La renovación de la Corte

El pasado viernes diversos académicos y periodistas de talla nacional e internacional hicieron público un cuestionario de diez preguntas dirigido al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con el propósito de esclarecer algunos puntos relacionados con el próximo nombramiento de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Definitivamente no es la primera ocasión en que la renovación de algunos miembros de nuestro máximo tribunal incentiva el debate público, gran parte de esa polémica se debe a la presencia de oscuridad en su procedimiento.

Si usted consulta la Constitución Política, específicamente la fracción XVIII del art. 89, se percatará de que el titular del Ejecutivo Federal está facultado para presentar ante el Senado la terna para la designación de Ministros de la SCJN y someter sus licencias o renuncias a la aprobación del mismo órgano legislativo. Además, usted podrá encontrar a lo largo y ancho del art. 94 constitucional, especialmente en su último párrafo, algunos requisitos para lograr ser ministro, así como ciertas recomendaciones del perfil profesional que los elegidos deberán ostentar.

Si después de leer comienza a desarrollar en su mente un montón de suspicacias como consecuencia de la poca transparencia con la que está investida la designación de los ministros, debo decirle que no está exagerando en lo absoluto. Un sinnúmero de académicos y (en menor medida) operadores jurídicos han señalado la influencia desproporcionada e injustificada que detenta el presidente de la República sobre los demás poderes Federales en contraste con otros sistemas jurídicos.

El camino redactado para conformar el órgano cuya principal tarea es ejercer la justicia constitucional es sumamente ambiguo, se dejan a la discrecionalidad del Ejecutivo Federal los métodos y las razones para considerar de manera omnipotente y omnisapiente la plausibilidad de constituir una terna; desatendiendo, por supuesto, las opiniones de la sociedad civil y de los expertos en la materia.

En ese sentido, el jurista Adrián Rentería cuestionó hace unos días el procedimiento utilizado para elegir a los ministros de la SCJN, exhortando a las autoridades, principalmente, a modificar dicha metodología en aras de disminuir las facultades del Poder Ejecutivo y conseguir un equilibro entre los poderes de la Unión. Sobre el mismo tema algunos otros eminentes estudiosos han propugnado porque sean los ciudadanos quienes elijan a los miembros del Poder Judicial.

No obstante el número indeterminado de alternativas que podríamos idear para reformar el texto constitucional y cambiar la forma en que se lleva a cabo el nombramiento de los ministros, resulta llamativa la salida que el actual Gobierno colombiano dio a una problemática parecida sin la necesidad de esperar una reforma de su Ley Fundamental.

El presidente sudamericano Juan Manuel Santos firmó un decreto donde se establece el trámite para la designación de las ternas de candidatos a ocupar la Cortes en respuesta, dijo, a una serie de solicitudes de la sociedad civil, donde reclamaban transparencia en el procedimiento. Posteriormente, a propósito de la salida de uno de los miembros de la Corte Constitucional, se echó a andar el Decreto, mismo que Santos clasificó como una “medida de autorregulación” para alentar la confianza de los ciudadanos respecto al proceso que se sigue para nombrar a los altos dignatarios de su país.

El acto administrativo consistió en una invitación pública a todos los ciudadanos para postularse como candidatos a ocupar el cargo de magistrado constitucional, posteriormente se realizó un filtro de los mismos atendiendo a los criterios mínimos de la ley y fueron las universidades del país las que se encargaron de emitir sus opiniones relativas a los candidatos restantes. Pese a la posibilidad con la que contaba el Ejecutivo colombiano para proponer a otros candidatos más (de acuerdo a los términos de Decreto), éste decidió no ejercer esa posibilidad limitándose a considerar únicamente a los candidatos de la sociedad civil; después el mandatario se entrevistó con algunos de los candidatos para finalizar la conformación de la terna (tres finalistas) y presentarla al Congreso de la República.

De nueva cuenta un país latinoamericano puso el ejemplo al Gobierno mexicano en temas trascendentales como la redención de cuentas, la transparencia y el desarrollo democrático. Mientras Guatemala nos dio una lección sobre cómo se debe investigar y sancionar a los servidores públicos corruptos, Colombia muestra ahora a Peña Nieto las medidas pertinentes para socavar (al menos disminuir) el escepticismo generalizado que los ciudadanos pueden tener respecto a las instituciones y los individuos que las ocupan, sobre todo en el contexto de un sistema político que tiende a volverse cada día más autoritario.

No es casualidad, por tanto, José Luis Caballero, Lydia Cacho, Katia D’Artigues, Ana Lorena Delgadillo, Denise Dresser, Clara Jusidman, Marta Lamas, Regina Tamés, Rodolfo Vázquez, entre otros, hayan cuestionado al principal mandatario mexicano con la pretensión de que la ciudadanía esté enterada del procedimiento que se seguirá para elegir a los sustitutos de los ministros mexicanos Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.

Sustituciones que, desde luego, deberán tener miras a la protección de los derechos fundamentales sin distinciones. Los nuevos miembros deberán estar abiertamente comprometidos con una agenda democrática y progresista, así como investidos de una independencia incuestionable respecto a los demás poderes y partidos políticos. Tengamos muy presente que con renovación de la Suprema Corte está en juego la gobernabilidad de nuestro país y el paradigma recién inaugurado tras las reforma al artículo primero de nuestra Constitución Federal.

Es menester, en consecuencia, estar al tanto de lo que pase durante el presente y el siguiente mes, tiempo límite para el nombramiento de los nuevos ministros y para que el Presidente de la República conteste con acciones contundentes los cuestiones que se le han hecho o simplemente las ignore, a sabiendas del atraso democrático y la lluvia de críticas que ello implicaría.

Fuente: http://bordejuridico.com/2015/10/la-renovacion-de-la-corte/