Un tribunal federal dictó el auto de formal prisión a Carlos Ambe Buzali, en el caso donde le acusan de encabezar la mayor red de blanqueo de dinero detectada en México y que presuntamente lavó 3 mil 565 millones de pesos con la venta fraudulenta de facturas.
Al resolver la apelación 30/2014, el Tercer Tribunal Unitario Penal del DF determinó ratificar la decisión de someter a juicio a Ambe por delincuencia organizada y lavado de dinero, delitos que por su gravedad implican que continúe su proceso encarcelado en el Reclusorio Norte.
De acuerdo con fuentes judiciales, el fallo fue emitido en la última semana en que la magistrada Olga Estréver Escamilla despachó como titular del tribunal y 8 meses después de que le asignaran esta apelación.
Para Ambe, la batalla legal no ha terminado, debido a que puede interponer el amparo contra la resolución del tribunal unitario.
Este joven empresario fue detenido por la PGR el 31 de octubre de 2013, durante el cateo a unas oficinas de Polanco donde estaban domiciliadas varias empresas virtuales que vendían facturas sin contraprestación.
La presunción de las autoridades es que estas compañías simulaban contratos de servicios y devolvían hasta el 80 por ciento de efectivo a sus "clientes", en un esquema que la Secretaría de Hacienda denomina "fraude carrusel".
El dinero que recibían las empresas virtuales era transferido de una a otra, con el propósito de evitar el plazo de 5 años que tienen las autoridades para fiscalizar las contabilidades.
La PGR acusó a Ambe de ser el director de ocho empresas virtuales que simulaban contratos, vendían facturas fraudulentas y lavaban dinero a través de transferencias bancarias a más de 40 países, entre ellos Panamá, Honk Kong, Suiza, Israel, Líbano, Pakistán y Singapur.
Las ocho empresas que relacionan con Ambe son Comercializadora Piter, Comercializadora y Distribuidora PVL, Corporativo Nacional, Servicios Jazmon, Servicios y Consultores Bonapac, Comercializadora Markil, DT Mercantil y AP Adversiting.
Según la causa penal 4/2014, de 2010 a 2013 estas empresas supuestamente lavaron 263 millones 105 mil 183 dólares, una suma equivalente a 3 mil 565 millones 75 mil 229 pesos.
La mayoría de las compañías tenían como administrador único a Pedro Vega Jiménez, un mensajero que también está preso y que cobraba mil 400 pesos quincenales por sus servicios.
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