La Corte

Hace 20 años fue modificada la Constitución para consolidar la presencia de un tribunal constitucional en México. En la tradición nacional de aproximaciones sucesivas algunas reformas previas habían apuntado en esa dirección. La que entró en vigor el 1o. de enero de 1995 representó la culminación de ese proceso.

Esa reforma redujo la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pasó de 21 a 11 ministros y suprimió los supernumerarios; creó el Consejo de la Judicatura Federal y estableció las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. De entonces acá la Corte, como tribunal constitucional, adquirió una nueva dimensión en el ámbito institucional. Su relevancia aumentó en la medida en que numerosos diferendos de orden político y social se trasladaron de la esfera arbitral del gobierno a la decisión jurisdiccional.

El papel asignado a la Corte supuso un avance porque subrayó la naturaleza normativa de la Constitución, lo que a su vez implicó un control para el ejercicio del poder; abrió un cauce a la solución de los conflictos ajeno a los acomodos políticos, y preludió lo que se esperaba sería una nueva etapa del Estado de derecho en el país. Con sus vicisitudes, el balance de veinte años resulta positivo. Ha sido una etapa valiosa a partir de la cual será posible diseñar la siguiente generación de cambios.

Entre las cuestiones que deben ser atendidas hay algunas de orden jurídico y otras de naturaleza consuetudinaria. Ejemplo de las primeras son:

1) La Corte concentra un poder excesivo porque es tribunal constitucional, tribunal de legalidad y órgano de administración y gobierno del Poder Judicial.

2) El sistema de designación de los ministros y del presidente de la Corte ha mostrado sus limitaciones.

3) Las acciones de inconstitucionalidad son medios de control reservados a las instancias del poder; los ciudadanos no podemos hacer uso de ese instrumento de defensa de la Constitución.

En cuanto a la costumbre, se convirtió al Consejo de la Judicatura en la antesala de la Corte, con lo que se tomó el camino de regreso a la situación que se quiso solucionar en 1995: separar las funciones administrativas y jurisdiccionales en el Poder Judicial.

Para resolver esos problemas conviene pensar en reformas como las siguientes:

1) Dejar a la Suprema Corte como un tribunal de control de legalidad e integrar un Tribunal Constitucional por separado, o mantener a la Corte como tribunal constitucional y crear un tribunal superior con relación a los juzgados y tribunales federales, para las cuestiones de estricta legalidad.

2) Convertir la presidencia de la Corte en un cargo rotatorio al que accedan todos los ministros por periodos anuales, evitando la lucha por el poder que fractura la vida interior de un órgano tan sensible y relevante para la estabilidad institucional del país.

3) Modificar el procedimiento de designación de los ministros, superando el riesgo de ternas ficticias y el inconveniente de someter a los aspirantes a la búsqueda del voto de los partidos representados en el Senado. En las postulaciones también deben tener voz la academia y el foro.

4) Establecer la autonomía del Consejo de la Judicatura, que no se desarrolló lo suficiente en 1995 y que además resultó afectado por la reforma de 1999, que lo subordinó parcialmente a la Corte.

5) Legitimar a los ciudadanos para promover acciones de inconstitucionalidad. Esto ya sucede en varios sistemas constitucionales de América Latina, donde forma parte de los avances democráticos y de los mecanismos de control del poder.

Habrá que contemplar asimismo otras medidas, como la incorporación de los tribunales autónomos al Poder Judicial federal y la adopción de nuevas figuras, como la cuestión de inconstitucionalidad, por ejemplo.

La organización del sistema jurisdiccional tiene efectos trascendentes en el contexto general de las instituciones. En cuanto a su evolución, ese sistema ha sido más dinámico que el representativo, cuyos avances han sido positivos pero lentos, y del sistema de gobierno, muy rezagado todavía.

Los cambios federales en materia de justicia deberán ir acompañados de otros análogos en el espacio de los estados, para superar el caciquismo que afecta las libertades y la seguridad jurídica de millones de mexicanos.

La Corte merece reconocimiento por lo que ha hecho pero no debe darse por satisfecha. Como en ocasiones anteriores, es de esperar que también ahora formule su proyecto de reformas.

Diego Valadés

@dvalades