Vecinos
e integrantes del Frente Amplio contra la Supervía Poniente ganaron el juicio
de amparo indirecto 605/2010 contra el gobierno capitalino, dos años después de
solicitado, según la sentencia que dictó el Juzgado 10º de Distrito en Materia
Administrativa.
Con
esta sentencia la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
"queda obligada a emitir un nueva resolución en la que justifique de forma
motivada y fundada, la procedencia o improcedencia de la solicitud de consulta
pública" que pidieron los vecinos antes de que iniciara la obra que
construye la empresa OHL.
De
acuerdo al documento, la dependencia federal deberá "abordar y estudiar
todas las cuestiones planteadas por los quejosos. De esa forma, se les
restituirá el goce de sus derechos para que puedan participar en la planeación
y conducción de una acción de gobierno que les afectó".
El
Frente Amplio contra la Supervía Poniente informó, que en sus consideraciones,
el Juzgado 10º determinó que al negar la solicitud de consulta pública, la
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat “no expresó
razonamiento alguno en relación a los diversos aspectos relacionados entre
otros, con los ciclos hidrológicos, la preservación de la biodiversidad y que
el proyecto atraviese áreas naturales protegidas”.
La
sentencia notificada este jueves se suma a la Recomendación 1/2011 que hizo la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en la que según el
Frente Amplio, "se da cuenta de las violación a los Derechos Humanos de
los habitantes del Distrito Federal, y se solicita al Jefe de Gobierno, Marcelo
Ebrard Casaubon, que suspenda la obra para que puedan hacerse estudios de
impacto ambiental y de movilidad y tránsito que cumplan con los estándares
internacionales".
Se
agrega a la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Contencioso
Administrativo del DF del pasado 2 de diciembre de 2011, en la que se reconoció
"el interés legítimo de vecinos y de Greenpeace México para acudir ante
este Tribunal a exigir el cumplimiento del artículo 50 de la Ley
Ambiental".
El
Frente Amplio y Litiga OLE destacaron que con este juicio no pretenden
"salvaguardar solamente los derechos de quienes interpusieron el juicio,
sino del resto de los habitantes del Distrito Federal, en virtud de los altos
costos ambientales, sociales y financieros que conlleva la Supervía Poniente que
han evidenciado decenas de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) y El Colegio de México (CM), así como numerosas
organizaciones en derechos humanos y ambientales".
Por
último, hicieron un nueva llamado al gobierno capitalino "para que cumpla
con la legalidad y suspenda la obra, y a la Semarnat para que admita la
consulta pública y se evalúen debidamente los impactos ambientales de la
Supervía Poniente".
Aquí la resolución:
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