Litigan en México contra Norcorea‏

La familia de un reverendo sudcoreano busca ejecutar en México una sentencia que condena a Corea del Norte a pagar 330 millones de dólares por un secuestro perpetrado en China hace 15 años. La sentencia fue dictada el pasado 9 de abril por una corte federal de Washington DC, que declaró al régimen comunista de Pyongyang responsable del secuestro del reverendo Kim-Dong Shik, quien era residente permanente de Estados Unidos y aparentemente murió al poco tiempo del plagio. El involucramiento de Corea del Norte en la desaparición del pastor fue confesado por uno de los chinos que participó en los hechos y fue juzgado en 2005 en Seúl, aunque Pyongyang siempre lo negó y no se defendió en la corte estadounidense. En junio pasado, abogados del hijo de Dong, Han Kim, promovieron ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil un incidente de homologación y ejecución de sentencia extranjera, una figura pocas veces utilizada, que en teoría serviría para que autoridades mexicanas aseguren bienes de Corea del Norte en territorio nacional. La nación asiática tiene una embajada en México, en la colonia Anzures, y presumiblemente maneja algunas cuentas bancarias, por lo menos para financiar el gasto de su personal diplomático. Hasta ahora, el intento de Kim no ha prosperado. El pasado 30 de octubre, un tribunal unitario de circuito estableció que Corea del Norte está protegida por la inmunidad jurisdiccional, es decir, como Estado soberano no puede ser sometido a la jurisdicción de los tribunales mexicanos. Los abogados de Kim alegaron que, al no tramitarse la homologación de la condena, se afecta su derecho humano de acceso a la justicia, pero el magistrado Armando Cortés Galván rechazó ese argumento. El 29 de noviembre, Kim promovió un amparo directo contra este fallo, que fue enviado a un tribunal colegiado de circuito. El caso podría llegar a la Suprema Corte, pues es altamente inusual y los demandantes alegan que involucra violación no solo a tratados internacionales sobre derechos humanos, sino a protocolos de la propia Corte.

Fuente: www.reforma.com