Freno de mano

La decisión del presidente Enrique Peña Nieto de trabajar con los principales partidos políticos y ponerse de acuerdo en 11 reformas estructurales en los primeros dos años de su sexenio es un logro contundente. Como todo proceso político complicado, el nuevo marco normativo tiene luces y sombras, pero, en conjunto, establece una buena plataforma normativa para mover el statu quo. Sin embargo, las normas no prefiguran la realidad. Para liberar el potencial económico de México, hay que ejecutar estrategias muy potentes de implementación. Uno de los aspectos clave de esta puesta en acción es asegurarnos de que las políticas generen oportunidades económicas para todos y no sólo para la élite. A ello se refiere el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, cuando habla de la "democratización de la productividad".

No obstante la visión de la actual administración de abrir oportunidades económicas para todos, las reformas estructurales, creo yo, no van a alcanzar a activar, por sí solas, los procesos de inversión que requieren las pequeñas y medianas empresas para aumentar su productividad. La administración de Peña Nieto tiene que, además, atender un aspecto nodal: la enorme debilidad del sistema de justicia para resolver los potenciales conflictos a los que se enfrenta todo empresario.

Historias de todos los días y que todos conocemos. Una señora que abre un negocio y pinta en la pared del local el nombre del mismo. El inspector de la vía pública del municipio lo clausura porque para anunciar publicidad hay que solicitar un permiso. Está claro que el nombre del negocio en el local no es publicidad. Lo que quería el inspector era una mordida mensual. La señora prefirió darle ese dinero a un abogado y pasar varios meses con el negocio clausurado. Para resolver un problema tan básico, la justicia es lenta y muchas veces inaccesible. La señora tuvo suerte, pues en el ámbito de las pequeñas empresas generalmente no se tiene dinero suficiente para siquiera contratar un abogado.

Tal fue el caso de un carpintero que tiene su pequeño taller en donde laboran ocho personas más. Él fue contratado por un arquitecto para elaborar los muebles de una sucursal bancaria en remodelación. El carpintero entregó los muebles y el arquitecto no le pagó. Por ello, el carpintero se presentó un día con su camioneta a sacar los muebles de la sucursal todavía en remodelación. Lo denunciaron penalmente y terminó en la cárcel acusado de robo. Para fabricar culpables sí sirve la justicia penal.

En el ámbito laboral, un pleito mal llevado puede significar la quiebra del negocio. Conozco a varias personas que han pasado por ello. Tratándose de conflictos mercantiles, el cobro de deudas de montos menores es prácticamente incosteable con el sistema de justicia actual. Todo está diseñado para tener que contratar a un abogado y, durante el proceso, tener que dar muchas propinas en el juzgado: al actuario, al secretario, al que saca las copias, etcétera. Y, si ganas, hay que pagarle a un contador para que determine el monto de los intereses, pagar al perito evaluador para que defina el valor de los bienes embargados y, finalmente, hay que pagar tres inserciones en algún periódico para que los bienes se vendan en subasta judicial. Todos estos gastos hacen incosteable el cobro deudas por montos pequeños, lo cual puede llevar a la quiebra a una pequeña empresa.

La debilidad de nuestro sistema de justicia le pone freno de mano al crecimiento económico. Para las pequeñas y las medianas empresas es muy arriesgado llevar a cabo las inversiones que requieren para aumentar su productividad cuando no cuentan con las instituciones adecuadas para cobrar una deuda, para dirimir un conflicto laboral o para sancionar la corrupción de las autoridades. En nuestro país, el oportunista y el gandaya fácilmente se pueden salir con la suya. Mientras que ello sea así, difícilmente México podrá desplegar su gran potencial económico.

Ana Laura Magaloni Kerpel