El Salvador, en el banquillo de los acusados
por la masacre de El Mozote.
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La Corte Interamericana juzga la matanza
militar en la que murieron unas 1.000 personas.
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Los responsable nunca han sido juzgados, al
estar protegidos por una amnistía general.
El
Estado salvadoreño, después de 31 años de la espeluznante masacre de El Mozote
podría ser condenado al fin por un tribunal internacional. Se le acusa de no
investigar, juzgar ni castigar a los responsables del mayor asesinato masivo
que se haya dado en América Latina. En El Mozote fueron exterminadas cerca de
mil personas, en su mayoría menores de edad y mujeres.
Diego
García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
aseveró en Guayaquil (Ecuador) -donde el lunes se celebró la 45 Sesión
Extraordinaria de dicha corte- que “espera tomar una decisión” antes de que
termine el presente año.
Esa
decisión podría ser la condena a El Salvador,
que antes de acudir a la Corte ya había incumplido las recomendaciones de una
instancia inferior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le
había “sugerido” llevar adelante un proceso de investigación para juzgar y
castigar a los ejecutores de este crimen, además de reparar a las víctimas
sobrevivientes.
La
brutal acción fue ejecutada por el Batallón Atlacatl (de fuerzas especiales
contrainsurgentes y entrenadas por EE UU), que actuaba bajo el mando del ya
fallecido teniente coronel Domingo Monterrosa. Los miembros del batallón nunca
han sido juzgados en El Salvador, al estar protegidos por una amnistía general
promulgada en 1993 por el entonces presidente Alfredo Cristiani.
“Que
haya justicia”, reclamó una familiar de las víctimas, Dorina Márquez, ante los
magistrados de la Corte al concluir su testimonio. Toda su familia fue
masacrada entonces. Padres. Hermanos. Tíos. Sobrinos
La
masacre ocurrió en el caserío El Mozote y en sus alrededores, en la provincia
oriental de Morazán, en El Salvador. Los hechos ocurrieron entre el 10 y el 13
de diciembre de 1981. La justificación del ejército fue que alli existia un
campo de entrenamiento de la guerrilla de izquierda que combatía entonces al
Estado, el Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN).
Tres décadas después, aún hay militares que sostienen públicamente la validez
de ese argumento para la matanza.
Según
testimonios de sobrevivientes, aquello fue un acto peor que “inhumano”. Existen
pruebas documentales de decenas de menores de edad que fueron arrancados de sus
madres y llevados a la casa convento de la iglesia católica. Estando encerrados
allí fueron abrasados vivos con lanzallamas accionados por soldados. Osamentas
y huellas de la acción fueron localizadas por un equipo conjunto de
antropólogos forenses de Argentina y El Salvador después de concluida la guerra
civil que comenzó en 1980 y terminó en 1992. En la guerra civil salvadoreña
murieron 75.000 personas y desaparecieron 8.000. Los responsables de estas
muertes y desaparecimientos forzosos, sean militares o guerrilleros, se
mantienen en la impunidad gracias a la amnistía de 1993.
Durante
décadas, muchas de las víctimas no denunciaron los hechos por miedo, como
relató ante la corte instalada en Guayaquil la señora María del Rosario López
Sánchez, vecina entonces del caserío La Joya, cercano a El Mozote. Ella perdió
a 22 familiares en la masacre y debió huir a los cerros vecinos donde vivió
oculta durante seis años.
Para
la perita española María Sol Yáñez -psicóloga social de la Universidad del País
Vasco que acude como experta a petición de la Corte-, después de más de 31 años
de ocurridos los hechos “el trauma se ha cristalizado, no sólo por los
crímenes, sino también por la manera atroz en la que fueron cometidos, la
culpabilización de las víctimas y la falta de justicia”.
Yáñez
urgió a implementar un Programa de Atención Psicosocial como parte de una
política integral de reparación a las víctimas que contemple medidas
específicas para reconstruir el tejido social. "Parte de la violencia
actual en El Salvador tiene que ver con lo no
resuelto del pasado", insistió la psicóloga española.
El
proceso que se lleva a cabo en Ecuador refuerza la dinámica de resarcimiento
por la masacre abierta por el presidente Mauricio Funes en el 20
aniversario de la firma de los acuerdos que pusieron fin a la guerra civil. Funes aprovechó
para pedir perdón por la masacre. En una acción sin precedentes,
nombró a los culpables de la acción, entre ellos al teniente coronel
Monterrosa, a quien el ejército había reconocido como un “héroe”. Funes también
prohibió rendir homenajes a militares envueltos en crímenes de guerra.
En
aquel acto también habló una sobreviviente de El Mozote, Dorina Márquez, que le
pidió al presidente Funes lo que todas las víctimas llevan ansiado durante tres
décadas: “Queremos justicia y verdad; queremos perdonar, pero queremos saber
qué y a quiénes perdonar”.
Checa aquí el acuerdo preparatorio del PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:
Y en esta liga la transmisión del caso:
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