Ricardo Farías Melchor, un indigente que vive cerca
del Metro Copilco, ha interpuesto una demanda histórica contra instancias
federales y locales: exige sus derechos constitucionales.
Parece más una casita del árbol que el refugio de un indigente. El hogar
callejero de Ricardo Farías Melchor fue construido con pedazos de huacales de
madera unidos con alambres; su techo está “impermeabilizado” con bolsas de
plástico. Algunos recortes de revistas adornan el interior de las paredes, y
cuenta con banquitos improvisados para las visitas.
Este refugio se encuentra entre los puestos que abarrotan la salida del
Metro Copilco; desde ahí Farías observa a los estudiantes de la UNAM cuando
emergen del subterráneo y caminan presurosos a sus clases. Los mira también
cuando van de regreso, más relajados, y se detienen en los puestos a comprar
curiosidades, artesanías o dulces y antojos.
Hace muchos años, Farías también vendía, recuerda un joven artesano que
ofrece su mercancía al lado del hogar de aquél. El indigente, que ha demandado
a 30 instituciones fue, alguna vez, el mejor artesano del Metro Copilco y sus
alrededores. Trabajaba materiales diversos, pero destacaba en la elaboración de
joyería de plata. Conocía las técnicas del punto peruano y la soldadura para
hacer dijes, collares y aretes.
En ese entonces —dicen entre los puestos—, cuando Farías era un gran
artesano, se enamoró de una mujer casada. Nadie sabe si perdió la razón porque
ella le rompió el corazón o porque “le dieron toloache”. Lo cierto es que
Ricardo se fue hundiendo cada vez más. Pasó de vender en la calle a vivir en
ella. Desde hace por lo menos siete años, la casita de madera ocupa el lugar
que antes tenía su puesto.
El artesano que relata la historia de Ricardo afirma que éste fue su
maestro. Ahora, el indigente enfrenta la avaricia de los comerciantes en la
zona, que lo quieren despojar de su lugar.
DISCUSIÓN ESCOLAR
A los problemas de don Ricardo eran ajenos el abogado Enrique Carpizo
Aguilar y sus alumnos de la materia Práctica Forense de Amparo del semestre 2012-I,
en la Facultad de Derecho de la UNAM. Pero durante una de las clases, alumnos y
profesor comenzaron a discutir si la Constitución mexicana en verdad se
cumplía, y alguien habló de las personas en situación de calle. Muchos
recordaron a Farías, a quien veían día tras día en Copilco.
¿Cómo probar si la Constitución de verdad se cumple? A partir de la
reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, es posible
presentar un amparo por omisión, y ya no sólo por acciones que afectan al
individuo. Profesor y alumnos decidieron intentarlo. Así lo relata Carpizo
Aguilar (sobrino del ex procurador y ex rector Jorge Carpizo) en su cubículo
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Dos de sus alumnos, Omar
Roldán Orozco y Gabriela Flores, también relatan el caso.
En clase, comenta Carpizo, discutieron el caso de Ricardo. Un grupo de
entre 10 y 20 alumnos redactaba la demanda y el profesor los corregía. El
proceso tardó cerca de dos semanas. Pidieron a José Luis Reyes Farfán, joven
médico que estaba a punto de graduarse en su especialidad de Psiquiatría, que
evaluara al demandante. No sabía que, más tarde, esto le daría problemas con la
burocracia de las instituciones médicas.
Según los datos recabados por Reyes Farfán y los litigantes, el señor
Farías dijo haber nacido en 1963 en la delegación Azcapotzalco y ser huérfano.
Creció en una casa hogar de esa demarcación y realizó estudios de primaria y
secundaria en las escuelas “Tierra y Libertad” y “Fernando Montes de Oca”,
respectivamente.
El examen médico firmado por el médico Reyes Farfán advierte que el
señor Ricardo Farías presenta una edad mayor a la referida como cronológica,
así como lesiones en la piel. “Muestra complexión muy delgada; en muy malas
condiciones de higiene y aliño (...) se encuentra lenguaje espontáneo, fluente,
incrementado en tono, intensidad, conservando velocidad, logra comprender
instrucciones complejas. Se encuentra un discurso coherente, pero por completo
incongruente a expensas de una desorganización del pensamiento. El examinado no
muestra conciencia de los déficits en sus alteraciones de pensamiento”.
El señor Farías firmó la demanda ante las cámaras y reiteró que
solicitaba ayuda. Carpizo Aguilar presentó el expediente incidental 1494/2011
el 14 de diciembre de 2011, ante la Jueza Primera de Distrito en Materia
Administrativa del Distrito Federal. La defensa fue prevenida al día siguiente.
“Nos comentaron que se había reunido todo el juzgado para ver qué iban a hacer
con esta demanda. No sabían qué hacer. Este es el primer antecedente que se presenta
en México”, relata el abogado.
La defensa recibió una segunda prevención el 23 de diciembre. El
tribunal pidió a la defensa que acreditara que efectivamente se trata de
Ricardo Farías. Pero ¿cómo acreditar la identidad de un hombre en situación de
calle, con un trastorno mental sin atender, que no cuenta con acta de
nacimiento o credencial de elector? La defensa respondió que una de las
violaciones a los derechos del señor Farías es precisamente que no tiene una
identidad jurídica. En otras palabras, el Estado mexicano violó su derecho a la
identidad.
El 28 de ese mismo diciembre, la jueza admitió la demanda y otorgó una
suspensión provisional para que cesaran todas las omisiones que lesionaran los
derechos del señor Ricardo Farías.
“Ahí no tuvimos problema”, cuenta Carpizo Aguilar. Pero días después, al
conceder la suspensión definitiva, “el juez especifica que el señor Farías debe
comparecer físicamente ante 30 autoridades dentro del término de tres días para
reivindicar su situación”. En otras palabras, el juez no tomó en cuenta la
situación de precariedad económica del señor Farías, ni el hecho de que éste se
encuentra afectado de sus capacidades mentales.
El abogado hace una pausa. Añade una inquietud que los agobia en cada
paso que dan en la defensa: “Déjame preguntarte algo. En caso de que al señor
Farías se lo lleven a un albergue, ¿has visto las condiciones de éstos?”.
“El Estado ha omitido implementar programas para atender a este tipo de
personas, que tienen una severa afectación mental”, añade el
constitucionalista. Sí tiene, por ejemplo, instituciones como el hospital Fray
Bernardino o el Instituto Nacional de Psiquiatría (INP). Sin embargo, no existe
un responsable que lleve a personas en situación de calle a estas instancias.
Además, de acuerdo con testimonios de personas que han llevado a
familiares a estos lugares, el tiempo máximo que los pacientes pueden
permanecer ahí va de 15 a 21 días. Una vez estabilizada, la persona saldrá a la
calle hasta una nueva crisis.
Las instituciones privadas para atender adicciones o personas en
situación de calle, sin control psiquiátrico alguno, en cambio, sí han
proliferado. Son los llamados “anexos”, que, en muchas ocasiones, han devenido
en centros de explotación y trata.
TODOS SABEN, NADIE ACTÚA
La entrevista continúa en el cubículo. Carpizo Aguilar enlista las
respuestas que hasta ahora han tenido de las dependencias; por ejemplo, lee en
voz alta el oficio que envió un coordinador sectorial de la Secretaría de
Educación Pública: “Es oportuno comentarle que si el solicitante así lo
requiere podrá solicitar una certificación de estudios completos (...) siempre
y cuando cumpla con los requisitos que se enlistan: acta de nacimiento en copia
fotostática, identificación oficial con fotografía, Clave Única de Registro de
Población, dos fotografías recientes y pago de derechos mediante el SAT”. En
pocas palabras, Farías no puede acceder a sus comprobantes de estudios ni
ejercer el derecho de identidad.
El estudiante Roldán relata la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS): “Este organismo dijo no reconocer los actos imputados, y añadió
que los servicios del IMSS sólo son para los beneficiarios”. Por su parte, la
Secretaría de Salud alegó que no le competía la atención de este tipo de
personas, a menos de que cumpla con los requisitos de tener un empleo y ser
derechohabiente. Finalmente, la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito
Federal advirtió que cuenta con los programas invernales. Pero hasta ahí.
Quizá la respuesta más sorprendente es la del INP: “Pidió que se negara
el amparo”, explica Carpizo Aguilar; “Alegó que el señor Farías no se ha
acercado a ese instituto”.
“El gran problema”, resume el abogado, es que “ya todos están enterados,
hay violaciones a los derechos humanos y don Ricardo sigue igual. Prefieren
hacerlo pedazos en el litigio y decir que no tiene razón, que no hay actos, que
él no ha comparecido, que no hay programas, que no hay presupuesto, a ir y
tirarle una chamarra. ¿Qué va a pasar? Pues que este litigio va a terminar en
tribunales internacionales, porque la Constitución dice que tiene derecho a
todo esto (salud, vivienda, educación) y en los hechos no es así”, finaliza.
Actualmente se ha interpuesto un recurso de revisión y se remitió al 14
Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa. La defensa
está a la espera.
—¿Van a seguir el litigio, entonces?
—Hasta sus últimas consecuencias, responde Carpizo Aguilar.
Mientras, en los alrededores del Metro Copilco, Ricardo Farías sigue
viendo pasar a los estudiantes. Saca un banquito “hechizo” de madera y lo
ofrece a la reportera. Accede a la entrevista. Se dice indígena y estudiante,
porque aprende el lenguaje, añade sonriente. Cuando se le pregunta sobre la
demanda, señala algo cierto, en medio de una cascada de palabras y de frases
atropelladas: sabe que es sólo una cascarita legal. “Ellos quieren que yo caiga
en un juego que ellos ya tienen contabilizado”, dice, y sonríe. “Entonces, al
estar contabilizados, por ejemplo, para ir... a lo que tú no quieres negociar,
pues ya te han obligado. Ellos no ven mi caso desde el punto de vista que yo
tengo, el de hacer mis cosas y recibir”.
Después de hablar un rato más, termina la entrevista. Se despide
sonriente, con un amistoso choque de puños, el saludo de la banda.
De buena voluntad
En marzo de 2011, el gobierno capitalino anunció que la población en
situación de calle pasó de tres mil 49 (en 2010) a tres mil 282 personas, un
aumento de 7.1 por ciento, según los resultados del Censo de Población de Calle
del Programa Invierno 2011.
En ese entonces, la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal
aseguró que la mayoría de estas personas venían de otros estados de la
República. Advirtió que la situación era controlada mediante los programas de
albergues invernales.
El año pasado, sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF)emitió la recomendación 13/2011 contra seis dependencias locales
por trata de personas, efectuada en el “anexo” Los elegidos de Dios. Las
dependencias involucradas fueron las secretarías de Seguridad Pública,
Desarrollo Social y Desarrollo Económico del Distrito Federal, así como la
Procuraduría capitalina y las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
Durante 2009, a Los elegidos de Dios ingresaban aquellos adictos
llevados a la fuerza por sus familiares, y también individuos privados de su
libertad con anuencia de policías y funcionarios delegacionales. Una vez
secuestrados, y bajo el alegato de que era por su propio bien, las personas
eran objetos de abusos y golpes, baños de agua fría y trabajos forzados sin
recibir pago alguno.
A inicios del año en curso, un nuevo escándalo volvió a fijar la
atención en los “anexos” de la capital de la República: en la delegación
Azcapotzalco, el grupo Compañeros Uno (que tiene sedes también en Veracruz y
Guanajuato) fue escenario de otro caso de trata de personas. En esta ocasión,
la madre de una interna se dio cuenta de que su hija había sido golpeada.
Ese grupo funcionaba de manera legal. A pesar de no contar con
asistencia médica o psiquiátrica para internos, el “anexo” era miembro de la
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Incluso, según se relata en
el oficio de la Secretaría de Salud federal NOM-028-SSA2-2009, aquella organización
participó en la modificación a la Norma Oficial Mexicana para la prevención,
tratamiento y control de las adicciones, para quedar como NOM-028-SSA2-2009.
Recibía, donaciones de, entre otras instituciones, el Monte de Piedad e incluso
donativos en especie por parte del gobierno de Guanajuato.
Al momento de que una persona ingresaba al “anexo” de Azcapotzlaco, la
familia debía firmar un documento en el que aceptaba que no tendría contacto
con su ser querido en seis meses, y que éste podía ser trasladado a cualquier
otro albergue de la República Mexicana sin previo aviso.
Fuente:
Milenio Semanal | 2012-03-04
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