El polémico caso de la ejecución arbitraria de 13 personas, presuntos secuestradores, cometido por soldados del Ejército en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, será el primer caso en la historia del país y de la lucha contra el narco en la que el Estado mexicano pague una indemnización económica a los familiares de las víctimas, de acuerdo con la nueva Ley General de Víctimas. La próxima semana, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) realizará el primer pago por 5 millones de pesos a la familia de uno de los 13 ejecutados ilegalmente por militares, de un pago total de 100 millones de pesos, que serán entregados por el organismo a las familias de las víctimas.
Con esta indemnización no sólo se sienta un precedente histórico y se marca un nuevo paradigma en materia de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos; también se reconoce oficialmente que el de Tlatlaya fue un “crimen arbitrario” cometido por el Ejército en contra de los derechos humanos de presuntos delincuentes, contrario a la falsedad en la que incurrieron en principio tanto la Secretaría de la Defensa, como el gobernador del Estado de México, al informar que la muerte de aquellas 22 personas, ocurrida la madrugada de ese 30 de junio, había sido producto de un “enfrentamiento” y “fuego cruzado” entre los militares, que supuestamente habían sido “agredidos”, y los presuntos secuestradores.
La CEAV, cuyo titular es Sergio Jaime Rochín, será la encargada de ejecutar los pagos a las familias de las víctimas a partir de la próxima semana, basado en la recomendación 51/2014 de la CNDH, que investigó y documentó los hechos. Los montos a pagar fueron calculados de acuerdo a los criterios que establece el Reglamento de la Ley General de Víctimas. Se indemnizará a los familiares de 13 víctimas de ejecución arbitraria, como “víctimas directas” y a un total de 70 personas, también familiares, como “víctimas indirectas”, documentó la CNDH
El monto total que erogará el gobierno, a través de la CEAV, para la reparación del daño en el caso Tlatlaya se estima en 100 millones de pesos. El primer pago será a una familia de 7 integrantes y se hará por 5 mdp. La cantidad que se entregará a cada familia varía porque se toman en cuenta criterios como el número de integrantes, la edad de los mismos, cuántos años de estudio tienen por delante, los gastos de manutención, etcétera. Un criterio interesante que establece la citada ley y que también se cotiza al momento de definir los montos a pagar a los familiares de las víctimas es la “mentira”, en este caso de las autoridades involucradas (Sedena y Edomex) que en principio falsearon la información sobre los hechos y negaron la violación de derechos humanos.
Veremos pues cuales son las repercusiones de esta decisión histórica que por primera vez en México obliga al Estado mexicano a indemnizar y reparar económicamente el daño a víctimas por violación de derechos humanos por parte de una autoridad, en este caso del Ejército mexicano. Nuestro país se coloca así a la vanguardia a nivel internacional, sólo equiparable a las leyes y el marco institucional en Colombia, en cuanto a la atención y los derechos de las víctimas, luego de un proceso de violencia sistematizada en varias regiones y estados del país por el combate al narcotráfico, que en algunos casos, como el de Tlatlaya, ha llevado a las autoridades a incurrir en abusos y violaciones graves de garantías individuales.
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