El Estado mexicano pidió ayer una disculpa pública a la familia de Antonio Jacinto López Martínez, líder triqui de Oaxaca asesinado en octubre de 2011.
En el acto se reconoció la responsabilidad y estuvo encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa.
La responsabilidad estriba en que el Estado incumplió en brindar protección al indígena, como lo había ordenado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"En mi calidad de representante del Estado mexicano quiero expresarle una disculpa y hacer un reconocimiento público de la responsabilidad del Estado mexicano, por la responsabilidad en la violación a los derechos humanos del señor Antonio Jacinto López.
"Y reiterarle el compromiso irrestricto de este Gobierno para realizar todas las acciones y agotar todas las medidas necesarias para que actos como los que dieron origen a este reconocimiento, no se vuelvan a repetir en el futuro", expresó Campa a la esposa de la víctima, Julia Vázquez.
Durante el acto, las autoridades federales y estatales firmaron un "Acuerdo de Solución Amistosa" con la viuda de López y sus representantes legales.
Campa explicó que este instrumento implica, entre otras cosas, garantías de no repetición, una compensación económica justa, atención médica a la familia, y otorgamiento de becas a los hijos de la víctima.
A sus 39 años de edad, el luchador social fue asesinado de un balazo en la cabeza el 17 de octubre de 2011 en la ciudad mixteca de Tlaxiaco.
Previamente había recibido amenazas de muerte tras ser designado por usos y costumbres como Alcalde de San Martín Itunyoso en 2004, cargo que no pudo asumir luego de sufrir un atentado en su contra, por lo que recurrió a la CIDH a solicitar medidas cautelares.
Julia Vázquez Bautista culpó del homicidio al ex Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y clamó ayuda para sacar adelante a sus cuatro hijos -tres de los cuales la acompañaron en el acto-, ya que, entre lágrimas, dijo que no los puede mantener.
"Lo asesinaron, qué mas quisiéramos que viviera ahorita, pero mala suerte, se murió, lograron matarlo", dijo.
Maurilio Santiago, representante legal de la familia de López Martínez, dijo que si bien era un acto de reconocimiento también es de reclamo por los líderes sociales asesinados, detenidos y desaparecidos.
James Cavallaro, Relator para México de la CIDH, recordó que, independientemente del reconocimiento, las autoridades oaxaqueñas deberán reparar el daño e investigar el caso de modo diligente y en un tiempo razonable, para garantizar justicia.
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