Florence
Cassez
El caso Cassez provoca aberraciones. PGR valida la
conducta ilegal de elementos de AFI que en 2005 detuvieron a Cassez y montaron
un "Big Brother" para presumir lo bien que trabajaban. Falsearon
hechos e indujeron a víctimas a señalarla culpable. Los avalaron ministerios
públicos que continuaron violando derechos humanos, constitucionales y los que
otorga la Convención de Viena, hasta dejar a Cassez en total indefensión,
incomunicada, sin poder hablar con su defensor particular casi tres meses.
Activistas sociales convertidos en candidatos panistas, grandes televisoras
(transmitieron el "Big Brother" corruptor del caso Cassez), abogados
de alcurnia, ex funcionarios públicos, hasta la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, piden cárcel para Cassez. Muchos salen a decir que el asunto
está juzgado y ella es culpable, que nada más se puede hacer aunque le hayan
violado sus derechos. Hipócritas, si se tratara de su hija, dirían lo
contrario.
Hablan con mentiras o medias verdades y evidencian
su desconocimiento del caso y del excelente proyecto de resolución preparado
por el ministro ponente, Arturo Zaldívar, respecto de este caso.
Aquellos apoyan al gobierno federal, quien
pareciera interesado en que se puedan seguir violando derechos de los
ciudadanos, ejerciendo presión sobre los ministros de la primera sala de la
Suprema Corte y la responsabilizan de que si pone en libertad a Cassez, habrán
liberado una secuestradora. Las presiones sobre la Corte y el cabildeo oficial
al mil.
Vergoña. Mienten y defienden lo indefendible,
engañan a los mexicanos sobre el caso y ocultan las consecuencias que derivarán
para 112 millones de mexicanos de la sentencia que emita la Suprema Corte.
Esas personas apuntan a un crimen contra México.
Quienes hemos estudiado el caso Cassez respaldamos
el proyecto del ministro Zaldívar, quien concluye que es tal la violación a los
derechos de Cassez que debe ser puesta en libertad de inmediato. Lo apoyamos,
no sólo porque tiene razón palabra por palabra, sino porque entendemos las
consecuencias de resolver de esta y no de otra forma el caso Cassez.
Muchas personas, con quienes comparto convicciones,
hemos sido testigos de los graves atropellos cometidos, en los últimos cinco
años cuatro meses, a los derechos de cientos de miles de mexicanos que han sido
acusados falsamente, vejados, humillados y hasta asaltados por fuerzas
militares, policías federales, estatales y municipales y cómo esas acusaciones
falsas fueron validadas por ministerios públicos corruptos. También hemos
atestiguado cómo, cada año, ha crecido el número de personas encarceladas por
delito de robo famélico (menor a 5 mil pesos) y no han decrecido los delitos de
secuestro, homicidio, trata de personas, explotación sexual, tráfico de armas,
etcétera, y cómo cada día al gobierno federal le importa menos que sean ya más
de 50 mil las personas asesinadas, a quienes simplemente señala como
criminales, y cómo presta menos atención, cada vez, a los asesinatos denominados
"daños colaterales". Hemos sido testigos de la tremenda corrupción de
los cuerpos policiacos que otorgan impunidad a delincuentes y se ensañan contra
inocentes a quienes acusan de delitos que no cometieron y cómo se criminaliza a
los jóvenes por el hecho de serlo, señalándolos como delincuentes si son
asesinados y como drogadictos cuando se reúnen en grupo, y no les abren
oportunidades de estudio o empleo.
Así las cosas, si la sentencia que emita la primera
sala de la Suprema Corte confirma que Cassez debe permanecer en la cárcel a
pesar de las brutales violaciones a sus derechos, la consecuencia para todos
los mexicanos será que, en el futuro, nosotros, nuestros hijos y familiares
podamos ser acusados por policías, violentándose nuestros derechos para
impedirnos una adecuada defensa, y resultar condenados a pasar años en la
cárcel. No habrá respeto a los derechos humanos, ni al debido proceso. México
será un Estado policiaco-militar-totalitario.
Por el contrario, si se aprueba el proyecto del
ministro Zaldívar, sabremos que en México se respetarán los derechos humanos de
todas las personas y que no podremos ser encarcelados arbitrariamente ni por
decisión de policías corruptos. Que sí habrá justicia y debido proceso y que
México será un país libre de opresión.
Usted, ¿que país quiere para sus hijos?
De ese
tamaño es la trascendencia del caso Cassez.
Fuente: Reforma 17 Mar. 12. Eduardo Gallo. El autor
es activista social y ex presidente de México Unido Contra la Delincuencia.
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