MAYO
Época: Décima Época
Registro: 2006519
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 30 de mayo de 2014 10:40 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: P./J. 32/2014 (10a.)
ARRAIGO EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18
DE JUNIO DE 2008, NO HABILITA A LOS CONGRESOS LOCALES A LEGISLAR SOBRE AQUELLA FIGURA, CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA.
El citado artículo transitorio, en su párrafo primero, señala que en tanto entra en vigor el sistema
procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público que determine la ley podrán solicitar al Juez
el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves y hasta por un máximo de 40 días;
sin embargo, este Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en atención a lo
establecido en los preceptos 16 y 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de
2008, advierte que esa norma no modificó la competencia federal para emitir la orden de arraigo -
permitida exclusivamente para delitos de delincuencia organizada-, ni debe interpretarse en el
sentido de que los agentes del Ministerio Público o los Jueces locales puedan participar de tal
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decisión; por el contrario, ese transitorio posibilita una mayor extensión de la facultad de emisión
de órdenes de arraigo por razón de la materia, pero nunca por razón de la competencia, por lo
cual no puede concebirse la idea de que contenga una permisión o habilitación para que las
autoridades estatales legislen sobre el arraigo con posterioridad a la fecha indicada, ni inferir
como que pueda generarse una competencia residual que los faculte en ese sentido, en tanto no
entre en vigor el sistema acusatorio a nivel federal o local.
Acción de inconstitucionalidad 29/2012. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 25 de
febrero de 2014. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José
Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, con precisiones en cuanto a consideraciones,
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, con precisiones en cuanto a
consideraciones, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva
Meza; votaron en contra: José Fernando Franco González Salas y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio
Medina Gaona.
El Tribunal Pleno, el diecinueve de mayo en curso, aprobó, con el número 32/2014 (10a.), la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de mayo de dos mil catorce.
Nota: Esta tesis jurisprudencial se refiere a las razones aprobadas por ocho votos, contenidas en la
sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 29/2012, publicada en el Semanario Judicial
de la Federación del viernes 2 de mayo de 2014 a las 12:05 horas y, por ende, se considera de
aplicación obligatoria a partir del martes 6 de mayo de 2014.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 02 de junio de
2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2006518
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 30 de mayo de 2014 10:40 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: P./J. 34/2014 (10a.)
ARRAIGO EN MATERIA PENAL. EFECTOS QUE DEBEN ASIGNARSE A LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DECRETADA CONTRA UNA NORMA LOCAL, QUE REGULE AQUELLA FIGURA.
Conforme al artículo 45, en relación con el diverso 73, ambos de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las
sentencias que se dicten en las acciones de inconstitucionalidad en las que se declare la invalidez
de una norma de naturaleza penal tendrán efectos retroactivos y regirán los principios generales y
disposiciones legales aplicables en esta materia. En consecuencia, decretada la invalidez de una
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norma expedida por una entidad federativa que regula la figura del arraigo penal, aquélla adquiere
efectos retroactivos por tratarse de una disposición general, correspondiendo en cada caso al
juzgador determinar qué pruebas carecen de valor probatorio por encontrarse directa e
inmediatamente vinculadas con el arraigo, dado que dicho valor no se pierde automáticamente
por la referida declaración de invalidez.
Acción de inconstitucionalidad 29/2012. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 25 de
febrero de 2014. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José
Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, con precisiones en cuanto a consideraciones,
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, con precisiones en cuanto a
consideraciones, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva
Meza; votaron en contra de la declaración de invalidez: José Fernando Franco González Salas y
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán.
Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.
El Tribunal Pleno, el diecinueve de mayo en curso, aprobó, con el número 34/2014 (10a.), la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de mayo de dos mil catorce.
Nota: Esta tesis jurisprudencial se refiere a las razones aprobadas por ocho votos, contenidas en la
sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 29/2012, publicada en el Semanario Judicial
de la Federación del viernes 2 de mayo de 2014 a las 12:05 horas y, por ende, se considera de
aplicación obligatoria a partir del martes 6 de mayo de 2014.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 02 de junio de
2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2006517
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 30 de mayo de 2014 10:40 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: P./J. 31/2014 (10a.)
ARRAIGO EN MATERIA PENAL. A PARTIR DE LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE
JUNIO DE 2008, LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA LEGISLAR SOBRE
AQUELLA FIGURA, AL SER FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
La reforma a los artículos 16 a 22, 73, fracciones XXI y XXIII, 115, fracción VII y 123, apartado B,
fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, fue trascendente para el sistema de procuración e
impartición de justicia en materia penal, pues estableció un nuevo modelo de justicia penal que transformó el sistema mixto en acusatorio u oral; entre otras modalidades, introdujo la figura del
arraigo a través de la cual se permite limitar la libertad personal tratándose de delitos de
delincuencia organizada, bajo ciertos requisitos que la propia Constitución señala. Es así que a
partir de esa fecha el referido artículo 16 reguló constitucionalmente la procedencia del arraigo,
reservándola para delitos de delincuencia organizada, respecto de los cuales por disposición
expresa del diverso precepto 73, fracción XXI, corresponde legislar en exclusiva al Congreso de la
Unión; de ahí que a partir de esa data los Congresos Locales carecen de competencia para legislar
en esa materia.
Acción de inconstitucionalidad 29/2012. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 25 de
febrero de 2014. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José
Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, con precisiones en cuanto a consideraciones,
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, con precisiones en cuanto a
consideraciones, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva
Meza; votaron en contra: José Fernando Franco González Salas y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio
Medina Gaona.
El Tribunal Pleno, el diecinueve de mayo en curso, aprobó, con el número 31/2014 (10a.), la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de mayo de dos mil catorce.
Nota: Esta tesis jurisprudencial se refiere a las razones aprobadas por ocho votos, contenidas en la
sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 29/2012, publicada en el Semanario Judicial
de la Federación del viernes 2 de mayo de 2014 a las 12:05 horas y, por ende, se considera de
aplicación obligatoria a partir del martes 6 de mayo de 2014.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 02 de junio de
2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2006516
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 30 de mayo de 2014 10:40 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: P./J. 33/2014 (10a.)
ARRAIGO. EL ARTÍCULO 291 DE LA LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES -
ACTUALMENTE DEROGADA-, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 179, PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 5 DE MARZO DE 2012, QUE PREVÉ Y REGULA AQUELLA FIGURA, ES
INCONSTITUCIONAL.
A partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en el artículo 16 se reguló la figura del arraigo y se estableció su procedencia única y exclusivamente para delitos de delincuencia
organizada, materia en la cual por disposición expresa del precepto 73, fracción XXI,
constitucional, corresponde legislar sólo al Congreso de la Unión; por ende, resulta
inconstitucional el artículo 291 de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes -
actualmente derogada- que establece y regula tal figura, pues el Congreso Local reformó ese
precepto mediante Decreto Número 179, publicado en su Periódico Oficial el 5 de marzo de 2012,
lo que sucedió con posterioridad a la citada reforma constitucional.
Acción de inconstitucionalidad 29/2012. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 25 de
febrero de 2014. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José
Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, con precisiones en cuanto a consideraciones,
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, con precisiones en cuanto a
consideraciones, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva
Meza; votaron en contra: José Fernando Franco González Salas y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio
Medina Gaona.
El Tribunal Pleno, el diecinueve de mayo en curso, aprobó, con el número 33/2014 (10a.), la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de mayo de dos mil catorce.
Nota: Esta tesis jurisprudencial se refiere a las razones aprobadas por ocho votos, contenidas en la
sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 29/2012, publicada en el Semanario Judicial
de la Federación del viernes 2 de mayo de 2014 a las 12:05 horas y, por ende, se considera de
aplicación obligatoria a partir del martes 6 de mayo de 2014.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 02 de junio de
2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
JUNIO
Época: Décima Época
Registro: 2006591
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 06 de junio de 2014 12:30 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: P./J. 42/2014 (10a.)
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. LA APLICACIÓN DEL PLAZO DE OCHO AÑOS PARA IMPUGNAR EN
AMPARO DIRECTO SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN, DICTADAS
ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE NO VULNERA AQUÉL, TOMANDO EN CUENTA EL
PRINCIPIO DE INTERDEPENDENCIA, ESPECÍFICAMENTE LA QUE SE DA ENTRE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS SENTENCIADOS Y DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A
PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).
La regulación del plazo para acudir al juicio de amparo en contra de sentencias condenatorias que
impongan pena de prisión, dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de
Amparo, se rige por el principio de progresividad dado que para el ejercicio del derecho humano
de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos resulta determinante contar con un plazo que de manera razonable
permita ejercer la principal garantía para la protección de los derechos humanos. A pesar de lo
anterior, en virtud de que los derechos humanos no son absolutos, atendiendo al principio de
interdependencia entre las diversas prerrogativas fundamentales -la que además de suscitarse
entre las que asisten a un individuo se actualiza entre distintas personas en razón de la
interrelación existente entre sus derechos humanos- para determinar si una norma general que
conlleva una disminución al grado de tutela de alguno de ellos respeta el principio de
progresividad en su vertiente de no regresividad, resulta necesario tomar en cuenta si ello tiene
como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano del que son
titulares personas diversas. En ese sentido, cuando se presenta una relación de interdependencia
entre el derecho de acceso efectivo a la justicia del sentenciado y los derechos a la reparación del
daño, a la verdad y a la justicia de la o las víctimas de la conducta delictiva materia del respectivo
juzgamiento penal, ante una limitación de aquella prerrogativa que provoca una disminución de su
grado de tutela, para determinar si la regulación respectiva respeta el principio de progresividad,
es necesario analizar si ésta genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en
juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos, pues de lo contrario se
tratará de una legislación regresiva. Por tanto, tomando en cuenta que el establecimiento del
plazo materia de análisis busca equilibrar los derechos humanos del sentenciado y los de las
víctimas, sin generar al afectado por una sentencia condenatoria un obstáculo desproporcionado
que le impida ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia para tutelar el diverso a la libertad
deambulatoria, la previsión del plazo de ocho años, computado a partir del tres de abril de dos mil
trece, para impugnar en amparo directo una sentencia condenatoria que impone pena de prisión
no implica una medida legislativa de carácter regresivo y, por ende, es acorde al principio de
progresividad.
Contradicción de tesis 366/2013. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito y, los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Penal del
Primer Circuito y Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con
residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de
Trabajo del Décimo Circuito. 29 de abril de 2014. Mayoría de ocho votos a favor de la
constitucionalidad de la aplicación del plazo previsto en el artículo 17, fracción II, de la Ley de
Amparo para impugnar sentencias condenatorias que impongan pena de prisión dictadas antes de
la entrada en vigor de ese ordenamiento y cuyo cómputo debe iniciarse a partir de esta fecha de
los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, en contra de las consideraciones, José Fernando
Franco González Salas, en contra de las consideraciones, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con
salvedades, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, con salvedades; votaron en contra de la
conclusión de constitucionalidad contenida en esta tesis: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José
Ramón Cossío Díaz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García
Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.
Tesis y/o criterios contendientes:
Tesis I.9o.P.35 P (10a.) de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA
CONDENATORIA QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN. SI FUE DICTADA DURANTE LA VIGENCIA DE LA
LEY DE AMPARO ABROGADA, AUN CUANDO EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY PUBLICADA
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, ESTABLEZCA UN PLAZO MÁXIMO
DE OCHO AÑOS PARA PROMOVERLO, EN APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE IRRETROACTIVIDAD,
PROGRESIVIDAD, PRO PERSONA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, Y EN ATENCIÓN AL MAYOR Y
MEJOR EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA, LA DEMANDA RESPECTIVA
PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO.", aprobada por el Noveno Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, página: 1546,
Tesis I.2o.P.25 P (10a.) de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIA DEFINITIVA
CONDENATORIA. ES EXTEMPORÁNEO CUANDO LA DEMANDA SE PROMUEVE DESPUÉS DE OCHO
AÑOS DE SU NOTIFICACIÓN, NO OBSTANTE QUE ESTO HAYA OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A
QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY DE AMPARO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Primer Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, página: 2442, y
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera
Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias
Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver el amparo directo 420/2013 (cuaderno auxiliar
590/2013).
El Tribunal Pleno, el veintiséis de mayo en curso, aprobó, con el número 42/2014 (10a.), la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de mayo de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de junio de
2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2006590
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 06 de junio de 2014 12:30 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: P./J. 43/2014 (10a.)
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES.
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002,
sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16,
párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el
principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos
8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque
tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo
sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita
una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien,
uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de
cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del
Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y
reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y,
en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En
ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo
sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la
calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo
resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar
la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso.
Contradicción de tesis 200/2013. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco
González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls
Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Luis
María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.
Tesis y/o criterios contendientes:
Tesis 1a. XCIII/2013 (10a.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. LA APLICACIÓN DE ESTE
DERECHO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DEBE REALIZARSE CON
LAS MODULACIONES NECESARIAS PARA SER COMPATIBLE CON EL CONTEXTO AL QUE SE
PRETENDE APLICAR.", aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 1,
abril de 2013, página 968,
Tesis 1a. XCVII/2013 (10a.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS, NO VULNERA ESTE DERECHO EN SUS
VERTIENTES DE REGLA DE TRATAMIENTO, REGLA PROBATORIA Y ESTÁNDAR DE PRUEBA.",
aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013,
página 967,
Tesis 2a. XC/2012 (10a.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. CONSTITUYE UN PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL APLICABLE EXCLUSIVAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO PENAL.", aprobada por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1687, y
Tesis 2a. XCI/2012 (10a.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO ES UN PRINCIPIO APLICABLE
EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.", aprobada por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1688.
El Tribunal Pleno, el veintiséis de mayo en curso, aprobó, con el número 43/2014 (10a.), la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de mayo de dos mil catorce.
Nota: La tesis aislada P. XXXV/2002 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, con el rubro:
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL."
Esta tesis se publicó el viernes 06 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de junio de
2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2006588
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 06 de junio de 2014 12:30 h
Materia(s): (Común)
Tesis: P./J. 38/2014 (10a.)
AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN
DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. EL PLAZO PARA PROMOVERLO NO SE
RIGE POR LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE
AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).
De la lectura del citado numeral se advierte que lo previsto en él no es aplicable para computar el
plazo que tiene el sentenciado privado de su libertad para promover la demanda de amparo
directo respecto de actos en relación con los cuales la Ley de Amparo anterior no establecía un
plazo para su promoción, ya que la regla respectiva, en todo caso, sería aplicable únicamente para
la impugnación de actos en relación con los cuales a la entrada en vigor de la nueva legislación de
la materia no había vencido el plazo previsto en la ley abrogada; además, la interpretación del
referido párrafo segundo, conforme a los principios de irretroactividad de la ley y de
interpretación más favorable a los promoventes de un juicio de amparo, tomando en cuenta los
términos en que se incorporó en el proceso legislativo correspondiente, permite concluir que la
finalidad esencial de su inclusión fue que ante la propuesta legislativa de incrementar los plazos
para promover la demanda de amparo para impugnar determinados actos, tratándose del general
de quince a treinta días y del específico para impugnar leyes con motivo de su entrada en vigor, de
treinta a cuarenta y cinco días, estos nuevos plazos también beneficiaran a los quejosos que a
partir del tres de abril de dos mil trece promovieran la demanda respecto de actos dictados antes
de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, siempre y cuando en esa fecha no hubieren vencido los previstos al respecto en los artículos 21 y 22 de la legislación abrogada, en la
inteligencia de que el nuevo plazo se computaría a partir del momento indicado en el primero de
estos numerales.
Contradicción de tesis 366/2013. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito y, los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Penal del
Primer Circuito y Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con
residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de
Trabajo del Décimo Circuito. 29 de abril de 2014. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo
Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas y Alberto Pérez Dayán; votaron en contra: José Fernando Franco González Salas, Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea y Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Secretaria: Rosalía Argumosa López.
Tesis y/o criterios contendientes:
Tesis I.9o.P.35 P (10a.) de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA
CONDENATORIA QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN. SI FUE DICTADA DURANTE LA VIGENCIA DE LA
LEY DE AMPARO ABROGADA, AUN CUANDO EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY PUBLICADA
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, ESTABLEZCA UN PLAZO MÁXIMO
DE OCHO AÑOS PARA PROMOVERLO, EN APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE IRRETROACTIVIDAD,
PROGRESIVIDAD, PRO PERSONA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, Y EN ATENCIÓN AL MAYOR Y
MEJOR EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA, LA DEMANDA RESPECTIVA
PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO.", aprobada por el Noveno Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, página 1546,
Tesis I.2o.P.25 P (10a.) de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIA DEFINITIVA
CONDENATORIA. ES EXTEMPORÁNEO CUANDO LA DEMANDA SE PROMUEVE DESPUÉS DE OCHO
AÑOS DE SU NOTIFICACIÓN, NO OBSTANTE QUE ESTO HAYA OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A
QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY DE AMPARO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Primer Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, página 2442, y
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera
Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias
Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver el amparo directo 420/2013 (cuaderno auxiliar
590/2013).
El Tribunal Pleno, el veintiséis de mayo en curso, aprobó, con el número 38/2014 (10a.), la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de mayo de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de junio de
2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2006587
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 06 de junio de 2014 12:30 h
Materia(s): (Común)
Tesis: P./J. 39/2014 (10a.)
AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN
DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. EL PLAZO PARA PROMOVERLO A PARTIR
DE ESA FECHA SE RIGE POR LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO
Y SI LOS SUPUESTOS QUE DAN INICIO A SU CÓMPUTO EN TÉRMINOS DEL DIVERSO 18 DE ESE
ORDENAMIENTO ACONTECIERON CON ANTERIORIDAD A SU ENTRADA EN VIGOR, EL REFERIDO
PLAZO INICIA A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.
Conforme a lo previsto en los artículos transitorios primero al tercero del referido ordenamiento,
la regulación aplicable para determinar la oportunidad de una demanda de amparo directo
promovida a partir del tres de abril de dos mil trece contra actos dictados antes de la entrada en
vigor de la Ley de Amparo vigente, necesariamente es la prevista en ese nuevo ordenamiento, al
haberse abrogado la anterior Ley de Amparo y determinarse en su artículo tercero transitorio que
lo previsto en ésta sólo sería aplicable a los juicios iniciados previamente. Por ende, el plazo para
promover una demanda de amparo directo presentada a partir del tres de abril de dos mil trece
contra sentencias condenatorias que imponen pena de prisión dictadas antes de esa fecha, es el
de ocho años contenido en la fracción II del artículo 17 de la Ley de Amparo, sin menoscabo de
que, atendiendo a la interpretación de este ordenamiento conforme al principio de
irretroactividad y favoreciendo la protección más amplia a las personas a cuya esfera jurídica
trasciende dicho plazo -sentenciados y víctimas-, su cómputo deba iniciarse a partir de la fecha de
entrada en vigor de esa Ley, sin que para ello sean aplicables los supuestos señalados en el artículo
18 del mismo ordenamiento, acontecidos previamente, ya que el cómputo respectivo debe
iniciarse con base en supuestos suscitados durante la vigencia de la regulación que lo prevé, pues,
de lo contrario, para computarlo se tomarían en cuenta días transcurridos antes de su vigencia, lo
que resultaría notoriamente retroactivo.
Contradicción de tesis 366/2013. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito y, los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Penal del
Primer Circuito y Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con
residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de
Trabajo del Décimo Circuito. 29 de abril de 2014. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo
Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas y Alberto Pérez Dayán; votaron en contra: José Fernando Franco González Salas, Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea y Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Secretaria: Rosalía Argumosa López.
Tesis y/o criterios contendientes:
12
Tesis I.9o.P.35 P (10a.) de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA
CONDENATORIA QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN. SI FUE DICTADA DURANTE LA VIGENCIA DE LA
LEY DE AMPARO ABROGADA, AUN CUANDO EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY PUBLICADA
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, ESTABLEZCA UN PLAZO MÁXIMO
DE OCHO AÑOS PARA PROMOVERLO, EN APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE IRRETROACTIVIDAD,
PROGRESIVIDAD, PRO PERSONA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, Y EN ATENCIÓN AL MAYOR Y
MEJOR EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA, LA DEMANDA RESPECTIVA
PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO.", aprobada por el Noveno Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, página 1546,
Tesis I.2o.P.25 P (10a.) de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIA DEFINITIVA
CONDENATORIA. ES EXTEMPORÁNEO CUANDO LA DEMANDA SE PROMUEVE DESPUÉS DE OCHO
AÑOS DE SU NOTIFICACIÓN, NO OBSTANTE QUE ESTO HAYA OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A
QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY DE AMPARO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Primer Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, página 2442, y
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera
Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias
Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver el amparo directo 420/2013 (cuaderno auxiliar
590/2013).
El Tribunal Pleno, el veintiséis de mayo en curso, aprobó, con el número 39/2014 (10a.), la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de mayo de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de junio de
2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2006586
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 06 de junio de 2014 12:30 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: P./J. 40/2014 (10a.)
AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN
DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE OCHO AÑOS
PARA PROMOVERLO A PARTIR DE ESA FECHA NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE
LA LEY (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).
Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de
irretroactividad de la ley y de su aplicación en perjuicio de alguna persona, consiste, básicamente,
en que no pueden darse efectos reguladores a una norma jurídica sobre hechos, actos o
situaciones producidos con antelación al momento en que entra en vigor, bien sea impidiendo la
supervivencia reguladora de una ley anterior, o bien, alterando o afectando un estado jurídico
preexistente a falta de ésta; en ese sentido este principio constitucional impide que una norma se
aplique en perjuicio de alguna persona, respecto de una situación ya consumada con anterioridad
que conforme a otra ley creó un derecho definido en su favor. En ese orden, si bien la abrogada
Ley de Amparo, al conferir a los sentenciados con pena privativa de la libertad la posibilidad de
impugnar la sentencia respectiva en cualquier tiempo, atendió a elevados fines constitucionales,
como lo es la tutela del derecho humano a la libertad deambulatoria, de ello no se sigue que el
legislador ordinario se encuentre impedido de manera absoluta para modificar la regulación
aplicable y establecer un plazo para que los actos respectivos sean impugnables en el juicio de
amparo, aun cuando estos últimos se hubieren emitido al tenor de la legislación que permitía su
impugnación en cualquier tiempo, ya que la ausencia del referido plazo al momento del dictado de
la respectiva sentencia condenatoria no genera al afectado por ésta el derecho a que
indefinidamente pueda acudir al juicio de amparo para controvertirla ya que, por una parte, en
tanto no promoviera la demanda correspondiente, no se incorporaría en su esfera jurídica el
derecho a impugnar sin la previsión de plazo alguno y, por otra, la indefinición que genera la
respectiva norma de tutela no puede erigirse en un derecho adquirido, dado que, atendiendo al
principio de seguridad jurídica, garantizado incluso por el diverso de irretroactividad de la ley, lo
decidido en una sentencia dictada por un tribunal del Estado Mexicano, como regla general que
admite excepciones debidamente justificadas, debe adquirir definitividad bien sea por el
agotamiento de los recursos procedentes o por la preclusión del plazo para hacerlos valer, de
donde se sigue que el beneficio derivado de la respectiva norma de tutela únicamente conlleva
que si el legislador estima conveniente establecer un plazo para impugnar las sentencias
condenatorias, en éste no deberán computarse días transcurridos antes de la entrada en vigor del
acto legislativo correspondiente.
Contradicción de tesis 366/2013. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito y, los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Penal del
Primer Circuito y Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con
residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de
Trabajo del Décimo Circuito. 29 de abril de 2014. Mayoría de ocho votos a favor de la
constitucionalidad de la aplicación del plazo previsto en el artículo 17, fracción II, de la Ley de
Amparo para impugnar sentencias condenatorias que impongan pena de prisión dictadas antes de
la entrada en vigor de ese ordenamiento y cuyo cómputo debe iniciarse a partir de esta fecha de
los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, en contra de las consideraciones, José Fernando
Franco González Salas, en contra de las consideraciones, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con
salvedades, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, con salvedades; votaron en contra de la
conclusión de constitucionalidad contenida en esta tesis: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José
Ramón Cossío Díaz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García
Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.
Tesis y/o criterios contendientes:
Tesis I.9o.P.35 P (10a.) de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA
CONDENATORIA QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN. SI FUE DICTADA DURANTE LA VIGENCIA DE LA
LEY DE AMPARO ABROGADA, AUN CUANDO EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY PUBLICADA
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, ESTABLEZCA UN PLAZO MÁXIMO
DE OCHO AÑOS PARA PROMOVERLO, EN APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE IRRETROACTIVIDAD,
PROGRESIVIDAD, PRO PERSONA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, Y EN ATENCIÓN AL MAYOR Y
MEJOR EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA, LA DEMANDA RESPECTIVA
PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO.", aprobada por el Noveno Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, página 1546,
Tesis I.2o.P.25 P (10a.) de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIA DEFINITIVA
CONDENATORIA. ES EXTEMPORÁNEO CUANDO LA DEMANDA SE PROMUEVE DESPUÉS DE OCHO
AÑOS DE SU NOTIFICACIÓN, NO OBSTANTE QUE ESTO HAYA OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A
QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY DE AMPARO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Primer Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, página 2442, y
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera
Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias
Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver el amparo directo 420/2013 (cuaderno auxiliar
590/2013).
El Tribunal Pleno, el veintiséis de mayo en curso, aprobó, con el número 40/2014 (10a.), la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de mayo de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de junio de
2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2006585
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 06 de junio de 2014 12:30 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: P./J. 41/2014 (10a.)
AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN
DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE OCHO AÑOS
PARA PROMOVERLO A PARTIR DE ESA FECHA NO VIOLA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO
EFECTIVO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).
Para determinar la constitucionalidad de la medida adoptada por el legislador al emitir la nueva
Ley de Amparo, relativa al establecimiento del plazo de ocho años para promover demanda de
amparo directo contra sentencias condenatorias que impongan pena de prisión dictadas antes del
tres de abril de dos mil trece, en la medida en que implica una restricción al derecho de acceso
efectivo a la justicia, debe realizarse un test de proporcionalidad en el que se dilucide si aquélla
persigue un fin constitucionalmente válido y si, además, dicha medida resulta necesaria y
proporcional. En ese orden, al abordar la primera grada del referido test, puede considerarse
como un hecho notorio que uno de los fines principales de la medida citada es brindar seguridad
jurídica a las víctimas del delito, ya que en relación con el derecho a la reparación del daño que
constitucionalmente les asiste, la indefinición sobre la pervivencia jurídica de lo determinado en
una sentencia condenatoria, en virtud de la posibilidad que otorgaba la Ley de Amparo abrogada
para impugnarla en cualquier tiempo, implicaba una considerable afectación al derecho de
seguridad jurídica de aquéllas, en tanto que aun cuando la sentencia condenatoria pudiera
ejecutarse en ese aspecto, lo cierto es que se mantenían en un estado de indefinición sobre la
posibilidad de disfrutar e incluso disponer de los derechos derivados de la referida reparación, lo
que no solamente afectaba la esfera de las víctimas sino incluso la de terceros que entablaran
vínculos jurídicos con éstas, relacionados con las prerrogativas derivadas de la reparación del
daño; además, esa indefinición también afectaba sus prerrogativas fundamentales a la verdad y a
la justicia; por ende, la limitación al plazo para promover la demanda de amparo contra sentencias
condenatorias que impongan pena de prisión, dictadas antes de la entrada en vigor de la Ley de
Amparo obedece a una finalidad constitucionalmente legítima; por lo que se refiere a la segunda
grada del referido test, se concluye que la medida legislativa materia de análisis delimita en forma
razonable el derecho de acceso efectivo a la justicia de los sentenciados, ya que les permite
preparar sus defensas durante un lapso considerable y, con ello, se logra un mejor equilibrio entre
esa prerrogativa fundamental y los derechos de las víctimas de una conducta delictiva; finalmente,
en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto de la regulación materia de análisis,
atendiendo al grado de afectación que genera al derecho de acceso efectivo a la justicia, en la
medida en que limita a ocho años el plazo para promover la demanda de amparo, su previsión no
afecta de manera desmedida a ese derecho fundamental, en virtud de que, aun cuando la
inexistencia de plazo para impugnar en amparo las sentencias condenatorias permitía una mayor
tutela de éste, especialmente cuando se ejerce para la protección del derecho a la libertad
deambulatoria, lo cierto es que al no erigirse esta última en un derecho absoluto, la
proporcionalidad de la fijación de un plazo se cumple cuando, atendiendo a la relevancia de esa
prerrogativa, se prevé un plazo considerablemente mayor a los que rigen la impugnación de otro
tipo de actos de autoridad.
Contradicción de tesis 366/2013. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito y, los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Penal del
Primer Circuito y Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con
residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de
Trabajo del Décimo Circuito. 29 de abril de 2014. Mayoría de ocho votos a favor de la
constitucionalidad de la aplicación del plazo previsto en el artículo 17, fracción II, de la Ley de
Amparo para impugnar sentencias condenatorias que impongan pena de prisión dictadas antes de
la entrada en vigor de ese ordenamiento y cuyo cómputo debe iniciarse a partir de esta fecha de
los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, en contra de las consideraciones, José Fernando
Franco González Salas, en contra de las consideraciones, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con
salvedades, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, con salvedades; votaron en contra de la conclusión de constitucionalidad contenida en esta tesis: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José
Ramón Cossío Díaz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García
Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.
Tesis y/o criterios contendientes:
Tesis I.9o.P.35 P (10a.) de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA
CONDENATORIA QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN. SI FUE DICTADA DURANTE LA VIGENCIA DE LA
LEY DE AMPARO ABROGADA, AUN CUANDO EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY PUBLICADA
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, ESTABLEZCA UN PLAZO MÁXIMO
DE OCHO AÑOS PARA PROMOVERLO, EN APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE IRRETROACTIVIDAD,
PROGRESIVIDAD, PRO PERSONA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, Y EN ATENCIÓN AL MAYOR Y
MEJOR EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA, LA DEMANDA RESPECTIVA
PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO.", aprobada por el Noveno Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, página 1546,
Tesis I.2o.P.25 P (10a.) de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIA DEFINITIVA
CONDENATORIA. ES EXTEMPORÁNEO CUANDO LA DEMANDA SE PROMUEVE DESPUÉS DE OCHO
AÑOS DE SU NOTIFICACIÓN, NO OBSTANTE QUE ESTO HAYA OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A
QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY DE AMPARO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Primer Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, página 2442, y
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera
Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias
Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver el amparo directo 420/2013 (cuaderno auxiliar
590/2013).
El Tribunal Pleno, el veintiséis de mayo en curso, aprobó, con el número 41/2014 (10a.), la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de mayo de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de junio de
2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.