TESIS JURISPRUDENCIALES
Y AISLADAS MAS RELEVANTES, PUBLICADAS
EN EL SEMANARIO
JUDICIAL DE LA FEDERACION
Y SU GACETA
EN EL MES
DE ABRIL DE 2012.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII,
Abril de 2012, Tomo 2; Pág. 1680 ; Registro: 200 0498
AMPARO DIRECTO. ES
IMPROCEDENTE CONTRA LA
RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE NO ADMITE A TRÁMITE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA
AL NO SER UNA DETERMINACIÓN CON LA
QUE SE PONGA FIN AL JUICIO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
EN EL ESTADO DE MÉXICO).
De una interpretación sistemática de los artículos 44, 46
y 158 de la Ley
de Amparo se advierte que el juicio de amparo directo procede contra sentencias
definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin a un juicio o simplemente lo
den por concluido. En este sentido, la resolución por la cual el Juez de
Control no admite a trámite la acción penal privada, no confiere competencia a
un Tribunal Colegiado de Circuito que le faculte a conocer de ese acto, toda
vez que de acuerdo con los artículos 27, 28, 221, 240, 288, 293, 300, 309, 310,
326, 328, 329 y 331 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de
México, el nuevo sistema procesal de corte acusatorio, adversarial y oral se
clasifica en las siguientes etapas esenciales: a) preliminar o de
investigación; b) intermedia o de preparación de juicio oral; c) de juicio; d)
recursos o etapa de impugnación; y e) de ejecución de sentencia; por tanto,
tomando en cuenta que la determinación de no admitir la referida acción penal
se ubica en la primera etapa, esto es, previo al inicio del "juicio",
se concluye que dicha determinación encuadra en el supuesto de procedencia del
juicio de garantías previsto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo (actos de
tribunales judiciales ejecutados fuera de juicio), propio de la competencia de
un Juez de Distrito; por ende, el juicio de amparo directo es improcedente al
no tratarse de una resolución que ponga fin a un juicio.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO
CIRCUITO.
Amparo directo 191/2011. 9 de noviembre de 2011.
Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Espinosa Durán. Secretario: Marco Antonio
Beltrán Moreno.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII,
Abril de 2012, Tomo 2; Pág. 1722 ; Registro: 200 0554
DERECHO DE
PETICIÓN. AL EJERCERLO, LOS GOBERNADOS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A CONOCER EL
SENTIDO TÉCNICO DE LOS VOCABLOS JURÍDICOS NI A UTILIZARLOS CON DICHO SENTIDO.
El ejercicio del derecho reconocido en el artículo 8o. de
la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos permite a los
gobernados plantear, mediante un uso coloquial del lenguaje, cualquier
petición, siempre y cuando ésta sea pacífica y respetuosa. Lo anterior es así,
porque si bien es cierto que el derecho usualmente hace uso de algunas
expresiones que en su sentido técnico son más acotadas que en su aspecto
coloquial, también lo es que ello no implica que, al ejercer su derecho de
petición, los gobernados se encuentren obligados a conocer el sentido técnico
de los vocablos jurídicos ni a utilizarlos con dicho sentido. Por el contrario,
es la autoridad, quien en atención al uso del lenguaje en un contexto cultural
determinado, se encuentra obligada a interpretar la forma de las palabras que
utilizan los particulares en el ejercicio del derecho de petición, sin
restricción alguna en cuanto a que pudieran tener un significado más acotado
cuando se usan de forma técnica-jurídica; esto con la finalidad de dar una
respuesta completa y congruente a la petición.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
CUARTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 552/2011. Gemelly Pamela Trejo
Hinojosa. 19 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro
Bermúdez Manrique. Secretaria: Dulce Gwendolyne Sánchez Elizondo.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII,
Abril de 2012, Tomo 2; Pág. 1723 ; Registro: 200 0555
DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL
EFECTIVA. LA
IMPROCEDENCIA DE LA VÍA CONSTITUCIONAL
NO DEBE TRASCENDER EN DENEGAR UNA SOLUCIÓN A LA PRETENSIÓN PLANTEADA
EN UNA DEMANDA DE AMPARO, SINO QUE PARA RESOLVER LO CONDUCENTE, LA AUTORIDAD COMPETENTE
DEBE TENER EN CUENTA LA FECHA
EN QUE SE INSTÓ DICHA VÍA, Y REQUERIR A LA QUEJOSA PARA QUE
ADECUE SU DEMANDA A LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS QUE RIJAN EL RECURSO O MEDIO
DE DEFENSA RESPECTIVO.
Cuando en un juicio de amparo se decreta la improcedencia
de la vía constitucional, los juzgadores de garantías no deben limitar su
actuación a resolver el juicio de su conocimiento, sino que, además, tienen el
deber de enviar el asunto correspondiente a la autoridad que, conforme a la
legislación aplicable, resulte competente para resolver el caso concreto, en
términos de los artículos 1o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el
Diario Oficial de la
Federación el 10 de junio de 2011, y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, conforme a los cuales el Estado Mexicano reconoce a la
protección judicial como uno de los derechos fundamentales integrantes del
sistema jurídico nacional, que se traduce en que toda persona tiene derecho a
un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los
Jueces o los tribunales competentes, que le amparen contra actos que vulneren
sus derechos fundamentales. Ante tal evento, la autoridad competente para
resolver el recurso o medio de defensa de que se trate, no sólo deberá tener en
cuenta la fecha en que la quejosa instó la vía constitucional de amparo, con
las consecuencias inherentes a ello, sino que también deberá requerirla para
que adecue la demanda inicial a las directrices y lineamientos del
procedimiento que rija al recurso o medio de defensa respectivo y, hecho lo
anterior, resolver lo que en derecho proceda en el momento procesal oportuno,
pues sólo así podrá garantizarse el derecho humano a la protección judicial
efectiva.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR
DE LA TERCERA REGIÓN ,
CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.
Amparo en revisión 980/2011. Horacio Barba Padilla. 14 de
diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José Rosales Sánchez.
Secretaria: Karla Lizet Rosales Márquez.
Amparo en revisión 995/2011. Víctor Blanco Hernández. 14
de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José Rosales Sánchez.
Secretaria: Karla Lizet Rosales Márquez.
Amparo en revisión 977/2011. Elizabeth Corona Mendoza. 5
de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José Rosales Sánchez.
Secretario: Jesús Alberto Ávila Garavito.
Amparo en revisión (improcedencia) 61/2012. Jorge Antonio
Estrada López. 19 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José
Rosales Sánchez. Secretaria: Karla Lizet Rosales Márquez.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII,
Abril de 2012, Tomo 2; Pág. 1724 ; Registro: 200 0556
DERECHO HUMANO DE
PROTECCIÓN JUDICIAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS. CON EL OBJETO DE TUTELARLO Y A PARTIR DE UNA
INTERPRETACIÓN PRO PERSONAE O PRO HOMINE DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL DE LOS
DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE, EL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA
VÍA SUMARIA , DEBE DUPLICARSE SI LA AUTORIDAD FISCAL
INFORMA INEXACTAMENTE AL CONTRIBUYENTE, EN LA RESOLUCIÓN QUE LE
NOTIFICA, QUE DISPONE DEL DIVERSO RELATIVO A LA VÍA ORDINARIA.
El artículo 1o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de analizar el
contenido y alcance de los derechos humanos a partir del principio pro personae
o pro homine. Por su parte, el ordenamiento jurídico mexicano, con el objeto de
asegurar la accesibilidad a los recursos efectivos que garanticen el derecho
humano de protección judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, prevé en el artículo 23 de la Ley Federal de los
Derechos del Contribuyente la obligación de las autoridades fiscales de indicar
al particular, al notificarle los actos que emitan, el término con que cuenta
para la interposición de los medios de defensa a través de los cuales puede
combatirlos, entre otros elementos que debe informarle, e indica como
consecuencia normativa para el caso de que en la resolución correspondiente se
omita tal señalamiento, que los contribuyentes contarán con el doble del
término que establecen las disposiciones legales para interponer, según el
caso, el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo federal.
Por tanto, si la autoridad fiscal asienta en forma inexacta en el acto
notificado que el contribuyente, para promover el juicio de nulidad, dispone del
término de cuarenta y cinco días que prevé el artículo 13 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, relativo al procedimiento ordinario,
a pesar de que la vía procedente sea la sumaria, dado el importe de la
resolución en cuestión, y que en consecuencia el término que en realidad deba
observarse en el caso particular sea el diverso de quince días previsto en el
artículo 58-2 del propio ordenamiento legal; debe concluirse, efectuando la
interpretación del invocado artículo 23 de la Ley Federal de los
Derechos del Contribuyente que más beneficie al particular en relación con la
tutela del derecho humano de protección judicial, que el proceder irregular de
la autoridad fiscal implica una afectación al gobernado de idéntico alcance al
de haber omitido en su totalidad informarle sobre cuáles son los medios de
defensa de que dispone para combatir tales actos y el término legal para
hacerlos valer, pues en ambas hipótesis el proceder de la autoridad opera en
detrimento de la accesibilidad del recurso, por lo que debe aplicarse la
consecuencia prevista en esta última norma legal y tomar en consideración, para
determinar la oportunidad de la demanda de nulidad, el término de treinta días,
derivado de la duplicación del lapso de quince que prevé el citado artículo
58-2 de la Ley Federal
de Procedimiento Contencioso Administrativo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 4/2012. Begoña Isabel Pandal Fernández. 14
de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas
Ramírez. Secretario: Salvador Alejandro Lobato Rodríguez.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII,
Abril de 2012, Tomo 2; Pág. 1746 ; Registro: 200 0590
INCIDENTE DE
NULIDAD DE ACTUACIONES EN LOS JUICIOS ORALES SUMARÍSIMOS. CONTRA EL AUTO QUE LO
DESECHA NO PROCEDE RECURSO ALGUNO (INAPLICABILIDAD DE LA TESIS VI.2 o.C.567 C).
Si se atiende a que los juicios tramitados en la vía oral
sumarísima, están regulados en el capítulo segundo del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Puebla, no les resulta aplicable el resto de las
reglas que, en materia de recursos, rigen a los juicios cuyo trámite se da en
la vía ordinaria; y, si se toman en consideración los artículos 47 y 584 del
citado ordenamiento, se advierte que son autos las resoluciones que no
resuelven el fondo del negocio, o interlocutorias las que resuelven un
incidente y que contra las resoluciones de trámite no procede ningún medio de
impugnación, es claro que contra el auto a través del cual se desecha un
incidente de nulidad propuesto no procede recurso. Razón por la que es
inaplicable la tesis con la clave VI.2o.C.567 C, que aparece publicada en el
Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de
2007, página 1646, de rubro: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. EL AUTO
QUE LO DESECHA DEBE COMBATIRSE MEDIANTE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, PREVIO A SU
IMPUGNACIÓN EN AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", pues
dicho criterio sólo aplicaría, a los juicios ordinarios, mas no a los orales
sumarísimos.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO
CIRCUITO.
Amparo directo 532/2011. Edwin Garcilazo Arriaga. 10 de
noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Rosa María Temblador Vidrio.
Secretario: Benito Andrade Arroyo.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII,
Abril de 2012, Tomo 2; Pág. 1824 ; Registro: 200 0609
OFENDIDO O VÍCTIMA
DEL DELITO. SUPUESTO DE EXCEPCIÓN JUSTIFICADA EN QUE SU FALTA DE EMPLAZAMIENTO
O COMPARECENCIA AL AMPARO DIRECTO PROMOVIDO POR EL INCULPADO, NO AMERITA LA REPOSICIÓN DEL
PROCEDIMIENTO.
Si se advierte que durante el desarrollo del
procedimiento penal quedó constancia de que se agotaron los medios conducentes
para la búsqueda y localización de la víctima u ofendido, sin que haya podido
ser localizado y sin que hubiese mostrado interés alguno en comparecer o
apersonarse en la causa penal, y a pesar de que tuvo conocimiento del proceso y
de su continuidad por las instancias ulteriores, se resistió o negó a ser
localizado y a mantener cualquier vínculo con la causa y sus consecuencias,
entonces el no emplazarlo al juicio de amparo directo promovido por el
inculpado no amerita la reposición del procedimiento, dado que tratándose de
casos excepcionales como éste, en donde se agotaron los medios legales al
alcance de las autoridades y de las partes para encontrarlo (IFE, ISSEMYM, SAT,
ISEM e IMSS), sería ocioso ordenar reponer el procedimiento para que fuera
emplazado como tercero perjudicado, si desde el proceso no se le pudo
localizar, pues ello causaría mayor perjuicio a los derechos e intereses del
quejoso en contravención a su garantía a una justicia pronta, completa y
expedita, como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO
CIRCUITO.
Amparo directo 171/2011. 9 de noviembre de 2011.
Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Silvestre P.
Jardón Orihuela.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII,
Abril de 2012, Tomo 2; Pág. 1838 ; Registro: 200 0630
PRINCIPIO PRO
HOMINE. SU CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTOS.
En atención al artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante decreto publicado en el
Diario Oficial de la
Federación el diez de junio de dos mil once, las normas en
materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Carta Magna y con los
tratados internacionales de la materia, procurando favorecer en todo tiempo a
las personas con la aplicación más amplia. Dicho precepto recoge de manera
directa el criterio o directriz hermenéutica denominada principio pro homine,
el cual consiste en ponderar ante todo la fundamentalidad de los derechos
humanos, a efecto de estar siempre a favor del hombre, lo que implica que debe
acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trate
de derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más
restringida, cuando se trate de establecer límites para su ejercicio. Asimismo,
en el plano del derecho internacional, el principio en mención se encuentra
consagrado en los artículos 29 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación , de manera
respectiva, el siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Amparo en revisión 402/2011. Guadalupe Edith Pérez Blass.
19 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José Franco Luna.
Secretario: Salvador Obregón Sandoval.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII,
Abril de 2012, Tomo 2; Pág. 1986 ; Registro: 160 145
PROCEDIMIENTO
ABREVIADO EN EL JUICIO ORAL. SU ACEPTACIÓN EXPRESA POR EL IMPUTADO CON LAS
FORMALIDADES LEGALES, IMPIDE EL ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO DE LA ACREDITACIÓN DEL
DELITO Y LA
RESPONSABILIDAD PENAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
A partir de las reformas constitucionales publicadas en
junio de dos mil ocho, el Constituyente Permanente estableció el sistema penal
de justicia acusatorio y oral y, en cumplimiento a ello, en el Estado de
México, el nueve de febrero de dos mil nueve, se publicó en el Periódico
Oficial "Gaceta del Gobierno", el decreto que expidió el nuevo Código
de Procedimientos Penales para esa entidad federativa, cuya vigencia escalonada
inició el uno de octubre del mismo año. Dentro del diseño del nuevo esquema
procesal penal se establece el procedimiento abreviado como uno de los medios
alternativos de solución de controversias, cuyo trámite está previsto en los
artículos 388 al 393 del referido código. Este procedimiento abreviado podrá
iniciarse a solicitud del Ministerio Público cuando el imputado acepta ante la
autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su
intervención en el hecho delictuoso, en términos de la fracción IV del artículo
390 de ese código, siempre que se cumplan con las demás formalidades
consistentes en que el imputado exprese su conformidad de manera libre,
voluntaria e informada, asistido de su defensor, sobre la apertura del citado
procedimiento, conozca su derecho a exigir un juicio oral y renuncie voluntariamente
a ese derecho, y acepte ser juzgado con base en los antecedentes recabados en
la etapa de investigación. De modo que, cuando se reclame en el juicio de
amparo directo la sentencia definitiva que concluya ese procedimiento, no
podrán ser materia de impugnación por parte del quejoso ni de análisis en la
ejecutoria respectiva, los temas relativos a la acreditación del delito y la
plena responsabilidad, ya que previamente fueron aceptados expresamente por el
imputado al someterse al referido procedimiento abreviado.
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SÉPTIMA REGIÓN.
Amparo directo 187/2011. 6 de mayo de 2011. Unanimidad de
votos. Ponente: Marco Antonio Guzmán González. Secretario: Óscar Santiago
Vargas.
Nota: Esta tesis que aparece publicada en el Semanario
Judicial de la Federación
y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 5, enero de 2012, página 4579, se
cancela por instrucciones del propio Tribunal Colegiado de Circuito, ya que su
contenido no refleja el estudio efectuado en la ejecutoria.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII,
Abril de 2012, Tomo 2; Pág. 1972 ; Registro: 200 0680
SUSPENSIÓN
DEFINITIVA TRATÁNDOSE DE DELITOS GRAVES. PARA CONCEDERLA ES INAPLICABLE EL
ARTÍCULO 19, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL ,
REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE
JULIO DE 2011, EN VIRTUD DE QUE SU VIGENCIA ESTÁ SUJETA A LO PREVISTO EN EL
ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE 18 DE JUNIO DE 2008, QUE EXIGE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA PENAL ACUSATORIO (LEGISLACIONES FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL).
Si bien es cierto que el 14 de julio de 2011 fue
reformado el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y se estableció que entraría en vigor al día
siguiente de su publicación, también lo es que dicho precepto constitucional
está condicionado a lo previsto en el artículo segundo transitorio del decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, a través del cual se
estableció el nuevo sistema procesal penal acusatorio, el que entraría en vigor
cuando lo estableciera la legislación secundaria correspondiente, sin exceder
el plazo de ocho años. Lo anterior, porque la citada reforma de julio de 2011
fue únicamente para incluir al delito de trata de personas en el párrafo
segundo de ese precepto constitucional, sin que esa adición modificara el
mencionado artículo segundo transitorio, pues si se dispuso que aquélla
entraría en vigor al día siguiente de su publicación fue porque en algunas
legislaciones estatales ya se instrumentó el nuevo sistema de justicia penal.
Consecuentemente, para conceder la suspensión definitiva tratándose de delitos
graves, es inaplicable la reforma del artículo 19, párrafo segundo,
constitucional, de 14 de julio de 2011, pues su vigencia está sujeta a lo
previsto en el citado artículo segundo transitorio del decreto de reforma de
junio de 2008, que exige que tanto en el Distrito Federal como en el fuero
federal se implemente el nuevo sistema penal acusatorio.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Queja 57/2011. 23 de noviembre de 2011. Unanimidad de
votos. Ponente: María Elena Leguízamo Ferrer. Secretaria: Margarita Picazo
Sánchez.
Queja 12/2012. 30 de enero de 2012. Unanimidad de votos.
Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretario: Julio César Ramírez Carreón.
Incidente de suspensión (revisión) 56/2012. 8 de marzo de
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Tereso Ramos Hernández. Secretario: Claudio
Ojeda Pinacho.
Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que las
sentencias dictadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del
Primer Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en los recursos
de queja 57/2011, 7/2012, 15/2012 y 4/2012, respectivamente, que son objeto de
las denuncias relativas a las contradicciones de tesis 33/2012, 36/2012,
80/2012 y 115/2012, pendientes de resolverse por la Primera Sala.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII,
Abril de 2012, Tomo 2; Pág. 1968 ; Registro: 200 0673
SISTEMA PENAL
ACUSATORIO. ES INFUNDADO EL ARGUMENTO DE QUE AL TRATARSE DE AQUÉL, SEA MEDIANTE
EL AMPARO INDIRECTO QUE DEBA ANALIZARSE EL DESECHAMIENTO O ADMISIÓN DE PRUEBAS,
SI LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO SON LAS MISMAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE MÉXICO).
La resolución que desestima y desecha las pruebas
documentales ofrecidas por la defensa del quejoso y admite las diversas
planteadas por el Ministerio Público en la audiencia intermedia en el nuevo
sistema de justicia penal en el Estado de México no es un acto de imposible
reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues
con su pronunciamiento no se afectan los derechos sustantivos del quejoso, como
la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito, o la
propiedad, sino que se trata de una infracción meramente adjetiva o
intraprocesal que no afecta derechos fundamentales, lo que hace improcedente el
juicio de amparo indirecto en su contra, dado que si el quejoso obtiene
sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su
perjuicio, y si no lo fuera, esto aun no ocasionaría una situación de imposible
reparación, porque podría impugnarla en amparo directo, en términos de los
artículos 158 y 160 de la Ley
de Amparo. Por tanto, es infundado el argumento de que al tratarse del nuevo
sistema de justicia penal, es reclamable en amparo indirecto porque constituye
un acto de ejecución irreparable, pues independientemente de que estas
violaciones procesales se hayan dado dentro del desarrollo de dicho sistema de
justicia, no debe soslayarse que las reglas para la procedencia del amparo,
hasta este momento, siguen siendo las mismas.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO
CIRCUITO.
Amparo en revisión (improcedencia) 167/2011. 9 de
noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro.
Secretaria: Gigliola Taide Bernal Rosales.
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia de
contradicción de tesis 48/2012, pendiente de resolverse.
[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII,
Abril de 2012, Tomo 2; Pág. 1370 ; Registro: 200 0553
DERECHO A UNA
SEGUNDA INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SU OBJETO Y FIN CONFORME A LA CONVENCIÓN AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
De la interpretación sistemática de los artículos 415 del
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; 7., punto 6, 8.,
punto 2, inciso h), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 8
de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, se advierte el
derecho a una segunda instancia en el procedimiento penal, la cual se abrirá a
petición de parte legítima para resolver sobre los agravios expresados al
interponer el recurso o en la audiencia de vista, ya que si el ad quem omitiera
estudiarlos o lo hiciera sólo en una parte, dejaría al quejoso en estado de
indefensión y violaría sus derechos fundamentales previstos en los artículos
14, 16 y 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese
sentido, conforme al objeto y fin de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos el derecho de recurrir el fallo es una garantía
primordial que debe respetarse en el marco del debido proceso legal, en aras de
permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un tribunal distinto
y de superior jerarquía orgánica; prerrogativa que no sólo se satisface con la
existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado,
ante quien éste tenga acceso, sino que para que haya una verdadera revisión de
la sentencia es preciso que aquél reúna las características jurisdiccionales
que lo legitiman para conocer del caso concreto; de ahí que todo recurso
ordinario deba ser eficaz en la corrección de decisiones jurisdiccionales
contrarias a derecho, y alcanzar los resultados para los cuales fue concebido en
aras de proteger los derechos humanos.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 476/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad
de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Martín Muñoz Ortiz.
Amparo directo 488/2011. 9 de febrero de 2012. Unanimidad
de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Martín Muñoz Ortiz.
Amparo directo 507/2011. 16 de febrero de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: María del Carmen
Campos Bedolla.
Amparo directo 484/2011. 23 de marzo de 2012. Unanimidad
de votos. Ponente: Lilia Mónica López Benítez. Secretaria: Matilde Basaldúa
Ramírez.
Amparo directo 335/2011. 29 de marzo de 2012. Unanimidad
de votos. Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Gerardo Domínguez
Romo.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII,
Abril de 2012, Tomo 2; Pág. 1063 ; Registro: 200 0648
REFORMA
CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO
PROMOVIDO CONTRA LA
DEROGACIÓN DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL ADVERTIR QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL
SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD
(DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE
NOVIEMBRE DE 2007).
El párrafo derogado citado establece que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación
está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos
que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos en que a
su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección
de alguno de los Poderes de la
Unión , debiendo enviar los resultados de la investigación, de
manera oportuna, a los órganos competentes. Ahora, como la eventual sentencia
protectora implicaría que no subsista la derogación de esa norma para que el
citado Tribunal Constitucional reasumiera la facultad de practicar la
averiguación oficiosa aludida, de modo que tendría efectos restitutorios no sólo
en el quejoso, sino en favor de otros sujetos y, por tanto, generales, el
juicio promovido contra dicha derogación resulta improcedente en términos del
artículo 73, fracción XVIII, de la
Ley de Amparo, en relación con los numerales 76 y 80 (este
último interpretado en sentido contrario), de ese mismo ordenamiento y con el
artículo 107, fracción II, constitucional (en su texto anterior a la reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, y de acuerdo
con el artículo tercero transitorio del propio decreto de reformas), en tanto
que la decisión de inconstitucionalidad iría más allá del caso concreto
enjuiciado, lo que provocaría transgresión al principio de relatividad que rige
el dictado de las sentencias en materia de amparo, lo que a su vez implicaría
que la restitución en el goce del derecho violado llegara al extremo de
desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza misma del juicio de
amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar.
Amparo en revisión 896/2008. Centro Patronal de León,
Sindicato Patronal. 5 de octubre de 2011. Cinco votos; votó con salvedad Sergio
Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios:
Miguel Ángel Antemate Chigo, Roberto Lara Chagoyán y Alfredo Villeda Ayala.
Amparo en revisión 1858/2009. Arturo López de Lara Díaz.
5 de octubre de 2011. Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Miguel Ángel
Antemate Chigo, Roberto Lara Chagoyán y Alfredo Villeda Ayala.
Amparo en revisión 1989/2009. Manuel López Palomino. 5 de
octubre de 2011. Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Miguel
Ángel Antemate Chigo, Roberto Lara Chagoyán y Alfredo Villeda Ayala.
Amparo en revisión 2008/2009. Raymundo Daniel Montes
Carrera o Cabrera. 5 de octubre de 2011. Cinco votos; votó con salvedad Sergio
Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretarios:
Miguel Ángel Antemate Chigo, Roberto Lara Chagoyán y Alfredo Villeda Ayala.
Amparo en revisión 488/2010. Centro Empresarial de
Quintana Roo, Sindicato Patronal. 5 de octubre de 2011. Cinco votos; votó con
salvedad Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Secretarios: Miguel Ángel Antemate Chigo, Roberto Lara Chagoyán y
Alfredo Villeda Ayala.
Tesis de jurisprudencia 38/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este
Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de marzo de dos mil doce.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII,
Abril de 2012, Tomo 2; Pág. 1061 ; Registro: 200 0647
REFORMA
CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO
PROMOVIDO CONTRA EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO A, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL ADVERTIRSE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL
SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD
(DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE
NOVIEMBRE DE 2007).
El citado precepto establece, por una parte, que ninguna
persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las
preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de los
partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular; y, por otra,
que queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de
mensajes contratados en el extranjero. Ahora, la protección constitucional que
llegara a otorgarse en su contra, permitiría llevar a cabo, dentro o fuera del
país, la adquisición de tiempo en radio y televisión para transmitir propaganda
dirigida a influir en el electorado, de modo que el amparo concedido tendría un
efecto expansivo más allá de la esfera jurídica del quejoso pues, por una
parte, permitiría realizar operaciones lucrativas con los concesionarios de la
radio y la televisión, a quienes tampoco podría impedírseles contratar y
obtener utilidades con la venta de tiempo en esos medios de difusión y, por
otra, favorecería el incremento en las posibilidades de triunfo de los partidos
políticos y candidatos a quienes quisiera apoyar. En consecuencia, si la
eventual sentencia protectora contra el artículo 41, base III, apartado A,
penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de
noviembre de 2007, tendría efectos restitutorios no sólo para el quejoso sino
en favor de otros sujetos y generales, el juicio promovido contra dicho
dispositivo resulta improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII,
de la Ley de
Amparo, en relación con los numerales 76 y 80 (este último interpretado en
sentido contrario), de ese mismo ordenamiento y con el artículo 107, fracción
II, constitucional (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario
Oficial de la Federación
el 6 de junio de 2011, y de acuerdo con el artículo tercero transitorio del
propio decreto de reformas), en tanto que la decisión de inconstitucionalidad
iría más allá del caso concreto enjuiciado, lo que provocaría transgresión al
principio de relatividad que rige el dictado de las sentencias en materia de
amparo, lo que a su vez implicaría que la restitución en el goce del derecho
violado llegara al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la
naturaleza misma del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad
constitucional que busca preservar.
Amparo en revisión 896/2008. Centro Patronal de León,
Sindicato Patronal. 5 de octubre de 2011. Cinco votos; votó con salvedad Sergio
Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios:
Miguel Ángel Antemate Chigo, Roberto Lara Chagoyán y Alfredo Villeda Ayala.
Amparo en revisión 1858/2009. Arturo López de Lara Díaz.
5 de octubre de 2011. Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Miguel Ángel
Antemate Chigo, Roberto Lara Chagoyán y Alfredo Villeda Ayala.
Amparo en revisión 1989/2009. Manuel López Palomino. 5 de
octubre de 2011. Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Miguel
Ángel Antemate Chigo, Roberto Lara Chagoyán y Alfredo Villeda Ayala.
Amparo en revisión 2008/2009. Raymundo Daniel Montes
Carrera o Cabrera. 5 de octubre de 2011. Cinco votos; votó con salvedad Sergio
Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretarios:
Miguel Ángel Antemate Chigo, Roberto Lara Chagoyán y Alfredo Villeda Ayala.
Amparo en revisión 488/2010. Centro Empresarial de
Quintana Roo, Sindicato Patronal. 5 de octubre de 2011. Cinco votos; votó con
salvedad Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Secretarios: Miguel Ángel Antemate Chigo, Roberto Lara Chagoyán y
Alfredo Villeda Ayala.
Tesis de jurisprudencia 37/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este
Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de marzo de dos mil doce.
[J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII,
Abril de 2012, Tomo 1; Pág. 469 ; Registro: 200 0582
IMPEDIMENTO POR
ENEMISTAD MANIFIESTA. LA
EXISTENCIA DE UNA DENUNCIA PENAL FORMULADA POR ALGUNA DE LAS
PARTES EN CONTRA DEL JUZGADOR QUE CONOCE DE UN ASUNTO DE SU COMPETENCIA, NO ES
SUFICIENTE POR SÍ MISMA PARA CALIFICARLO DE LEGAL; SÍ LO ES EN EL CASO DE LA DENUNCIA FORMULADA
A TÍTULO PERSONAL POR EL FUNCIONARIO JUDICIAL EN CONTRA DE AQUÉLLAS.
De lo previsto en el artículo 66, fracción VI, de la Ley de Amparo, se desprende
que los Ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación , los magistrados de
circuito, los jueces de distrito y las autoridades que conozcan de los juicios
de amparo conforme al artículo 37 de dicho ordenamiento legal, deben manifestar
que están impedidos para conocer de los juicios en que intervengan si existe
amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados
o representantes. En ese sentido, se advierte que en relación con la
presentación de una denuncia penal, existen tres supuestos que pueden ocurrir:
a) que alguna de las partes en el juicio o sus representantes formulen una
denuncia penal en contra de algún funcionario del Poder Judicial de la Federación , ante el
cual ha de desarrollarse o resolverse el juicio en que éstas se vean
involucradas; b) que el juzgador denuncie a título personal a alguna de las
partes o a sus representantes en un juicio de su competencia; y c) que el
funcionario judicial comunique al Ministerio Público de la Federación hechos
posiblemente constitutivos de delitos, cometidos por alguna de éstas. Al
respecto, para efecto de acreditar la causa del impedimento a que se refiere el
mencionado precepto de la
Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General
de la República ,
cabe señalar, que en el caso de la denuncia formulada en contra del juzgador,
por sí misma, es insuficiente para que se actualice el impedimento referido,
pues su existencia no implica de manera patente e indubitable, que se actualice
en éste un ánimo de aversión en contra de la parte en cuestión, así como
tampoco que se haya visto mermada su imparcialidad, puesto que de ser invocada
dicha causa de impedimento por alguna de las partes en el juicio, deberá
probarse con los medios idóneos, ya que se trata de aspectos subjetivos
atribuidos al juzgador; por otra parte, en aquellos casos en que el funcionario
judicial hubiera denunciado a título personal a alguna de las personas que actúan
en el proceso sujeto a su conocimiento, es suficiente la sola existencia de la
delación de la probable comisión de hechos ilícitos constitutivos de
responsabilidad penal formulada por él ante la autoridad persecutora, para
acreditar que en el caso se ha mermado su imparcialidad; finalmente, cuando
únicamente se trate de hacer del conocimiento de la autoridad investigadora de
delitos, la posible comisión de un hecho que pudiera ser tipificado por la ley,
como una obligación derivada de su función como juzgador, de modo alguno puede
considerarse actualizado el impedimento, pues ésta deriva de su calidad como
rector del proceso y como una exigencia derivada de las atribuciones
encomendadas constitucional y legalmente, y de modo alguno de una cuestión personal
que represente enemistad manifiesta.
Contradicción de tesis 255/2011. Entre las sustentadas
por el Primero, Segundo y Tercer Tribunales Colegiados, todos del Noveno
Circuito. 23 de noviembre de 2011. La votación se dividió en dos partes:
mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José
Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Olga
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro.
Tesis de jurisprudencia 38/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha veintidós de febrero de dos mil doce.
[J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII,
Abril de 2012, Tomo 1; Pág. 570 ; Registro: 200 0600
JUICIOS
MERCANTILES. LAS REFORMAS DE 2008 AL CÓDIGO DE COMERCIO SON INAPLICABLES A
AQUELLOS CUYA PRETENSIÓN SE FUNDA EN CRÉDITOS CONTRATADOS, NOVADOS O
REESTRUCTURADOS ANTES DE LA
VIGENCIA DE LA
REFORMA DEL 24 DE MAYO DE 1996.
El artículo primero transitorio del decreto de reforma al
Código de Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de
mayo de 1996, prevé que las reformas a dicho decreto no son aplicables a
persona alguna que tenga contratados créditos con anterioridad a su entrada en
vigor; por su parte, los artículos transitorios único y segundo de los decretos
de reforma al Código de Comercio, publicados en el indicado medio de difusión
oficial el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, respectivamente, disponen
que tales modificaciones no deben aplicarse a los asuntos cuya demanda haya
sido admitida con anterioridad a su entrada en vigor. De la interpretación
armónica y funcional de dichas disposiciones transitorias, se advierte que en
los casos en que la pretensión se origina en créditos contratados con
anterioridad a 1996, pero la demanda se presenta después de la entrada en vigor
de la reforma de 2008, es inaplicable la nueva normativa, pues no debe
soslayarse que tales innovaciones fueron realizadas sobre el Código de Comercio
reformado en 1996, de manera que de afirmar la aplicación del código actual,
incluidas las reformas de 2008, llevaría a aplicar implícitamente las
disposiciones reformadas en 1996, situación que contraviene lo que expresamente
prohibió el legislador en el citado transitorio primero. Además, la aplicación
exclusiva de los artículos reformados en 2008, sobre los preceptos y texto del
Código de Comercio anterior a 1996, tampoco es una solución satisfactoria, pues
daría lugar a inconsistencias insuperables si se considera que, con las
reformas de 1996, se introdujeron cambios al sistema procesal y se alteró el
orden de algunas disposiciones ahí contenidas. En ese sentido, para atender a
los objetivos perseguidos por el legislador al introducir el artículo
transitorio primero y para evitar inconsistencias en la aplicación de la ley,
se concluye que las citadas reformas al Código de Comercio de 2008, son
inaplicables a los juicios cuya pretensión se funda en los créditos
contratados, novados o reestructurados, antes de la vigencia de la reforma del
24 de mayo de 1996.
Contradicción de tesis 269/2011. Entre las sustentadas
por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 19 de octubre
de 2011. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos en
cuanto a la competencia. Disidente y Ponente: José Ramón Cossío Díaz.
Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Secretaria: Mireya Meléndez
Almaraz.
Tesis de jurisprudencia 4/2011 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiséis de octubre de dos mil once.
[J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII,
Abril de 2012, Tomo 1; Pág. 806 ; Registro: 200 0663
REVOCACIÓN. ESE
RECURSO NO PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS DICTADAS CON MOTIVO
DE UN INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD EN LOS JUICIOS MERCANTILES, CUANDO POR
SU MONTO SE CONSIDEREN POR LA
LEY COMO DE CUANTÍA MENOR (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2011).
De la interpretación conjunta de los artículos 1057,
1334, 1339 y 1340 del Código de Comercio, se concluye que el recurso de
revocación es improcedente contra las resoluciones interlocutorias dictadas con
motivo de un incidente de falta de personalidad en un juicio mercantil, cuando
por su monto sean de cuantía menor en términos del último de los artículos
referidos, pues el citado artículo 1334 establece su procedencia sólo contra
decretos y autos, los cuales son resoluciones judiciales dictadas para la tramitación
del juicio, a diferencia de la sentencia interlocutoria emitida dentro de un
incidente de falta de personalidad, en la que se resuelve en definitiva una
controversia de carácter adjetivo al juicio mercantil, en este caso, sobre la
personalidad de alguna de las partes contendientes en el juicio.
Contradicción de tesis 205/2011. Entre las sustentadas
por los Tribunales Colegiados Tercero y Noveno, ambos en Materia Civil del
Primer Circuito. 7 de diciembre de 2011. La votación se dividió en dos partes:
mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José
Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente:
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana Elena Torres Garibay.
Tesis de jurisprudencia 34/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha ocho de febrero de dos mil doce.
Muy interesante la aplicación de los derechos humanos en materia procesal.
ResponderEliminarGracias,