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Derechos
humanos
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No hay mayor misterio: el amparo contra la licencia
de Ivonne Álvarez para separarse del cargo de Presidenta Municipal de Guadalupe
se empezó a gestar hace varios años.
Dos o tres elecciones atrás, algunos ciudadanos
trataron de impedir el abandono o "chapulineo" de los cargos de
elección popular para buscar acceder a otros. No encontraron una vía jurídica
para ello.
El amparo no servía para cuestionar actos como la
licencia de un funcionario. Estaba vetado para cuestiones políticas y por
supuesto para cuestiones electorales. Así había sido desde el Porfiriato en que
el Ministro Luis L. Vallarta propusiera a Porfirio Díaz que no convenía someter
las querellas políticas a la solución de los jueces.
En 1994, al inicio de su sexenio, Ernesto Zedillo
propuso una reforma para desatar uno de los "nudos históricos" de la
política en México. Propuso al Congreso reformar no sólo la composición, sino
también las funciones de la Suprema Corte de Justicia, facultándola para
resolver cuestiones políticas por medio de controversias constitucionales y
mediante acciones de inconstitucionalidad decidir si una norma es
constitucional o, en caso contrario, expulsarla del sistema jurídico si así
votaban 8 de los 11 ministros de la Corte.
Esa reforma posibilitó que gobiernos de diferente
signo partidista resolvieran sus diferencias por medios jurisdiccionales y no
por arbitrajes políticos, casi siempre del Presidente de la República. Se
inició con eso la judicialización de la política, que en ocasiones se ve como
una politización de la justicia.
Por reforma de 1996 se creó el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, cuya misión fundamental es la defensa de
los derechos políticos de los ciudadanos y además resolver las impugnaciones en
esta materia y decidir a quién correspondió el triunfo en las elecciones. Los
conflictos postelectorales encuentran en el Tribunal Electoral federal la
última palabra.
El año pasado, de manera casi simultánea, se dieron
dos reformas constitucionales; la primera (Diario Oficial de la Federación, 6
de junio, 2011) contiene las reformas en materia de amparo que a decir de
muchos expertos son las más importantes desde la creación del amparo en 1847.
Lo fundamental es que amplió las posibilidades a
los ciudadanos para defender sus derechos por esa vía no sólo cuando demuestren
interés jurídico, sino un interés legítimo. Esto requiere una más amplia
explicación que por razones de espacio es imposible realizar.
La segunda reforma (Diario Oficial del 10 de junio,
2011) es que amplió de manera sustancial la defensa de los derechos humanos.
Ahora el Artículo 1 señala que éstos no sólo son los contenidos en la
Constitución mexicana, sino también en los tratados y convenciones que se hayan
suscrito en esa materia. También obliga a que la interpretación de los derechos
humanos se deba hacer conforme a la Constitución y buscarse la "protección
más amplia" de éstos.
La tutela de los derechos humanos ya no es de la
competencia exclusiva de los jueces federales; ahora todas las autoridades
están obligadas a "promover, respetar, proteger y garantizar esos
derechos". Esto es lo que se conoce como control difuso y no concentrado
de la constitucionalidad de los actos del poder.
Regreso al principio. El 10 de diciembre del 2008,
en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, se celebró un seminario interno
para conmemorar el aniversario 60 de la Declaración Universal de los Derechos
del Hombre de las Naciones Unidas. A partir de eso, se creó un Centro de Derechos
Humanos que se dedica al estudio de esa materia de manera sistemática.
Desde su origen en este centro colabora Dinorah
Cantú. Ella y muchos jóvenes más tienen la ilusión que no hay que pretender
coartar de "vivir el derecho" y no sólo de estudiarlo, como dijo un
profesor de esa escuela.
Creen que el derecho, y sobre todo la defensa de
los derechos humanos, puede ser un vehículo útil para el cambio social y no un
obstáculo para el mismo como se señaló en un libro de hace años.
Con las reformas reseñadas, así sea brevemente, los
políticos y legisladores abrieron la puerta para buscar que México sea no sólo
una democracia electoral, sino una democracia constitucional. Ahora asuman las
consecuencias de sus valientes decisiones.
En esta nueva realidad, los jueces son
protagonistas y no sólo espectadores del juego político.
Fuente: El Norte. Sergio Elías Gutiérrez. 20 Mar.
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