delitos de mercado. Finalmente, las agencias del MP tampoco pueden dejar de invertir tiempo y recursos en los asuntos que tienen muy pocas probabilidades de ser resueltos, por ejemplo, un carterista en el Metro si no lo atraparon en flagrancia, es casi imposible resolverlo vía investigación ministerial. El resultado de esta no diferenciación de casos es que sólo entre 5 y 10 por ciento de las denuncias en México terminan siendo consignadas ante un juez y el resto termina en el archivo después de haberse invertido tiempo y recursos para que ello pueda suceder.
Poco a poco, esta idea de que todos los casos deben ser atendidos de forma idéntica ha ido cambiando en el mundo. Las fiscalías y los tribunales han creado sistemas de administración de casos que les permiten dar soluciones diferenciadas: "según el sapo, la pedrada". La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal que va a enviar Peña al Congreso tiene como fin organizar este conjunto de salidas alternas en el ámbito penal.
Con variantes, los distintos códigos de las países de la región con sistemas de justicia oral contemplan varios tipos de salidas, que van desde el principio de oportunidad, es decir, decidir cerrar el caso por la baja probabilidad de que se resuelva (ejemplo, carterista del Metro), negociar acuerdos reparatorios entre el responsable y la víctima (ejemplo, asuntos de daño en propiedad ajena), hasta la posibilidad de que el acusado se declare culpable y se le reduzca la pena. Todas son formas alternativas al juicio de terminar un caso penal.
No hay forma de resolver las graves debilidades de la justicia penal si no se descongestiona el sistema y se permite al MP (con supervisión del juez) utilizar formas alternativas de resolución de conflictos penales. Sin embargo, los riesgos de que se corrompa el sistema y se abuse de este tipo de medidas son altos. Por ejemplo, lo que sabemos de Estados Unidos y su Plea Bargaining, es que a veces los fiscales presionan a los detenidos para que se declaren culpables y tiempo después se logra demostrar su inocencia con pruebas tan contundentes como el DNA en casos de violación. En México, estos riesgos son aún mayores, pues si algo sabe hacer bien nuestro sistema de persecución criminal es vender impunidad y fabricar culpables. La mejor manera de blindar las salidas alternas de los abusos es con defensorías públicas de enorme calidad. Sin esta pieza clave, la reforma penal no va a funcionar y las salidas alternas pueden convertirse en la forma de institucionalizar abusos y corrupción.
Ana Laura Magaloni Kerpel
No hay comentarios:
Publicar un comentario