Un tribunal federal confirmó una
suspensión definitiva que solicitó Banco Azteca para evitar entregar los datos
personales de sus cuentahabientes al Servicio de Administración Tributaria
(SAT), por lo que hasta el momento es la única institución de crédito privada
que ha logrado eludir por la vía jurisdiccional la obligación que impone la
autoridad hacendaria a los bancos.
La resolución del segundo tribunal
colegiado administrativo deja un precedente del que se podrán valer otros
bancos en México para no seguir entregando datos personales de sus clientes,
entre ellos el nombre, razón social, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento,
domicilio, clave del RFC o en su defecto CURP.
Primera vez que se otorga
Aunque no es el primer amparo que se
tramita contra el ordenamiento del SAT, sí es la primera vez que una autoridad
jurisdiccional concede la suspensión, la cual, de momento, frena cualquier
medida de coerción que pudiera imponer la autoridad tributaria contra la
oposición de Banco Azteca de entregar los datos de sus cuentahabientes.
El 8 de agosto de 2014 el SAT emitió
acuerdos en los que exigió a Banco Azteca enviar una remesa de datos de 2
millones de cuentahabientes, tanto personas físicas como morales.
Lo anterior porque el artículo 32-B del
Código Fiscal de la Federación –cuya reforma reciente entró en vigor en enero
de 2014– obliga a los bancos a verificar que sus clientes están inscritos en el
RFC, así como a proporcionar directamente al SAT toda la información que éstos
le aportan al abrir sus cuentas.
Bancos como Bancomer, Banamex y Banco
Azteca promovieron demandas de amparo en las que alegan que el artículo 32-B
del CFF es inconstitucional, pero los casos están desahogándose desde hace
varios meses en diversos juzgados y no se conoce con precisión una fecha exacta
para que los jueces resuelvan el fondo del litigio.
En el caso de Banco Azteca –que
cuenta con unos 34 millones de cuentahabientes, incluidas sus operaciones en
países de centro y sudamérica, además de Estados Unidos–, la institución de crédito
privado sostiene que el artículo 32-B viola los artículos 14 y 16 de la
Constitución, que garantizan la protección de datos personales.
Desde el inicio de este sexenio el
gobierno promovió una reforma fiscal que incluyó modificaciones drásticas al Código
Fiscal Feral para dotar de mayores facultades de fiscalización y de medios
coercitivos al SAT para incrementar la recaudación.
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de mayo de 2015, p. 25
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