El triunfo del ministro Aguilar sobre el ministro Zaldívar para ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia no fue, en mi opinión, la victoria de los conservadores sobre los liberales en la manera en que se resuelven los casos en el máximo tribunal. En términos jurisdiccionales, el presidente de la Corte sólo tiene un voto, como todos los demás ministros. Con Aguilar o Zaldívar a la cabeza, la Corte sigue siendo la misma en términos ideológicos. Tenemos una Corte más conservadora que liberal y más apegada a la tradición que a la innovación, por decirlo de alguna manera. Este balance ideológico entre los ministros no cambia por quién ocupa la presidencia.
Lo que sí cambia, y es crucial para el Poder Judicial federal, es quién encabeza el Consejo de la Judicatura Federal. Como todos sabemos, el presidente de la Corte es también el presidente del Consejo. Es en ese órgano colegiado en donde están las asignaturas pendientes más importantes de la administración del Poder Judicial y los retos más complicados para quien lo encabeza.
En mi opinión, existen dos retos cruciales para Aguilar Morales. El primero se llama corrupción. Por lo que pudimos observar hace algunos meses en el caso del Zar de los Casinos, Rojas Cardona, la corrupción de los jueces federales es un fenómeno complejo que opera en redes y, lo más preocupante, que llega hasta el Consejo de la Judicatura Federal. Hasta ahora los órganos, dentro del Consejo, encargados de investigar y sancionar los casos de corrupción judicial han mostrado su inoperancia. Nada está diseñado para que se sancione a los corruptos. Todo lo contrario. Le toca al ministro Aguilar Morales liderar e impulsar el rediseño de los procesos de fiscalización, mejorar sustantivamente la capacidad de investigación y detección de las redes de corrupción judicial, desarticularlas, sancionar a los responsables y mandar un mensaje contundente de que no se va a tolerar ningún acto de corrupción en el Poder Judicial. Una parte importante del éxito de las reformas estructurales de la administración de Peña Nieto pasa por garantizar que existen jueces federales imparciales, capaces y honestos para resolver cualquier conflicto que la implementación de estas reformas suscite. Sobra decir que ello es de vital importancia para atraer inversiones y para generar nuevos mercados.
El segundo gran reto de Aguilar Morales se llama meritocracia. Hay que fortalecer la carrera judicial y terminar con el amiguismo y el compadrazgo tan arraigados. En la práctica, muchos más funcionarios aprueban el examen para juez o magistrado de las plazas que se abren. Por ello, es frecuente que la relación personal de los aspirantes con los consejeros de la judicatura sea crucial para llegar a ser juez o ascender a magistrado. El ingreso, permanencia y promoción de todos los juzgadores federales todavía depende de las relaciones personales de los aspirantes con las cabezas de la institución. Es sabido en el gremio que los consejeros tienen incidencia en las decisiones de los jueces y magistrados federales. Asuntos en donde hay mucho dinero de por medio son potencialmente asuntos en donde el juez puede recibir "instrucciones" de sus superiores. Esto da en el corazón mismo de la independencia y la credibilidad judiciales. Por la encrucijada en la que se encuentra el país, Aguilar Morales tiene una gran oportunidad para romper estas prácticas perversas.
El nuevo ministro presidente de la Corte sabe de qué están hechas todas estas prácticas judiciales que deben cambiar. Dada su trayectoria profesional, todos los jueces y magistrados federales lo miran como de casa, lo respetan a priori por ello. Esta es una ventaja que ojalá Aguilar Morales sepa aprovechar. Como dice el dicho, el buen juez por su casa empieza.
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