miércoles, 1 de agosto de 2012

No al ACTA


 El pasado 18 de julio México firmó el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA), una propuesta internacional que intenta establecer lineamientos de protección para los derechos de propiedad intelectual y combatir la "piratería" en internet, pero que en el trasfondo vulnera derechos fundamentales.

¿Por qué ACTA vulnera derechos esenciales? Porque el acuerdo contiene disposiciones que suponen que los prestadores de servicios de conexión a internet estarían, en el marco de una denuncia por la "presunta" violación a derechos de autor, obligados a filtrar toda comunicación que se intercambie a través de las redes públicas de telecomunicaciones. En otras palabras, los prestadores de servicios de conexión a internet estarían obligados a conocer todo el contenido de las comunicaciones que pasen por su infraestructura. Lo anterior se percibe como un atentado grave a la privacidad de las personas, además de que obliga, injustamente, a un prestador de servicios a convertirse en delator de sus propios clientes.

Así, los mecanismos que México debería adoptar en cumplimiento a lo dispuesto por ACTA supondrían violaciones graves a los principios constitucionales de presunción de inocencia, inviolabilidad de las comunicaciones y libertad de expresión, entre otros. Por otra parte, ACTA contiene disposiciones que dada su vaguedad y ambigüedad resultarían contrarias a las garantías de seguridad y certeza jurídica que toda legislación debe procurar.

Hoy en día internet se ha vuelto una herramienta necesaria para el ejercicio de la libertad de expresión. A través de la red se denuncia, se informa, se intercambian ideas y se muestran situaciones y contextos mundiales que por otro medio no serían visibles.

Una primera conclusión es que no debe ser aceptada ninguna legislación que viole estos derechos ciudadanos. Cualquier intento de censurar y limitar el acceso a esta herramienta atenta contra el libre flujo de información y obstaculiza el desarrollo de la sociedad.

El Acuerdo Comercial Antifalsificación también tendría un impacto negativo en costos de servicios de internet, de acuerdo con un estudio de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), la aplicación de este acuerdo tendría un costo de 4 mil 290 millones de dólares para los proveedores de internet, lo cual se traduciría en un incremento del costo del servicio para los usuarios.

En realidad la firma de ACTA no es una noticia sorpresiva, pues el gobierno mexicano desde un principio negoció en total secrecía este acuerdo, sin informar al Senado de la República sobre su contenido, infringiendo con ello lo dispuesto por la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. 

Hoy el reclamo para el Senado de la República ha sido no adoptar más acuerdos comerciales sino hasta en tanto se revisen cuidadosamente las condiciones internas y las acciones para fortalecer la competitividad del sector productivo nacional.

Sin embargo, la actual Legislatura del Senado ya nada puede hacer respecto a ACTA, su trabajo ya lo hizo al exhortar contundentemente y en repetidas ocasiones al gobierno mexicano a no firmar este acuerdo.

Hay que recordar que en octubre de 2010 la Cámara de Senadores integró un grupo plural de trabajo enfocado en analizar el contenido de esa propuesta, y que durante casi un año se reunió con diversos sectores involucrados en el tema, por unanimidad sugirió al gobierno federal no firmar el acuerdo y concluyó que ACTA es contrario a la legislación nacional.

El Congreso mexicano también expuso que para realizar una verdadera reforma al régimen de protección de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital, se debe asumir que existe un proceso acelerado de reconversión del sector de los contenidos y su transmisión, y que tanto el régimen legal de protección así como los modelos de negocios deben ajustarse a este proceso.

A partir de estos elementos, el gran reto para el nuevo Senado (Institución del Estado mexicano que deberá analizar el acuerdo) es dar cumplimiento y mantener vigentes los resolutivos del grupo plural de trabajo y por tanto no ratificar la firma de ACTA.

Los nuevos senadores están obligados a seguir constituyendo los espacios públicos y plurales para construir un marco jurídico que proteja los derechos de autor, pero siempre teniendo como base el respeto a los derechos de la población.

Fuente: Reforma


El autor es secretario técnico de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República.

Twitter: @jeramm

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