Nadie duda de la absoluta necesidad de cambiar muchas cosas en el régimen constitucional mexicano. Quienes trabajamos en la UNAM habíamos propuesto cambios sustantivos a nuestra Carta Magna desde hace varias décadas y estamos a favor de una transformación profunda de distintos ámbitos del quehacer nacional, la cual debe iniciar mediante reformas constitucionales. Sin embargo, resulta preocupante la falta de técnica con la que se están haciendo algunas de esas reformas. La Constitución sufre de un acelerado proceso de “ensanchamiento” que la está dejando irreconocible y que la ha vuelto todavía más farragosa de lo que ya era.
La reforma energética es un buen ejemplo. Muchos estamos de acuerdo en la necesidad de llevar a cabo una transformación del sistema energético, no solamente en lo relativo al petróleo, sino también en las áreas de gas y electricidad, así como en lo que respecta a todo el tema de las energías renovables. Pero también pensamos que esa reforma debe tener una buena técnica legislativa, lo que no es el caso en la recién aprobada por el Senado.
El destacado jurista Diego Valadés ha denunciado la incongruencia de que una reforma que abarca en su contenido 6 mil 900 palabras, dedique 6 mil de ellas a los artículos transitorios. Es una barbaridad que hace pensar que en México estamos caminando hacia una condición estructural de transitoriedad jurídica que resulta muy cuestionable.
¿Cómo explicaremos en el futuro que la gran reforma energética de 2013 tiene más contenido en artículos transitorios que en el cuerpo principal de nuestra Constitución? ¿cómo se justifica que muchas de las decisiones que deberían haber quedado en una ley se hayan puesto en el texto constitucional?
También es llamativo el desorden que ha implicado la negociación e intercambio de una reforma por otra. La decisión de unos por ver aprobada la reforma energética los ha llevado a ceder a la visión miope de otros en el contenido de la reforma política, que no ha sido valorada en sus términos: se ha construido sólo a partir de su valor como moneda de cambio para la energética. De ahí que tenga un contenido retrógrado, como lo han denunciado consejeros del IFE y todos los expertos en materia de cambio institucional en el país. No hay una sola voz, entre los especialistas serios, que apoye a la reforma político-electoral, pero ya fue aprobada y sus consecuencias nefastas nos pueden perjudicar durante décadas, minando las bases de la confianza ciudadana en los procesos electorales que tanto tiempo y esfuerzo costó construir.
Lo que quiero decir es que es bienvenido el ánimo reformista y que desde luego que es necesario cambiar muchas cosas. Solamente los conservadores más acérrimos defienden el insostenible inmovilismo frente a una realidad que cambia día tras día. Pero también es cierto que los cambios deben ir acompañados de buena técnica legislativa y deben ser respetuosos con los contenidos y significados propios de todo texto constitucional.
Sorprende que habiendo legisladores que son verdaderos expertos en los temas de reforma política, hayan permitido que se pongan en la Constitución tantos despropósitos, como, por ejemplo, la desaparición del IFE, una de las instituciones que mejor había funcionado y que siempre sale a la cabeza en las encuestas de confianza institucional. No se vale que por el empeño de una parte de un partido político nacional se ceda, a cambio de sacar otra reforma. De esa manera perdemos todos y pierde, fundamentalmente, la Constitución que con tantas dificultades se había venido asentando entre la ciudadanía como la guía de navegación del país.
Tanto en el gobierno como en el Congreso necesitan mejores asesores en materia constitucional, que les ayuden a redactar buenas reformas y no los bodrios con los que no dejan de sorprendernos día tras día.
@MiguelCarbonell
Investigador del IIJ de la UNAM
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